El gobierno presentó ante la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de ley para reformar el sistema de tributación de las micro, pequeñas y medianas empresas, además de introducir una serie de beneficios a la clase media y reducir exenciones, entre otras modificaciones. Se trata de una suerte de proyecto misceláneo que apenas presentado ya está causando fuertes fricciones políticas, esto porque el Ejecutivo ha decidido atar en un solo proyecto materias que, junto con representar beneficios interesantes para la ciudadanía, a la vez se incluyen aspectos particularmente controvertidos, en particular la propuesta de aumentar los impuestos personales a personas de mayores ingresos, uno de los mecanismos de compensación para asegurar que la reforma sea fiscalmente neutra.

El proyecto busca introducir un régimen que promueva la formalización y simplificación tributaria de las Mipymes; junto con ello, el Ministerio de Hacienda explica que la iniciativa también contempla postergar el avalúo de las viviendas por el plazo de un año, con el fin de facilitar el pago de contribuciones a la ciudadanía, en tanto que también entrega beneficios a la clase media en cuanto a deducciones de impuesto por arriendo y educación, además de mejorar el sistema de contribuciones para adultos mayores.

Pese a que hay lineamientos de la iniciativa bien encaminados, sorprende que Hacienda busque reinstalar el alza del impuesto a la renta como mecanismo compensatorio, una fórmula que ya fue abiertamente rechazada por la oposición en el anterior intento de reforma tributaria que planteó el Ejecutivo -donde una rebaja del impuesto corporativo sería compensada por aumentos en el impuesto a la renta de personas de mayores ingresos- y que ante esta nueva propuesta otra vez se expone a un rechazo de los partidos de oposición. Estos, de hecho, han solicitado al Ejecutivo que divida el proyecto, de modo que todo el tema relativo a las contribuciones se pueda tratar en forma separada.

Al optar por una estrategia que de antemano se expone al rechazo -y que por lo demás difícilmente alcanzará a ser abordada en los meses que restan de esta administración- queda la impresión de que el objetivo de fondo que anima esta iniciativa responde a factores electorales, una especie de jugada que busque complicar a la oposición justo cuando se avecina la campaña presidencial. Dado que este proyecto ha sido rotulado por el gobierno como una iniciativa en favor de la clase media, sus promotores probablemente asumen que tendría un costo político alto aparecer rechazando estos beneficios.

La insistencia de reabrir la discusión sobre gravar más a los contribuyentes de mayores ingresos -que el proyecto cifra a partir de $8,2 millones mensuales- parece calzar con la narrativa de volver sobre los “súper ricos”, tal que oponerse a subir los tributos para este segmento es favorecer a los “privilegiados de siempre”. El alza de impuesto a la renta que propone el proyecto para compensarlo fiscalmente equivale apenas al 0,05% del PIB, un monto que perfectamente se podría lograr mediante mayores eficiencias del gasto público. Sin embargo, en vez de escoger dicho camino, se opta por reabrir una controversia tributaria en el Congreso.

Es lamentable que la lógica de presentar proyectos para conseguir dividendos electorales -sin que importe si una serie de beneficios para la ciudadanía se terminan perdiendo- parece estar reemergiendo, con sus negativas implicancias.