Acaban de terminar las últimas funciones que venía desempeñando el Servicio Nacional de Menores (Sename), organismo de triste memoria producto de los numerosos casos de abusos y violencia de que fueron víctimas niños y adolescentes que estaban bajo su protección. Fue el caso de la muerte de la joven Lissette Villa (2016) y la conmoción que ello produjo lo que motivó que se pusiera en marcha una reforma para terminar con el Sename y crear una institucionalidad a cargo del cuidado de los menores vulnerados y otra que tomara la responsabilidad de velar por los menores con problemas penales y su reinserción. Con esos fines se crearon el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (“Mejor Niñez”), que inició sus funciones en 2021, como también el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, cuya puesta en marcha se hizo en forma gradual.

El tránsito hacia esta nueva institucionalidad ha concluido y con ello también el Sename, lo que marca una suerte de hito. Con todo, si bien el paso de haber terminado con dicho organismo y separar sus funciones en dos organismos especializados fue correcto, resulta alarmante constatar que los problemas de vulneración de derechos que motivaron esta reforma todavía no logran ser superados, lo que no solo denota graves fallas de gestión por parte del Estado, sino que es totalmente incongruente con la definición de un país preocupado de la infancia y protección de los derechos humanos.

Desde luego hay problemas que sí han logrado ser corregidos a partir de la nueva institucionalidad, pero no es posible pasar por alto que, pese a que Mejor Niñez ya lleva algunos años de funcionamiento, la Defensoría de la Niñez reporte que siguen registrándose sobrecupos en residencias, listas de espera para ingresos y para programas reparatorios, dificultades para recibir de vuelta a menores con perfiles complejos, a lo que se suman que continúan reportándose denuncias reiteradas de vulneraciones de derechos, incluyendo violencia al interior de residencias o situaciones de abuso sexual, entre otras anomalías.

Nuestro país registra preocupantes índices en materia de vulneración de derechos de niños y adolescentes. Desde luego, ya resulta suficientemente ilustrativo el hecho de que en 2024 por primera vez ocurriera que los menores que ingresaron a algún programa de Mejor Niñez (156 mil) superaran al total de niños nacidos ese año. También debería alarmar el hecho de que si en 2020 los menores atendidos representaban el 3,9% de la población menor de 18 años, actualmente supera el 5%. La violencia física y psicológica sigue siendo también un problema muy extendido, tal como lo reveló la Segunda Encuesta Nacional de Polivictimización (2023) realizada entre estudiantes de 12 y 17 años, según la cual la violencia hacia niños y adolescentes por parte de sus cuidadores aumentó fuertemente en seis años, pasando de un 35% en 2017 a 39%.

Son antecedentes que ilustran la importancia de que los niños y adolescentes vulnerados encuentren atención expedita y eficiente cuando sus derechos son vulnerados, pero es justamente lo que aún no logra garantizarse, confirmando que la instalación de una nueva institucionalidad no basta si no hay de por medio una real voluntad de los gobiernos -también de la sociedad- por impedir que tales vulneraciones sigan ocurriendo.