El recientemente nombrado nuevo director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia llega a hacerse cargo de una institución que entre sobrecupos, listas de espera y otras dificultades no ha cumplido con las expectativas. Dice, eso sí, que el contexto actual es muy distinto al de cuando se diseñó el organismo.
El proceso puede tomar hasta cuatro años, dejando a cientos de niños, niñas y adolescentes a la espera de una familia durante todo ese tiempo. Los trámites judiciales y un sistema que prioriza el retorno a la familia de origen retrasan la posibilidad de una casa permanente. Varias historias muestran los desafíos de un sistema que busca reformarse para acortar los tiempos.
El Servicio de Protección de la Infancia está en crisis. Las residencias que acogen a los casi 4.700 menores vulnerados funcionan, en la mitad de los casos, con sobrecupo y todavía hay 100 niños en lista de espera para entrar. El problema no acaba ahí: también se está mezclando a niños con y sin antecedentes policiales. Este escenario ayuda a explicar que 43 de estos hogares hayan cerrado, o estén en ese proceso, desde 2023. A menos de tres años de su lanzamiento, el nuevo Sename aún no logra dar respuestas.
Son 170 niños, niñas y adolescentes extranjeros vulnerados en sus derechos que, desde Chile, han sido repatriados a sus países de origen en búsqueda de familiares debido a la pérdida total de su red de apoyo en el país. Un procedimiento que ahora corre riesgo particularmente con Venezuela, debido al quiebre de las relaciones diplomáticas. Esta situación mantiene en vilo a 54 menores de edad que estaban en proceso de retornar.
Actualmente ejerce como jefe de asesores de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y previamente fue asesor de Mideso durante la gestión de Giorgio Jackson.
Un resumen ejecutivo con lo que tienes que saber hoy.
La terna para elegir al nuevo director del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, está integrada, por la actual directora subrogante del servicio, Victoria Becerra.
En Chile existen casi 5 mil miembros de la iniciativa que busca evitar la institucionalización de los NNA que están a la espera de que un tribunal defina si es que vuelven con sus familias o son susceptibles de adopción. Su promedio de edad es de 49 años y la mayoría están casados, aunque también hay solteros, divorciados y separados de hecho.
En el documento, que también fue remitido al subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, las diputadas de RN Carla Morales, Camila Flores y Sofía Cid solicitaron precisar el detalle en torno a la cantidad de menores de edad que se encuentran en esta situación.
En respuesta a una solicitud del Presidente Gabriel Boric, el gobierno inició un programa piloto para abordar la problemática de los adolescentes infractores de ley que son enviados por la justicia a centros de Mejor Niñez.
La directora (s) de Mejor Niñez develó que durante mayo de 2024, hubo un promedio diario de ingresos al servicio de 512,8 NNA, es decir, solo por ese mes, fueron 15.178 en programas que imparten.
El 43% de las dependencias heredadas del ex Sename tienen exceso de beneficiarios, mientras que las creadas por el nuevo servicio llegan al 39% de sobrecupo, exponiendo problemas de larga data que hasta hoy no tienen solución.
A través de una mesa preparatoria que encabeza el Ministerio de Justicia, y en la que participan la Defensoría de la Niñez y Unicef, han comenzado reuniones semanales para delinear el trabajo que realizará la instancia anunciada por el Presidente Boric en su cuenta pública. Sin determinar aún los participantes, ya está definido que el inicio de esta instancia será a fines de este año y que analizará a todos los atendidos por el servicio mientras duró, es decir entre 1979 y 2021.
Durante la cuenta pública 2024, el Presidente Gabriel Boric anunció la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para Víctimas del Sename, que busca que el Estado se haga cargo de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Comisiones similares se han creado en, al menos, otros siete países por los abusos de la Iglesia contra niños y por delitos de lesa humanidad.
