Luego de la reestructuración del Servicio Nacional de Menores (Sename) persiste el hacinamiento, las largas listas de espera y la explotación sexual. Esas son algunas de las conclusiones de una reciente investigación del centro de estudios IdeaPaís. Entre las causas se apunta a un déficit de cobertura, problemas de organización y falta de financiamiento.

La crisis del Sename en 2016, tras la revelación de fallecimientos y maltratos en la institución, y el posterior Acuerdo Nacional por la Infancia de 2018 –que consistió en el consenso de 94 medidas para reestructurar el sistema–, dieron paso a un cambio en la materia: en 2021 se creó el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, también llamado Mejor Niñez.

Este asumió las labores de protección y restitución de derechos de niños y adolescentes vulnerados, mientras que el área de justicia y reinserción para jóvenes que infringen la ley penal, quedó a cargo de otro servicio autónomo. Así, el programa Mejor Niñez quedó encargado únicamente de otorgar soluciones residenciales y tratamientos.

Sin embargo, el estudio titulado Niñez vulnerada en Chile: la crisis del cuidado alternativo residencial –que se presentará el 28 de mayo en la Universidad Finis Terrae–, sostiene que pese a esta modificación, el problema se ha agravado.

De acuerdo con Emilia García, directora de Estudios de IdeaPaís, “el nuevo sistema buscó erradicar problemas que, en realidad, persisten”. A lo largo de dos años las autoras Francisca Figueroa y Catalina Karin sistematizaron las manifestaciones y causas de los problemas en la institución. Y la conclusión a la que llegaron es que “se reformó el diseño del sistema, pero no se cerró la brecha entre lo que el Estado se comprometió a garantizar y lo que es efectivamente capaz de proveer”.

Las evidencias de la mala situación

El hacinamiento en las residencias de Mejor Niñez es un problema que “solamente ha empeorado durante los últimos años”, afirma García. A marzo de 2025, indica el estudio, se registró sobreocupación en la mitad de las residencias del sistema, con 123 hogares afectados, de un total de 247. Además, las atenciones se extendían a 5.071 niños, mientras el límite de plazas era de 4.700.

La tendencia al hacinamiento, indica García, es sostenida en el tiempo. En 2018, un 13% de las residencias funcionaba por encima de su capacidad. Esa cifra saltó al 37% en el segundo semestre de 2023. En 2024, al 41%, mientras que hoy se aproxima al 50%. El aumento no solo implica “una presión sostenida sobre el sistema”, manifiesta el informe, sino también “un deterioro progresivo de las condiciones de acogida”.

En la cotidianidad de los niños atendidos por el sistema, esto se refleja en que “no hay suficientes camas para todos y en muchas ocasiones no hay privacidad al interior de las residencias”, explica García. Además, agrega que como se ubica a 30 niños en hogares “que son para 15”, hay problemas de higiene.

Esta problemática se acentúa en las residencias de Administración Directa del Estado. En ellas la sobreocupación aumentó del 7% al 50% en tres años, establece el estudio. Por otro lado, en los Organismos Colaboradores Acreditados (OCA) –entidades sin fines de lucro, instituciones públicas y personas naturales autorizadas para apoyar en los servicios de protección– el mismo índice aumentó del 11% al 39% en igual lapso.

El hacinamiento no es la única manifestación del problema. El informe reveló también que hay un aumento sostenido en las listas de espera tanto para residencias alternativas como para familias de acogida. Además, la asignación de un hogar debería ir de la mano de un diagnóstico y su consiguiente programa ambulatorio, que es donde se ejecuta el tratamiento reparatorio. Sin embargo, estos también presentan atrasos.

Así, señala García, en abril de 2025 había “más de 250 niños en listas de espera para residencias, más de 2.200 niños para familias de acogida y más de 8.300 en lista de espera para los programas de diagnóstico”. En este programa, asimismo, la lista de espera creció un 218% en cuatro años. Para el ambulatorio, actualmente hay 24.785 niños en espera, versus 2020 en que se registraron 9.241, lo que marca un aumento de 168%.

Por otro lado, el estudio da cuenta de que “un número significativo de niños, niñas y adolescentes es atendido en condiciones de infraestructura deteriorada”, dado que faltan especialistas y en los entornos se percibe violencia e inseguridad.

A estas manifestaciones del problema, García añade que “la mayoría de los niños en residencia presentan problemas de salud mental”. Según el estudio, la proporción de niños en una situación de este tipo es del 53%. Además, entre 2022 y 2024 a nivel nacional “las víctimas asociadas a explotación sexual aumentaron de 979 a 1.691 (crecimiento del 72,7%)”, advierte el estudio, junto con relevar que, al 2024, el 55% de las víctimas se encontraba vinculada a programas del Servicio Nacional de Protección Especializada.

Los problemas de base

De acuerdo con García, las causas de estas problemáticas son múltiples y estructurales. En primer lugar, apunta al cierre de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) –que fue parte del rediseño del Sename–, en que se acogía a una gran cantidad de menores, pero donde se registraban los mayores índices de vulneraciones.

Al momento de su clausura, “no hubo una reposición equivalente en la cantidad de plazas”, asegura la experta, por lo que “disminuyó en un 23% la capacidad que tenían de recibir a niños”. Para suplir esto, “se hizo una apuesta muy grande en la prevención de vulneraciones en los entornos familiares, pero era a largo plazo y la demanda no cedió”, agrega.

A su vez, aunque aumentó el número de familias de acogida, no lo ha hecho “a la misma velocidad que la demanda”, dice. En la misma línea, otro problema es que han cerrado múltiples residencias en los últimos años. García explica que este problema se hace más complejo por el Artículo 80 bis (Ley 19.968).

“Los tribunales pueden obligar a crear un cupo para niños a los que se les decretó una medida de protección”, indica la investigadora, por lo que muchas residencias deben atender a menores que se escapan de su perfil de atención, lo que genera hacinamiento y cierres de hogares.

Otro problema es la falta de organización en el sistema. Según el informe, la gestión centralizada del programa genera un desmedro en “los niveles operativos donde se resuelven las necesidades de los niños”. Así, las Oficinas Locales de la Niñez –las entidades comunales– enfrentan brechas de “financiamiento y de capacidades que comprometen su gestión”.

La falta de financiamiento es otra de las causas de la problemática. El gasto promedio por menor atendido aumentó cerca de un 12% entre 2022 y 2025, señala el informe, mientras que los costos aumentaron por los nuevos estándares del sistema. Así, las residencias colaboradoras se ven obligadas a buscar aportes externos para suplir los costos que no alcanzan a cubrir con los aportes estatales.

Aunque “el diseño de sistema es bueno al apuntar a residencias más familiares, que se atiendan máximo 15 niños y que se privilegien las familias de acogida”, comenta García, el problema ha sido “la implementación, donde se subestimó la demanda y se sobreestimó la oferta. Eso lleva a que independientemente del cambio de diseño, el nuevo sistema siga replicando las fallas del Sename”.

“Si bien su intensidad varía entre territorios, la magnitud que alcanza en varias regiones permite hablar de una crisis nacional del sistema”, alerta la investigadora.