Una nueva arremetida impulsó la UDI contra el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, buscando su remoción del Poder Judicial.

Ello ocurre a semanas de que el magistrado viera la causa -y dejara en prisión preventiva- al exdiputado y excorreligionario gremialista, Joaquín Lavín León.

En concreto, la acción de la bancada de Suecia 286 es una carta al Presidente José Antonio Kast, en la que le piden usar su facultad presidencial para solicitarle a la Corte Suprema abordar la remoción del magistrado.

Los diputados se amparan en recordar que el juez Urrutia fue cuestionado por realizar dos viajes internacionales en circunstancias que se encontraba con licencia médica.

Los diputados invocan lo establecido por el artículo 80 de la Constitución, el que establece que "la Corte Suprema por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes".

De esta manera, en la carta que enviarán a Kast -a la que La Tercera tuvo acceso- recuerdan que Urrutia viajó con licencia médica a Costa Rica el 2020 y a Ecuador el 2022.

No obstante, la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió al juez de esta falta.

Pese a ello, los parlamentarios de la UDI quedaron disconformes. De ahí que escribieron al Presidente, quien hace más de diez años fue justamente integrante de esta bancada.

En la misiva, los diputados gremialistas argumentan que “si respecto de funcionarios públicos que cometieron la misma infracción, se ha instruido el inicio de sumarios y una investigación penal en orden a sancionar efectivamente a aquellos que resulten responsables, no es posible que un juez de la República en circunstancias similares quede en una situación de impunidad por motivos de forma, sobre todo considerando que la judicatura debe obrar en todo momento con rectitud resguardando la integridad e imagen del Poder Judicial, lo que además se encuentra consagrado en la norma de mayor jerarquía”.

Lo cierto es que el juez Urrutia tiene un polémico historial que ha molestado a la derecha durante su trayectoria, y no solamente lo ligado al caso de su excompañero Lavín León.

Por ejemplo, durante el estallido social del 2019 fue cuestionado por cambios de medidas cautelares a miembros de la “primera línea”, así como además por el uso de “lenguaje inclusivo” en la redacción de un fallo judicial.

También se manifestó en su cuenta de redes sociales a favor de una de las opciones del plebiscito constitucional.

Igualmente ha sido cuestionado en causas que vio contra carabineros involucrados en acusaciones de violencia policial durante el estallido social.

La carta de la UDI establece que “en este sentido, la noción de buen comportamiento se encuentra vinculada al principio de probidad, en cuya virtud todos los funcionarios estatales deben observar un desempeño honesto y leal de la función o cargo. Como tal, es una premisa básica dentro del estatuto de obligaciones inherentes al cargo en materia de ética y fe pública”.

Y por lo mismo, concluyen pidiendo que “en mérito de lo expuesto, solicitamos que, en su calidad de Presidente de la República, tenga a bien evaluar la posibilidad de presentar -ante la Corte Suprema- un requerimiento de remoción en contra del juez Daniel Urrutia, por haber vulnerado gravemente el deber de mantener un buen comportamiento, todo ello en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 80 de la Carta Fundamental".

El diputado UDI Eduardo Cretton dijo que “creemos que el país se vio impactado por el uso y abuso que diversos funcionarios públicos utilizando licencias médicas falsas. Ahora tomamos conocimiento de que este magistrado salió del país estando con licencia contraviniendo estándares mínimos de probidad para un juez. De no ser destituido por la Corte Suprema creemos que la crisis por la que atraviesa este poder del Estado se verá acrecentada y crecerá la sensación de impunidad y de protección a los propios”.