Los primeros indicios de que algo extraño estaba ocurriendo en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco se remontan a 2023. Algunos, incluso, dicen que es desde antes. Lo concreto es que ese año la dirección del recinto decidió presentar una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Eduardo Yañez y su hijo Patricio, ambos oncólogos del hospital tras los resultados irregulares que arrojó una investigación sumaria y que ahora son ratificados por otro informe, esta vez de Contraloría.

Por ese entonces se hablaba de que padre e hijo eran indagados por derivar pacientes con cáncer del Hospital de Temuco, donde eran funcionarios, a su clínica privada, con el fin de ensayar métodos farmacológicos no diagnosticados en los tratamientos de las personas que recibían.

De hecho, según reveló Mega en 2024, una de las personas derivadas desde el hospital hasta la Clínica James Lind, el recinto del que ambos son propietarios, pudo haber fallecido a causa de estos tratamientos que, acorde a la misma investigación periodística, no fueron informados a los pacientes que eran parte de un ensayo clínico.

Dos años después de esto, la Contraloría regional de La Araucanía emitió hace algunos días su informe final 887 respecto de esta situación, confirmando la gravedad de las acusaciones y derivando los antecedentes al hospital, al servicio de salud respectivo, al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, al Congreso y a la fiscalía regional ante la posibilidad de que ciertas situaciones pueden revestir el carácter de delito.

“Cabe señalar que este proceso se inició con la denuncia realizada por el propio hospital ante el Ministerio Público en noviembre de 2023, luego de auditorías e investigaciones internas impulsadas junto al Servicio de Salud Araucanía Sur, cuyos hallazgos permitieron identificar antecedentes que posteriormente fueron puestos a disposición de los organismos competentes. Asimismo, el establecimiento respondió formalmente al preinforme de Contraloría, aportando antecedentes y precisiones consideradas en el informe final”, dice el comunicado del hospital respecto del actual informe de Contraloría.

Ese documento de 139 páginas contextualiza que la fiscalización tuvo por objeto una auditoría en relación al reclutamiento de pacientes oncológicos desde ese centro hospitalario a la clínica privada en cuestión por parte de los propietarios del centro, “quienes a su vez eran funcionarios públicos de dicho recinto público, con el objeto de someter a las personas a ensayos clínicos”.

En tal sentido, la pesquisa logró constatar que los dos funcionarios del hospital en ese entonces -Eduardo y Patricio Yáñez- “derivaron pacientes oncológicos” desde el recinto hospitalario a su centro privado, “acciones que no se ajustaron a la normativa atingente”.

“Para la realización de aquello contaban con información importante de los pacientes, dado que en virtud de los cargos que ostentaban, eran integrantes del Comité Oncológico del hospital. Posteriormente, a contar de noviembre de 2023, dejaron de formar parte de aquel (comité), no obstante, revisadas las grabaciones de respaldo se constató que los mencionados médicos continuaron participando de las sesiones, comprobándose así la vulneración de una serie de normativa que regula la confidencialidad de los datos sensibles de los pacientes”, entre ellos el reglamento de la Ley del Cáncer.

Junto a ello, la investigación de Contraloría da cuenta de que se realizaron accesos indebidos a fichas clínicas por personas que tenían relación contractual con el centro privado o por parte de ambos oncólogos, quienes a su vez, acorde a la pesquisa, hicieron solicitudes de retiros de biopsias de los pacientes sin ser los médicos tratantes, así como que funcionarios de su clínica privada hicieron retiros de biopsias desde el Servicio de Anatomía Patológica del hospital.

De lo anterior, Contraloría destaca el caso de una exfuncionaria del hospital, cuya cuenta de acceso al sistema -SSASUR- para ingresar a fichas clínicas digitales permaneció activa hasta el 30 de agosto de 2024, a pesar que dejó de pertenecer al hospital desde el 1 de abril de 2021. Dicha situación derivó en el acceso indebido a las fichas clínicas digitales de 765 pacientes.

En tal sentido, Contraloría verificó que 570 de los 1.555 profesionales del recinto (37%) que accedieron a las fichas clínicas de los 56 pacientes de la muestra, no registraban vínculo laboral con el Estado. En relación a ello, “se pudo advertir que las acciones ejecutadas por los médicos individualizados no contaban con autorización del recinto hospitalario, advirtiéndose en ese sentido que la entidad fiscalizada carece de procedimientos internos que regulen la forma en que se pueden desarrollar estudios o investigaciones en seres humanos fuera del establecimiento hospitalario, situación que de alguna manera propició, entre otras, las irregularidades detectadas en el presente informe”.

Asimismo, el ente fiscalizador advierte de una serie de fallas administrativas, entre falta de control y supervisión respecto de los integrantes que conforman el Comité Oncológico; falta de resguardo de la confidencialidad de la información en las sesiones del mencionado comité; o un uso indebido del cargo que habría comprometido la imparcialidad en la toma de decisiones clínicas y en las derivaciones de pacientes.

Tampoco se encontraron consentimientos informados de los pacientes en relación al ingreso a ensayos clínicos en la clínica de los Yáñez.

Para Contraloría, los hechos expuestos “denotan la utilización de posiciones de liderazgo para favorecer intereses particulares, lo que configuraría una eventual transgresión a las obligaciones estatutarias y al principio de probidad administrativa, que implica, entre otros aspectos, que los funcionarios públicos tienen el deber de evitar que sus prerrogativas o esferas de influencias se proyecten en su actividad particular cuando esa actividad incide o se relaciona con el campo de las labores propias de la institución a la cual pertenece el empleado”, se lee en el informe.

Al respecto, el hospital señala en su comunicado que “valora el rol fiscalizador de la Contraloría y continuará colaborando activamente con las investigaciones y procesos en curso, fortaleciendo además las medidas ya implementadas en materia de control interno, resguardo de información clínica y gestión oncológica, con el propósito de seguir reforzando la confianza pública, la transparencia institucional y la protección de los pacientes”.

Como añadido a esta situación particular de las derivaciones irregulares, Contraloría se encontró con que uno de los médicos en cuestión hizo un viaje a Argentina a pesar de estar con licencia médica. Ese reposo se lo había mandatado otro profesional que aparece como integrante del equipo médico del centro privado bajo la lupa.