Dos minutos estuvo suspendida la sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, con el objeto de encontrar una redacción de consenso para una indicación al proyecto de aplicación del delito de interrupción u obstaculización de la libre circulación y del funcionamiento de los servicios de transporte, más conocido como el proyecto antibarricadas.

El subsecretario de Seguridad, Gonzalo Guerrero, había desplegado sus gestiones para conseguir un acuerdo entre la oposición y el oficialismo frente al texto. Y lo había logrado.

El problema es que el equipo del ministro Arrau, de su misma cartera, no quedó conforme con la redacción final del proyecto, de modo que instó a los representantes del oficialismo a votar en contra.

Luego de varios intentos por una redacción, la norma quedó de la siguiente forma: “Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable si la persona se encuentra ejerciendo su legítimo derecho a reunión, huelga o manifestación pacífica”.

El diputado Raúl Leiva (PS) encontró una aliada entre los representantes de derecha para la redacción de ese texto: la diputada Gloria Naveillán (libertaria), quien defendió la pertinencia de antiguas manifestaciones de los gremios de los camioneros, que instalaron sus medios de transportes al frente del Palacio La Moneda.

Otros representantes de la oposición, como Patricio Pinilla (DC), Bernardo Salinas (Ind.-PC) y Tatiana Urrutia (FA) también pedían que el Ejecutivo se abriera a agregar en el texto el derecho a manifestación.

Luego de escuchar las aprensiones, el subsecretario Guerrero manifestó: “Compartimos los fundamentos que tantos diputados, recientemente el diputado Basaletti, y otros diputados de la comisión, como Leiva y Salinas, han señalado de que manifestarse es un derecho fundamental, las sociedades se construyen en torno a este punto”.

Y continuó: “A nosotros nos interesa, y en lo particular me interesa, que quede debidamente resguardado ese derecho a poder manifestarse libremente, porque la libertad de expresión es lo que construye la democracia, y hemos sido testigos de aquello en los últimos tiempos en nuestro país”.

En medio de las lecturas que hacía el secretario de la comisión a las distintas propuestas para la redacción final, los asesores del ministro Arrau que estaban presentes en el debate se desplegaron rápidamente con los representantes del oficialismo para dejar caer la indicación de consenso.

Yendo puesto por puesto a donde estaban los diputados de gobierno, el equipo legislativo del ministro desautorizó el trabajo legislativo que estaba haciendo en ese mismo momento el subsecretario de la cartera.

Esto quedó refrendado en la votación final, en la que los diputados republicanos Cristián Araya, Enrique Basaletti, Chiara Barchiesi; además de los representantes de Chile Vamos, Eduardo Cretton (UDI) y Mauro González (RN) votaron en contra.

Los votos a favor, en tanto, provinieron de parte de la oposición y de la diputada Naveillán.

El resultado exacerbó los ánimos en la comisión, que llevó a que los diputados Leiva y Basaletti se enfrascaran a gritos de un lado a otro.

“¡Los acuerdos se respetan!, le imputó el socialista.

Todo esto, mientras Guerrero quedó con la mirada cabizbaja leyendo el documento del proyecto.