Este domingo se desarrolló la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia que le dio la victoria al economista Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano, quien se impuso con el 54,5% de los votos al candidato conservador de Alianza Libre Jorge “Tuto” Quiroga, y que asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre. La elección, tal como lo reveló la primera vuelta que tuvo lugar el 17 de agosto, marca un giro significativo y da cuenta de un país desencantado tras 20 años de gobiernos de izquierda dominados sin contrapeso por el Movimiento al Socialismo (MAS) -un revés que resulta particularmente duro para el expresidente Evo Morales, quien intentó sin éxito competir en estas elecciones-, y que lo deja como una fuerza política inexistente en el Senado y con una representación en la Cámara Baja de solo nueve diputados de un total de 130.

Sin embargo, Paz no enfrenta un escenario fácil, con gran apoyo en el occidente del país, pero no así en el oriente, y con un gobierno que deberá rápidamente hacerse cargo del complejo panorama político y económico. Tras esta elección el país ha cerrado un ciclo, pero los desafíos tanto en materia institucional, pero especialmente económica, son de gran envergadura y necesitarán no solo de acuerdos amplios en la Asamblea Legislativa para abordar reformas estructurales -los quórums exigidos requieren de la aprobación de mayorías que ningún sector controla-, sino también manejar relaciones siempre complicadas con movimientos sociales y grupos que con cierta regularidad hacen demostraciones de fuerza, como los mineros o grupos de cocaleros.

El país, que en algún momento comenzó a bajar sus índices de pobreza, hoy se encuentra sumido en una crisis económica y social que ha llevado a una falta importante de divisas, repercutiendo en la disponibilidad de elementos de primera necesidad, como es el caso de los combustibles. El dramático cuadro económico ha llevado a bloqueos de carreteras, problemas de cesantía, déficit fiscal cercano al 9% del PIB y una inflación interanual superior al 23% , por lo que las medidas anunciadas en campaña por el mandatario electo -bajo el eslogan de llevar el “capitalismo a todos”-, tales como facilitar acceso a créditos, descentralizar el Estado, dar facilidades tributarias y atraer inversión extranjera, cifran importantes expectativas, pero a la vez suponen ajustes inevitables y muy severos. Surge la incógnita de si acaso la gradualidad de las reformas que propone Paz podrían tensionarse con la celeridad que la situación demanda.

En cuanto a la relación con Chile, Paz planteó la necesidad de reanudar relaciones entre ambos países; sin embargo, la constitución altiplánica sigue señalando que “el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo”, lo que claramente representa un obstáculo para futuras negociaciones, a pesar de ser un tema zanjado en instancias internacionales. Sin perjuicio de ello, es mucho lo que se puede avanzar en intereses comunes como control de fronteras, inmigración, flujo comercial, inversión, combate al crimen organizado, pero es necesario aunar criterios en estas materias, por cuanto medidas como legalizar los autos “chutos” que planteó en campaña van justo en la dirección opuesta.