En las últimas semanas, diversos rectores de instituciones de educación superior han hecho ver su disconformidad por los nuevos aranceles regulados que definió el Ministerio de Educación (Mineduc) y que se aplicarán a partir del año 2026 para hacer efectivo el financiamiento gratuito de este nivel educativo. Según han manifestado, el recálculo de estos perjudicará especialmente a instituciones de formación técnico profesional, así como a universidades privadas fuera del Consejo de Rectores (CRUCH), las cuales verán profundizado el déficit debido al aumento en la brecha entre la necesidad de recursos y lo que el Estado efectivamente entregará por cada beneficiario de esta política.

Esta inquietud viene a ratificar un problema que se previó durante la tramitación de la ley que introdujo la gratuidad: la fijación de los aranceles por parte del Estado, tarde o temprano y de forma inevitable, acarrearía dificultades financieras para las casas de estudio. Así también, produciría desconfianza por una potencial discrecionalidad en el proceso de cálculo de los mismos. Pese a ello, el gobierno ha propuesto extender este cuestionable mecanismo a través del proyecto de ley que crea un nuevo Sistema de Financiamiento para la Educación Superior, denominado FES. Ello, pues pretende que, en virtud de este, las instituciones de educación superior que reciban alumnos beneficiarios queden impedidas de cobrarles un copago, con excepción de aquellos que provengan del décimo decil de ingresos.

De este modo, además de las críticas que el diseño del FES ha recibido debido a sus similitudes con un impuesto al trabajo –toda vez que sus beneficiarios deberán devolver al Fisco un porcentaje de sus ingresos que será independiente del costo de su carrera-, también es posible advertir sobre el impacto negativo que previsiblemente este tendrá sobre la situación financiera de numerosas instituciones educativas, que verán cómo el déficit debido a los aranceles regulados se acrecentará. En efecto, una institución suscrita a la gratuidad que además se incorpore al FES pasará a depender casi completamente de los aranceles regulados definidos por el Estado. Más aún, tal como algunos rectores y especialistas han señalado, al otorgar a este la facultad de determinar los ingresos de las instituciones, así como el número de nuevas vacantes que estas podrán ofrecer cada año, el proyecto de ley representa un riesgo para su autonomía y sostenibilidad financiera, lo que podría limitar sus posibilidades de crecer y mejorar en calidad.

Sin duda que el CAE y los mecanismos de financiamiento de la educación superior tienen amplios espacios para ser mejorados, pero insistir con la fijación de aranceles -algo que con la gratuidad ya ha demostrado ser perjudicial para las instituciones-, significará poner bajo amenaza a una parte importante del sistema de educación superior, así como el progreso sostenido que este registra en las últimas décadas. El FES está siendo revisado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde es de esperar que se considere la evidencia disponible y se subsanen los problemas hasta ahora identificados.