Hace unas semanas el gobierno de Estados Unidos anunció una inversión de casi US$ 9 mil millones en la tradicional empresa tecnológica Intel, lo que le permitirá tomar el control del 10% de las acciones de la firma. Antes ya había tenido lugar el controversial acuerdo con las productoras de chips Nvidia y AMD, en el cual estas se comprometieron a pagar al gobierno una especie de impuesto del 15% a la exportación por concepto de ciertos productos destinados a China.

Estos y otros ejemplos -en todos los cuales ha estado involucrado personalmente el presidente Donald Trump- podrían estar anticipando un posible cambio de paradigma en la economía estadounidense, que a velocidad sorprendente parece estar transitando hacia una suerte de “capitalismo de Estado”, un híbrido entre el capitalismo y el socialismo, alejándose de lo que fue el modelo que sentó las bases de la prosperidad de Estados Unidos, basado en la libertad económica, mercados competitivos y una institucionalidad inquebrantable, con límites claros a la acción del gobierno. Un giro así resultaba hasta hace poco siquiera inimaginable, y es evidente que en la medida que este se vaya consolidando contiene el potencial de reconfigurar el panorama global, con consecuencias insospechadas.

Lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos está teniendo un rol cada vez más activo en dirigir su economía. Bajo este esquema, los medios de producción continúan siendo privados, pero la administración política se encarga de influir directamente en sus decisiones, decidir los énfasis y sus estrategias. Los analistas ya advierten algunas similitudes con el sistema económico chino, donde el Estado tiene una influencia gravitante en sus empresas, y aunque Estados Unidos aún está lejos de un modelo de planificación central como el chino, no deja de ser paradojal que, pese a la fuerte rivalidad que Estados Unidos mantiene con el gigante asiático, las políticas económicas que impulsa Trump comiencen a asemejarse a las implementadas por dicho país.

No cabe duda de que el fenómeno del “capitalismo de Estado” se ha intensificado a niveles insospechados bajo el segundo mandato de Trump, pero también es cierto que su semilla ya venía gestándose hace tiempo, en particular con las críticas que se dejaron sentir al libre comercio y su impacto en la industria manufacturera estadounidense, que ha visto cómo miles de empleos se han desplazado a otros países, en particular Asia. Es más, los estados industriales del llamado “Cinturón de Óxido” fueron clave en la primera victoria de Trump en 2016 y luego también en la de Joe Biden en 2020.

Si bien no es la primera vez que se toman decisiones como las que hemos visto ahora, en el pasado estas medidas de capitalismo de Estado temporal estuvieron ligadas a crisis o circunstancias especiales, como la Segunda Guerra Mundial, la crisis financiera de 2008 o la reciente pandemia. De hecho, a raíz de la crisis sanitaria el propio presidente Biden, con su Ley de Reducción de la Inflación, introdujo una serie de subsidios para ciertas industrias, entre ellas empresas de semiconductores.

Es importante detenerse a examinar las implicancias de un posible cambio de paradigma en la economía de Estados Unidos, porque sus efectos previsiblemente se irradiarían mucho más allá de sus fronteras. En ese orden de cosas, si se valida la noción de que el Estado comience a tomar el control de firmas en distintas áreas, privilegiando determinados intereses que predefina un gobierno, no solo se estarían desnaturalizando las reglas inherentes a una economía de mercado -que asigna los recursos en esquemas de competencia y en función de los riesgos que los inversionistas libremente deciden asumir-, sino que también terminará afectando la libre competencia y la creación de valor. Así, si hoy es Intel, mañana puede ser cualquier otra empresa de cualquier rubro, como de hecho ya ocurrió con una firma de minerales críticos de la que el gobierno adquirió el 15%.

La situación representa además un cambio en cómo se entienden los negocios, ya que la visión de la administración Trump, si bien no es armónica ni siempre coherente, es claro que no tiene que ver solamente con los aspectos económicos, sino que también apunta a un control político de las decisiones. Un modelo en el que los intereses económicos y políticos se entrecruzan hasta hacerlos indistinguibles -como es el caso de China- sin duda puede resultar atractivo para gobiernos y políticos que buscan ampliar su control; también puede ganar adhesión entre los ciudadanos si no ven resultados en el modelo actual, sobre todo luego de las alzas inflacionarias tras la pandemia y los riesgos para el mercado laboral producto de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial.

Por ahora las medidas de Trump parecen erráticas, más bien de corto plazo y enfocadas en resguardarse de los avances chinos en tecnología, IA y los minerales necesarios para la producción de estas mismas tecnologías, sin desestimar la fuerza del mercado en la asignación de recursos. Con todo, no hay duda de que las inclinaciones del mandatario constituyen una luz de alerta sobre la pérdida de legitimidad que ha sufrido el sistema económico en distintas partes del mundo y, de no haber contenciones y rectificaciones claras, puede terminar rompiendo el dique que resguarda un modelo de economía libre. Ciertamente resulta muy paradojal que sea la economía de Estados Unidos la que pudiera estar dando el pie para el punto de inflexión.