La decisión del Ministerio de Hacienda de convocar una mesa técnica -compuesta por expertos de diversas sensibilidades y competencias técnicas- para revisar el Estatuto Administrativo y de esa forma proponer una reforma integral al empleo público es ciertamente un paso decisivo, porque brinda la oportunidad de poder abrir un debate sobre esta materia -largamente postergado- y avanzar hacia el objetivo de modernizar el sector público, no solo como forma de racionalizar el gasto en personal, sino sobre todo para asegurar los estándares de eficiencia que hoy el país reclama.

En apariencias, Chile contaría con una dotación pública eficiente y bien estructurada: según la OCDE, el empleo público representa alrededor del 10% de la fuerza de trabajo, muy por debajo del promedio del bloque (20%) y muy lejos de países como Noruega, con 30%. Asimismo, al observar las normas del Estatuto Administrativo, este define con precisión las plantas, estableciendo que la modalidad de contrata no debería exceder el 20% de los cargos de planta. A su vez, los programas de evaluación de gestión indican que hay altísimos cumplimientos de metas, y atendidas las definiciones que entrega la Constitución, en orden a que se garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, asegurando tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes, sugeriría que el marco regulatorio es óptimo.

La realidad, sin embargo, es muy distinta. Pese a que la cantidad de funcionarios que emplea el Estado puede aparecer razonable, debe atenderse el fuerte crecimiento que ha venido experimentando, muy por sobre el ritmo que registra el empleo privado. Pese a las estimaciones de la OCDE, es una anomalía que el número total de funcionarios no se conozca con exactitud -se ha estimado en el orden un millón de funcionarios-, donde a nivel de gobierno central se acercaría al medio millón de empleados. Los estándares de eficiencia no se condicen con el servicio que reciben los chilenos, donde por ejemplo en el sector salud se acumulan las listas de espera y una serie de trámites en diversas reparticiones toman tiempos excesivos, afectando el diario vivir de la ciudadanía o el desarrollo de emprendimientos. Y en cuanto al régimen jurídico del empleo público, mientras los empleados de planta representan del orden del 21% del total, la modalidad a contrata alcanza en torno al 58% de los funcionarios, y el restante a honorarios y otras modalidades. Es decir, hay un sistema “triestamental”, que además de distorsionar la estructura definida en el Estatuto Administrativo, no encuentra parangón en la experiencia internacional.

Las contrataciones por mérito o concursos no son lo dominante, el cuoteo político sigue siendo un factor incidente, y el hecho de que los funcionarios de planta sean en la práctica inamovibles -solo pueden ser removidos en virtud de sumarios sumamente engorrosos-, crea rigideces que complotan contra la eficiencia y la movilidad. El cuadro empeora porque además la Contraloría y los tribunales desde mediados de la década pasada han venido dictando una serie de resoluciones que extienden aspectos del Código del Trabajo a empleos que se supone están regidos por un estatuto propio, y las contratas -que deberían durar solo un año- han terminado asimilando las características de planta, encontrándose casos de empleados que llevan años bajo esa modalidad.

La fuerte presión de los gremios del sector público ha sido un factor que ha impedido poder avanzar en cambios al empleo público, pero ciertamente las rigideces del Estatuto Administrativo -que data desde fines de 1989, es decir, dictado en las postrimerías del régimen militar-, y cuyas reformas han sido marginales, son probablemente una de las mayores trabas. Su diseño responde, además, a lógicas de hace más de tres décadas, que no recoge los desafíos que hoy imponen las nuevas tecnologías y la necesidad de elevar los estándares de eficiencia y racionalización en el uso de los recursos públicos. Solo en remuneraciones del gobierno central el país debe destinar anualmente más de US$ 18 mil millones. Abocarse a revisar este estatuto dejó de ser una opción, sino un imperativo que requiere ser tratado con sentido de urgencia.

Fundamental es apuntar hacia un servicio civil basado en el desarrollo de una carrera en función del mérito. Es razonable que los funcionarios públicos cuenten con ciertos de grados de inamovilidad, pero en ningún caso el absurdo que tenemos hoy, que solo rigidiza las plantas; asimismo, el régimen jurídico debe ser unificado, pues no resiste seguir en la superposición de normas del estatuto, dictámenes administrativos y resoluciones judiciales, que además impiden contar con certezas para poder proyectar las carreras de los buenos funcionarios. Contar con instrumentos que permitan medir el desempeño en forma objetiva e independiente de presiones también es un factor clave; de allí que un sistema como el Programa de Mejoramiento de la Gestión que lleva aparejado el pago de bono de cumplimiento de metas -la mayoría de los servicios ha recibido el 100% de la bonificación, y que en los hechos ha pasado a ser un componente asegurado de la remuneración- debe ser completamente reformulado, pues ello ha devenido en un autoengaño.

Sin cambios de fondo en materia de empleo público, es difícil imaginar que el país pueda avanzar con mayor rapidez en su camino al desarrollo, ya que sin un Estado eficiente el impulso dinamizador que pueda provenir del sector privado inevitablemente se verá obstaculizado. Todos los sectores políticos deberían comprender la magnitud de este desafío, y cabe esperar que esta vez no se resten de contribuir a su concreción. El gobierno, a su vez, deberá buscar los consensos que sean necesarios, y desde luego habrá de tender también puentes con los propios funcionarios públicos y sus gremios -los que también deben allanarse a que seguir en la actual senda es el peor de los mundos-, porque de esa forma se reduce el riesgo de que esta reforma termine en un enfrentamiento y se entrampe.

Ahora que el país no está atravesando por un ciclo electoral, se abre una oportunidad única que no debe ser desaprovechada. Desperdiciarla sería un grave daño para el país.