A principios de este mes, la Comisión Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza entregó su informe final con recomendaciones para mejorar la metodología vigente. Al incorporarlas, la entidad calculó que, en lugar del 6,5% de la población, la pobreza por ingresos en 2022 habría alcanzado un 22,3%. Ello indica, naturalmente, que los ajustes propuestos establecen un mayor estándar, acorde con los avances del país.

La Comisión recomendó actualizar los bienes con que se calcula la línea de la pobreza, basándose en una versión más reciente de la Encuesta de Presupuestos Familiares, así como los precios de estos. Del mismo modo, planteó reemplazar una parte de los alimentos procesados por alternativas más saludables, lo que si bien responde a la necesidad de establecer un estándar más apropiado, tiene el defecto de que implica tomar decisiones normativas que podrían ser discutibles. Por último, propone distinguir entre hogares propietarios de la vivienda y arrendatarios, para cada uno de los cuales se calcula una línea de pobreza diferente que reconoce sus distintas necesidades de gasto.

De este modo, corresponde ahora al gobierno –a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia- decidir si acoge estas propuestas y de qué manera lo hará. En este contexto, la autoridad resolvió postergar la publicación de los resultados de la Encuesta Casen 2024, fuente fundamental para el cálculo de la pobreza en el país. Inicialmente prevista para agosto, su divulgación se realizará en enero de 2026. Según se explicó, el motivo de este aplazamiento es la necesidad de analizar en profundidad las recomendaciones de la Comisión y definir los pasos para su implementación. Sin embargo, aunque esta explicación parece razonable, no basta para disipar las críticas y cuestionamientos.

Por un lado, porque esta decisión no fue consultada con el Panel de Expertos que asesora la aplicación de la Casen desde hace más de una década y que tiene, entre sus objetivos, precisamente velar por la transparencia y resguardar la independencia de esta, garantizando con ello su legitimidad. Pero, además, diversos especialistas han alertado sobre la inconveniencia de postergar la publicación de la Casen, considerando que esta no solo es la principal fuente de información para estimar la tasa de pobreza, sino también porque entrega datos inéditos sobre la situación socioeconómica de los hogares, los que sirven como base para la elaboración de políticas públicas en ámbitos como el laboral, educacional o habitacional.

De este modo, la excesiva demora en la entrega de los resultados afectará la disponibilidad de datos para evaluar la labor del gobierno y para diseñar programas presidenciales, así como también abrirá el espacio para que surjan dudas que a la larga podrían afectar la legitimidad y fiabilidad del instrumento.

El informe de la Comisión representa un aporte para el perfeccionamiento de la medición de la pobreza en el país, y si bien es cierto que sus recomendaciones deben analizarse para determinar su incorporación, la demora en la difusión de la Casen tiene costos que deben ponderarse por el gobierno a la hora de decidir sobre su aplazamiento.