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"El Gobierno Nacional está decidido a enfrentar a la mafia del narcotráfico y a los sicarios que instauraron un régimen de muerte y terror en la ciudad de Rosario. No se dará ni un paso atrás. Los rosarinos van a recuperar las calles y la libertad”, señaló una declaración desde la Casa Rosada.

A través de una misiva, un grupo de tres generales y un vicealmirante en retiro aseguraron que la decisión del gobierno "produce graves efectos políticos estratégicos, ya que nuestro país tiene una gran dependencia de Israel en materia de defensa y en el desarrollo espacial".

Desde Carabineros confirmaron a La Tercera que el documento deberá ser solicitado a través de la plataforma.

La iniciativa que el gobierno quiere agilizar para permitir el despliegue militar en el combate de la delincuencia, está desde agosto del año pasado en la Comisión de Defensa de la Cámara Alta, que preside el senador y vicealmirante (r), Kenneth Pugh. El proyecto causa resquemor en el PC y también genera dudas en las propias FF.AA.

Uno de los problemas del gobierno es que desde las propias instituciones castrenses han surgido dudas respecto de su capacidad para intervenir en áreas altamente pobladas. En la cita, los presidentes del Senado y de la Cámara plantearán el tema de las reglas de uso de la fuerza en caso de un despliegue militar.

El proyecto, que ingresó al Senado en agosto del año pasado, faculta al Presidente a desplegar a las Fuerzas Armadas en zonas que sean consideradas como críticas. Es precisamente esa normativa, que no ha tenido grandes avances en el Congreso, la que será analizada en el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) convocado por el Presidente Boric para aconsejar cómo se implementaría. Medida que, entre otras cosas, permitiría que militares tomen el resguardo de algunas zonas del país ante la compleja crisis de seguridad que se vive.

"Tratemos de no enamorarnos de una sola idea. Eso es lo que yo pido, porque aquí hay que ver de todas las propuestas que están sobre la mesa, entre ellas el de infraestructura crítica, cuál es la más efectiva para reforzar aquellos territorios en el objetivo de prevenir la comisión de delito", planteó la vocera del Ejecutivo.

El Comando Conjunto de las FF.AA. ecuatorianas destacó que entre el 9 y 23 de enero se logró la detención de 3.219 antisociales, en el plan nacional para combatir la delincuencia que provocó una ola de violencia en ese país. Durante los operativos también fueron recapturados 32 presos, 11 policías liberados y dos efectivos perdieron la vida.

La institución decidió adoptar la medida, acorde a la planificación que tiene para el verano, lo que causó sorpresa en las instituciones "afectadas", aunque no incidirá de manera sustancial en los desplazamientos de las máximas autoridades militares y policiales.

Asimismo, el ministro de Justicia se refirió al proyecto de reforma constitucional para habilitar el uso de las Fuerzas Armadas por razones de seguridad ciudadana, remarcando que “las FF.AA. tienen una conformación constitucional y una formación que está destinada para otros propósitos distintos al orden público”.

El almirante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. y el general César Zapata, comandante de la Policía Nacional, dieron a conocer los resultados de las acciones ejecutadas a escala nacional para combatir a bandas del crimen organizado. Mientras, un grupo de élite trata de ubicar al líder de Los Choneros, José Macías Villamar, alias “Fito”, fugado de una cárcel de Guayaquil.

De acuerdo a informe de FF.AA., en Quito, Esmeraldas, Guayaquil y Cuenca se evidenciaron el mayor número de actos delictivos, entre enfrentamientos con la policía, quema de vehículos y colocación de artefactos explosivos. Se indicó, además, que los operativos militares arrojaron 329 “terroristas” detenidos y 5 muertos, y la recaptura de 28 presos fugados de diversos penales.

"A partir de este momento, todo grupo terrorista se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria están en juego”, declaró el almirante Jaime Vela en un breve discurso a los ecuatorianos. “Ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar", sentenció.

Ante la falta de vuelos de la Fuerza Aérea, la institución castrense pagó poco más de $ 60 millones por la adquisición de 154 pasajes por dos tramos desde el Biobío a la Región de Magallanes para el relevo de tropas desplegadas a raíz del Estado de Excepción Constitucional de la Macrozona Sur. Cada viaje tendrá un costo de aproximadamente $ 200 mil, casi el doble de lo ofrecido por la misma aerolínea de manera individual.

En la Región Metropolitana hay más de 4 mil uniformados desplegados en 656 recintos. Los efectivos están bajo el mando del jefe de Fuerza de la Región, el general de División, Alejandro Ciuffardi.