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Luciano Rivas hizo el anuncio en su cuenta pública, donde destacó la falta de voluntad del Ejecutivo en la reparación de los afectados por la violencia en la zona. El aporte se concretará a través de la entrega de un subsidio correspondiente a recursos financieros no reembolsables. "Las víctimas no pueden esperar”, aseguró el jefe del gobierno regional.

Desde el 2009 en adelante comenzaron a registrarse episodios de violencia rural en la región que está al sur de La Araucanía, según los antecedentes que la Fiscalía le entregó este miércoles al Ministerio del Interior. Este tipo de eventos ha ido creciendo desde entonces, especialmente durante los últimos tres años. El subsecretario Manuel Monsalve, expuso que dispondrán de más peritos para el Ministerio Público, pero que, por ahora, desplegar a las FF.AA. en esa región no es prioritario.

Ambas instituciones firmaron un convenio en el que se acuerda reforzar las medidas de seguridad para los fiscales vinculados a investigaciones de “violencia rural y cuya integridad física pueda encontrarse en riesgo”. El personal administrativo, en tanto, recibirá un entrenamiento especial por parte de la policía.

El Presidente Gabriel Boric anunció este miércoles, en su primera cuenta pública ante el Congreso Nacional, una fuerte inyección de recursos tanto para la PDI, como Carabineros. En el caso de la policía uniformada se aumentará el presupuesto para la compra de camionetas blindadas y drones en la Macrozona Sur.

Entre el 6 y el 17 de mayo se registraron 49 delitos asociados al conflicto en las regiones del Biobío y La Araucanía. Once días después, y cuando la medida está por vencer, Carabineros cifró en 35 los ilícitos de este tipo. Otro dato que preocupa en las policías es que en cuatro días hubo 12 eventos de tales características.

Alejandro Líguen Venegas (24), alias “El Chino”, fue detenido anoche en el sector de Chacaico, por su presunta participación en los disparos que terminaron con la vida del subinspector Luis Morales Balcázar hace más de un año, cuando intentaba ingresar a Temucuicui en un masivo operativo policial. Entre los antecedentes recopilados por los investigadores destaca su rol como habitual comprador de armas y municiones que le habría suministrado un gendarme. La Fiscalía de La Araucanía le imputará este miércoles el crimen y además revelará su participación en otros tres ataques a la policía, ocurridos entre fines del año pasado y enero de 2022.

Entre el 11 de marzo y el 6 de abril ocurrieron 83 ilícitos asociados al conflicto; en tanto, entre el 7 de abril y el 16 de mayo se registraron 162 eventos de este tipo, según cifras de Carabineros. Los delitos contra la propiedad concentran el 69% de los casos, donde los incendios son los que más se repiten. La policía reforzó patrullajes junto a las FF.AA.

El atentado se registró en el fundo España, perteneciente a la forestal CMPC. Ahí, un grupo de encapuchados intimidó con armas de fuego a trabajadores del lugar, para luego rociar las máquinas con líquido acelerante y prenderles fuego. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, condenó los hechos y aseguró que están estudiando querellarse contra el líder de la CAM, Héctor Llaitul, por llamar a una "resistencia armada" en la zona.

El Ejecutivo trabaja en un borrador para presentar la iniciativa en el Congreso, donde se crea este nueva disposición para las Fuerzas Armadas, quienes operarán bajo el mando de un civil. Este "estado intermedio" tendría un plazo de 15 días, y en el caso que el Presidente lo requiera, se enviará una alternativa de prórroga visada por el Congreso. En una minuta entregada a parlamentarios del oficialismo se les explica que “hemos experimentado en nuestro país diversas situaciones de inseguridad en rutas, caminos y carreteras, que ponen en peligro a las y los trabajadores que transitan desde y hacia sus lugares de trabajo".

Son cinco los temas que constantemente amenazan con poner en jaque a las autoridades: el alza en los delitos, la violencia en la Macrozona Sur, las protestas que terminan en desmanes, el incontrolable problema de las barras bravas y la tensión por las tomas estudiantiles. Aquí, un panorama de los conflictos latentes en el país.

El presidente de Fedesur, Carlos Bretti, aseguró que el gobierno se comprometió a que la cita se concretará el miércoles en una ciudad del Biobío, La Araucanía o Los Lagos.

Durante 20 años el Hotel Curef fue el símbolo de una industria turística que trataba de abrirse paso en la caleta de Quidico, al norte de Tirúa. Hoy está cerrado, desvalijado y su dueño lo tiene en venta hace dos años: nadie quiere ir a meterse al corazón de la violencia rural en la Macrozona Sur.

En la Región de La Araucanía, según cifras de Carabineros, se han registrado 46 hechos asociados a delitos contra la propiedad y las personas. En tanto, en el Biobío esta cifra llega a los 37 atentados. Los incendios y las usurpaciones son los ilícitos que más se repiten en la denominada “zona roja” del conflicto mapuche. El gobierno mira con preocupación estos hechos, los que el año pasado superaron los 1.700.

Cuatro hechos de violencia se registraron desde que terminó la medida que facultaba a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) a disponer medidas de control y fiscalización en la zona, aún así los eventos fueron de menor gravedad a otros registrados en semanas atrás. El gobierno busca impulsar una mayor presencia policial, pero a la vez buscar el diálogo con las comunidades mapuches.

En los casi 70 km que separan estos dos puntos de Arauco han muerto 21 personas en los últimos 10 años por delitos de violencia rural. Otras 45 han sufrido incendios, y eso sin contar a los que han sido amenazados. En esta parte del Biobío, donde hay códigos violentos, sobrevivir, muchas veces, depende de mantener el silencio.