Capítulo 1: Los cuadernos de Bravo

Revision de medidas cautelares para Hugo Bravo

Hugo Bravo. FOTO: FRANCISCO CASTILLO D./AGENCIAUNO

Hugo Bravo declaró por primera vez 38 días después de haber sido abierta la causa, frente a Gajardo, el fiscal Pablo Norambuena y el comisario Raúl Rojas, quien después estaría en la mayoría de las diligencias.




"Señor Bravo, usted ya es la manzana podrida para los Penta". El fiscal jefe de Alta Complejidad de la Zona Oriente, Carlos Gajardo, instó así a Hugo Bravo López a declarar en una sala del cuarto piso de la Fiscalía Oriente, en Las Condes. Gajardo pretendía convencer a Bravo, un ejecutivo que sumaba 26 años de colaboración con los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, de confesar delitos para conseguir un mejor trato judicial. Lo consiguió ese día, el 8 de agosto de 2014. Bravo declaró siete veces más en los meses siguientes.

Cuando Bravo comenzó a hablar, también comenzó a escribir. El ingeniero comercial de la Universidad Católica traspasó al papel lentamente su experiencia en Penta y describió por escrito los hechos que podrían interesar al fiscal. Fue la manera que tuvo de reconstruir todo. Y fue el compromiso adquirido con Gajardo. Durante un mes, Bravo llenó tres cuadernos universitarios marca Torre con todas las aristas del caso que remeció a uno de los mayores grupos empresariales chilenos y que terminó dominando la política chilena al menos un año. "Durante muchas horas hicimos una recopilación de todo lo que Hugo Bravo había realizado en la empresa. Y si bien eran conductas que podían estar normalizadas en el sistema a esa fecha, desde nuestra perspectiva eran constitutivas de delito. Desde allí se construyó una minuta de temas que era 'toda la verdad' que habíamos comprometido a contarle a Carlos Gajardo", cuenta Catherine Lathrop, la abogada que defendió a Hugo Bravo. La colaboración de Bravo pretendía evadir la cárcel. Lo consiguió a medias.

Para la investigación de Gajardo, el testimonio de Bravo fue indispensable. La causa había sido abierta el 30 de junio de 2014 con el rótulo de lavado de activos. La primera pista la aportó el exmartillero Jorge Valdivia, quien murió 24 días después de entregar una confesión de ocho páginas en la que aludió a una compleja red que operaba dentro del Servicio de Impuestos Internos (SII), y que ya había beneficiado a 122 contribuyentes con devoluciones fraudulentas de impuestos a través del denominado Fondo de Utilidades Tributables (FUT). Aquejado por un avanzado cáncer al colon, el exmartillero apuntó al fiscalizador del SII Iván Álvarez como el gestor de esas irregularidades, y al grupo Penta como uno de sus beneficiarios. Dos días después de abrir esta causa, Gajardo, quien ya indagaba el fraude al FUT, ofició al SII pidiendo información de sociedades de Penta. El primer testimonio que registra la carpeta de investigación fue el exgerente de contabilidad de Penta, Marcos Castro, quien declaró el 9 de julio, pocos días después de abrir la causa, y admitió conocer a Álvarez.

A fines de ese mes, el 25 de julio, Gajardo interrogó al exfuncionario del SII. "En esa declaración Álvarez agregó que existía otro contribuyente, el número 123, que también había obtenido devoluciones fraudulentas por casi $ 300 millones. Se trataba de Hugo Bravo", recuerda el exfiscal Carlos Gajardo, desde su oficina de Cerro El Plomo, en Las Condes. Gajardo estaba ese día acompañado de un funcionario del SII que, en línea, constató que lo que decía Álvarez era cierto. Tres días después, el fiscal allanó la oficina del ingeniero para acceder a sus correos electrónicos, una de las llaves para abrir el financiamiento político irregular. El 29 de julio el SII presentó su primera denuncia. Contra Bravo.

Ese 2014, en marzo, al SII había llegado como director nacional Michel Jorratt y como subdirector jurídico el abogado Cristián Vargas, funcionario de carrera, entonces jefe del Departamento de Técnica Tributaria de la Dirección Nacional del organismo. Por mandato, Vargas debía ejercer la acción penal por el organismo y al asumir, basado en informes sobre altos niveles de evasión tributaria en el país, definió junto a Jorratt un plan estratégico con nuevas orientaciones en el ámbito penal. El SII se propuso concentrarse entonces en casos relevantes, de alta significación económica, delitos de grandes evasores. La primera acción fue una denuncia contra los accionistas de Ripley en mayo de 2014. "En ese contexto aparece el caso Penta", declaró Vargas en 2015.

Hugo Bravo declaró por primera vez 38 días después de haber sido abierta la causa, frente a Gajardo, el fiscal Pablo Norambuena y el comisario Raúl Rojas, quien después estaría en la mayoría de las diligencias. Su primera declaración de 11 páginas resumía su trayectoria, recordaba que fue compañero de Lavín entre 1962 y 1966 en la PUC, que llegó a Penta en 1988 y que ganaba 26 millones de pesos al mes como gerente y director de empresas, más bonos anuales. También detalló cómo obtuvo devoluciones fraudulentas de impuestos en sus sociedades personales. "Reconozco que metí las patas", confesó. Bravo, sin embargo, no habló solo sobre sus propios asuntos. Ese día habló también de cómo algunos parientes de Délano y Lavín recibían pagos contra boletas por servicios inexistentes. Un mes después, en la primera quincena de septiembre, Bravo entregó los nombres de siete políticos que obtuvieron financiamiento irregular de Penta. Y el caso salió de la simple esfera de un grupo económico.

Bravo, quien sufría una diabetes mellitus desde antes de los años 80, falleció el 26 de febrero de 2017 sin alcanzar a recibir condena ni a declarar de manera anticipada en un tribunal. "Hugo Bravo termina siendo la cúspide de la colaboración", analiza Gajardo, quien renunció a la fiscalía en enero de 2018, descontento por los caminos que tomaron los casos Penta y SQM. Un rumbo tan inesperado como el de los tres cuadernos que escribió Hugo Bravo sobre su carrera en Penta, cuyo paradero es incierto y desconocido.

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