Era repetido que la percepción de La Moneda ha estado alterada, errática, poblaba de supuestos fantasmales. Se decía en voz baja en los corrillos de lo que una vez fue Chile Vamos, en voz alta entre las filas de la oposición, a modo de hipótesis en los centros de estudio. Faltaba la contundencia de una certeza política que quedara en ridículo.

Esa fue, al fin, la apelación al Tribunal Constitucional, que, mientras el gobierno la daba por segura, rebotó como si hubiese caído sobre una cama elástica. No es inútil recordar que el gobierno contaba con que el Tribunal repetiría lo que dijo en un fallo anterior, que fue obtenido con tirabuzón. Y que esto lo haría, además, una institución que está anarquizada por sus reyertas internas.

Ese clima también lo creó el gobierno. ¿A quién se le ocurre enviar a la principal asesora del Presidente con la misión estentórea, proclamada a los cuatro vientos, de “limpiar” el Tribunal? ¿Quién podría creer que cualquier hostilidad, como las ha habido en catarata, no estaría en conexión con La Moneda? Un organismo aporreado es un ente imprevisible. Y más todavía si el gobierno quiere traspasarle la responsabilidad de detener una disposición apoyada por sus propios partidarios.

El Tribunal tuvo la decisión -altamente antiestética, acaso para subrayar la situación en que está- de anunciar su rechazo a la petición del gobierno junto con la votación que salvó en el margen a la presidenta María Luisa Brahm de ser destituida. La enviada con license to kill ha estado al borde de ser expulsada por sus pares. ¿Nadie ve esto desde palacio? Cualquiera lo consideraría otro aviso, pero el gobierno parece inclinarse mecánicamente a creer que las advertencias no son advertencias, sino meras posiciones en un juego de manos.

El caso es que al perder su último recurso, el gobierno terminó de quedar solo: sin partidos, sin parlamentarios, sin organismos adicionales a los que recurrir.

Ningún gabinete soporta una hecatombe como esta. Quiéralo o no, el Presidente tendrá que mover algunas de sus piezas en una sola dirección: pedir ayuda. No hay más.

La derrota en el Tribunal Constitucional no ha venido sola ni fuera del tiempo. Se ha producido en el fatídico mes en que el mismo gobierno cometió su otro histórico error: aplazar las elecciones múltiples previstas para abril. Cuando se escriba la historia completa, quizás se consigne que la segunda ola de cuarentenas consiguió detener algo de los contagios; pero habrá que decir sobre todo que, en medio de la peor situación política de los últimos años, fue suspendido un proceso democrático que justamente debía empezar a resolver ese conflicto, por la vía de ir fijando el peso de cada cual.

Si esas elecciones se hubiesen realizado, otra sería la discusión actual.

Siempre es así. Cuando se juega con la democracia, la democracia se toma su desquite. Si los nobles fines de una autocracia médica se echan a competir con la necesidad de resolver un conflicto político de gran magnitud, pasa lo que ha pasado (no sólo en Chile): la arquitectura institucional termina de quebrarse.

Ya no hay orgullo personal que resista, en toda la línea institucional. El Presidente se empieza a acercar al nivel de prestigio de los partidos y el Congreso. Es la situación ideal para los aspirantes a cualquier tipo de cargos. Basta con elegir al tipo de enemigo institucional que parece más apropiado para sus electores: el gobierno, el intendente, el alcalde en funciones, cualquier cargo, cualquier persona.

En los días pasados, el gobierno y algunos de sus partidos han tomado algunas iniciativas para entablar diálogo con la oposición. Ya se verá la importancia táctica y estratégica que esto tenga para cada cual. Pero una cosa es nítida: el gobierno no puede sentarse en estas mesas con la actitud que ha tenido en los tres años pasados.

Ya no es el gobierno victorioso del 2018 ni el gobierno azotado del 2019. Ahora está derrotado.

No hay una experiencia como esta en la historia chilena reciente. No se puede echar mano a un ejemplo. Nadie antes había incurrido en una concatenación de errores o malas jugadas tan sistemáticas. Si el programa del gobierno quedó muerto o agónico después del 18-O, si su promesa del florecimiento económico se hundió junto con la parálisis de la pandemia, ahora ha caído también su expectativa de recuperación de último minuto.

Lo que le queda es el mínimo: administrar los procesos electorales de diez meses antes de apagar la luz en La Moneda.

Los presidentes chilenos tienden a ser arrogantes cuando están en su puesto; es una consecuencia psicológica del régimen de gobierno. La presidenta del Senado, Yasna Provoste, recordó hace unos días la brillante frase del Presidente Eduardo Frei Montalva: “No se humilla quien pide por la patria”. Humildad muy relativa, porque ese tenía que ser el tamaño de la petición, ni más ni menos: la patria. Esta vez ya no puede ser así: sólo diez meses.