Manuel José Ossandón en la mira por fraude al fisco

Manuel José Ossandón

En medio de la investigaciones que involucran al senador, ha surgido también voces sobre su posible precandidatura presidencial.

A la causa ya formalizada por tráfico de influencias se suma una nueva embestida de la fiscalía contra el senador Manuel José Ossandón. El alzamiento de sus cuentas reveló más de 100 transacciones bancarias sospechosas con su secretaria, que comprometen al Instituto Libertad de RN y a funcionarios del municipio de Puente Alto.




Sentada con sus manos entrelazadas y la mirada fija, escuchó atentamente al comisario Cristián Lizama.

-¿Usted sabe por qué está citada hoy a la Brigada Anticorrupción de la PDI?

María Paz King Suau, de 53 años, asintió y, un tanto nerviosa, preguntó: “Pero esta citación es como testigo, ¿cierto?”.

Eran las 10 de la mañana del 6 de marzo y la histórica secretaria del senador RN Manuel José Ossandón era interrogada por el policía que lidera el equipo que investiga el caso sobre asesorías parlamentarias irregulares. El fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Felipe Sepúlveda, había ordenado a la PDI citar a todos aquellos asesores o personal de apoyo cuyos sueldos parecían sospechosos por estar sobre el promedio. Hasta ese minuto efectivamente la mujer era testigo, pero su calidad en la investigación cambiaría radicalmente hace algunas semanas, cuando a su jefe se le alzara el secreto bancario y se descubrieran cientos de transacciones con ella, el senador y terceros.

La apertura de las finanzas de Ossandón no fue por este caso, sino por la causa de presunto tráfico de influencias que investiga el mismo fiscal, en la cual el parlamentario habría hecho gestiones para favorecer a una empresa de extracción de áridos vinculada a su hijo. La investigación -por la cual está formalizado desde fines de agosto- significó el primer golpe a una carrera política de décadas. Porque Ossandón -58 años, ocho hijos- comenzó en la pequeña alcaldía de Pirque el 92, pero luego saltó a la populosa Puente Alto y fue reelecto dos veces, con un 70 y un 80% de los votos. Con ese capital a su haber, el “Cote” se lanzó al Senado como nueva plataforma, y de ahí a la presidencial fue solo un paso. Compitió en una áspera primaria con Sebastián Piñera y, hasta ahora, era una de las cartas más potentes de su partido para La Moneda.

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Ese día de marzo, María Paz King era una testigo más. En el caso “Asesorías Parlamentarias” hay 271 personas que la fiscalía sospecha han recibido sueldos abultados, tanto en el Senado como en la Cámara. Al Ministerio Público le resultaba extraño que King fuera la persona del equipo de Ossandón con el sueldo más alto: $ 3.868.208 bajo el ítem “apoyo administrativo” y $ 262.373 por el mismo concepto al también senador RN Juan Castro Prieto. La secretaria ganaba incluso más que la jefa de gabinete del parlamentario, María Angélica Villadangos, cuyo monto era de $ 2.340.756.

El comisario se lo preguntó de frente:

-Señora María Paz, usted recibe un alto sueldo que le paga el Senado, muy superior a las remuneraciones que habitualmente el mercado paga a una secretaria, incluso, aún dentro del Congreso usted gana como ningún otro profesional, más que abogados… ¿Cómo lo explica?

King respondió que si bien era secretaria desde 1986, había estudiado también dos años Derecho en la Universidad de Las Américas. Explicó que conocía al senador Ossandón de la época en que era alcalde de Puente Alto. Cuando el detective le preguntó cuánto ganaba, dijo no recordarlo exactamente: “Creo que son $ 2.000.000”.

-Ha transferido alguna vez dinero al senador Manuel José Ossandón?

La secretaria contestó que no: “Todos los pagos recibidos como sueldo han sido ocupados para mis gastos personales y corresponden a servicios realmente prestados por mi persona. Nunca se realizaron transferencias electrónicas de dinero a parlamentarios, sus familiares, partidos políticos ni campañas políticas”.

-Una última pregunta… ¿Alzaría voluntariamente su secreto bancario?

María Paz King respondió con un “no” rotundo y se retiró del cuartel policial sin intuir que su respuesta sería retrucada más adelante.

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No había pasado ni media hora de la formalización de cargos por tráfico de influencias cuando los asesores de Ossandón hicieron correr un video. Allí el parlamentario decía estar con la conciencia tranquila y explicaba que “quienes continuamente nos hemos enfrentado a los grandes poderes políticos y económicos, recibimos la venganza de los poderosos (…); calificar la ley Longueira como corrupta, enfrentar a los bancos para quitarles privilegios o decirle a mi sector político que la distribución de ingresos es una vergüenza y que la codicia de unos pocos está matando al país, son denuncias incómodas para muchos, pero necesarias, y es lo que la gente espera”.

Por esos días, el Banco de Crédito e Inversiones (Bci) ya había mandado a la fiscalía las cartolas de las cuentas corrientes del senador. Cuando llegaron a manos de la Brigada Anticorrupción, vieron una serie de transferencias entre la secretaria María Paz King y su jefe, cuestión que permitió entonces al fiscal Sepúlveda ampliar el periodo de alzamiento de secreto bancario. El juez de Puente Alto, en que se tramita la causa por tráfico de influencias, le había permitido la diligencia, pero la había restringido sólo al periodo relacionado con ese asunto, es decir, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019. Pero la contradicción de King en su declaración llevó al jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad a ir por más. Según la tramitación judicial ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, el 1 de septiembre el fiscal ingresó un escrito en que apuntaba directamente a sospechas de fraude al Estado.

Un informe de la PDI sobre las cuentas bancarias de Ossandón detectó 95 transferencias bancarias entre el senador y su secretaria. Según el análisis, entre 2017 y 2019 el parlamentario le depositó cerca de $ 11 millones y ella, a su vez, le abonó a su jefe $ 42.426.692.

"Una explicación bastante plausible para el sinnúmero de transferencias bancarias que le hace la secretaria King Suau a su jefe Ossandón Irarrázabal es que pueda existir un acuerdo entre ellos para que ésta le entregue parte de su remuneración a aquel, lo que de ser efectivo deviene en un ardid para defraudar al Estado, al convenirse un sueldo simulado para la secretaria María Paz King, el que es pagado por el Estado de Chile, con rentas generales de la nación. De ser efectivo aquello, María Paz King derechamente entrega parte de su estipedio a su superior jerárquico, constituyendo estas sumas un verdadero “sobresueldo” del senador", dice el fiscal en su escrito a la justicia.

Al día siguiente, la jueza Irene Rodríguez acogió la petición y alzó las cuentas del senador por todo su periodo en el Congreso. Lo mismo hizo con King.

La policía pesquisa hoy depósitos en efectivo que presuntamente la mujer hizo a su jefe. En particular hay tres por $ 3.600.000, en cuyas papeletas figura como depositante “MPK”. La fiscalía la citará a declarar en los próximos días, pero ya no como testigo, sino como imputada por fraude al Fisco. “La diferencia entre las transferencias que King Suau le hizo a Ossandón Irarrázabal y las que éste realizó a aquella, sin considerar los depósitos en efectivo señalados en el párrafo anterior, se obtiene la suma de $ 31.204.443. Situación que llama particularmente la atención, puesto que no tiene explicación aparente que existan flujos de tanta relevancia desde la secretaria a su superior”, se lee en el documento.

En el escrito del fiscal se acusa que King “faltó a la verdad” en su declaración ante la policía y que “se puede sostener razonablemente que la mendacidad de sus dichos tiene directa relación con su interés de mantener ocultas estas transacciones, lo que nos hace dudar seriamente sobre la licitud de las mismas”. Y sobre su sueldo, también el persecutor plantea dudas: “Se puede entender que no tenga certeza del monto exacto que percibe, pero no parece creíble que haya errado de forma tan grosera en los montos, lo que denota un afán de ocultar el monto real de sus haberes”.

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El 2 de octubre pasado, el comisario Edson Figueroa tocó un par de veces la puerta del Instituto Libertad, ubicada en Galvarino Gallardo 1521, Providencia, pero nadie contestó. Al enterarse de la presencia policial, la directora del instituto, Consuelo Alvial, les dijo a los detectives que se reunieran en el inmueble colindante, que es la sede de RN. “¿Puede entregar de forma voluntaria la contabilidad del instituto? Estamos investigando unos pagos del organismo a la secretaria del señor Ossandón”, dijo el policía. La mujer dijo que debía consultar al directorio, pero no hubo respuesta.

La diligencia se enmarcaba en un nuevo hallazgo. Revisando las cuentas de María Paz King, la policía constató que entre el 5 de mayo de 2014 y el 28 de abril de 2015, la mujer recibió 14 transferencias del Instituto Libertad, por un monto total de $ 6.772.438. Once de los 14 traspasos son por $ 442.597. Luego, King aparece transfiriéndole un monto muy similar a su jefe, el senador Ossandón: $ 6.316.563. Solo una vez no ocurrió: el 28 de abril de 2015.

En la petición de incautación que resolvió la jueza Irene Rodríguez, el fiscal Sepúlveda dice que “no se entiende por qué si el destinatario final de estas sumas de dinero era Manuel José Ossandón, el pagador le abone a su secretaria María Paz King, para que esta le transfiera a él. El Instituto Libertad podría haber hecho los traspasos de dinero directamente a alguna de las cuentas del senador Ossandón”. La jueza dio curso a la diligencia y Figueroa con su equipo se hicieron de la contabilidad del think tank hace una semana. La situación ha generado incomodidad en RN, pues el Instituto ya era blanco de la indagatoria por la gran cantidad de informes que provee a parlamentarios.

“Los informes de asesorías emitidos por el Instituto Libertad han sido precisamente objeto de investigación, al igual que las asesorías prestadas por otros centros de estudio que se dedican a realizar similares actividades. El senador Manuel José Ossandón Irarrázabal, imputado en esta causa, no escapa a la norma y efectivamente ha encargado la realización de numerosos informes de asesorías parlamentarias al Instituto Libertad”, dice el fiscal Sepúlveda en un escrito judicial reservado. De hecho, un informe de la PDI de marzo del año pasado -que investigó las asesorías del Instituto Libertad a parlamentarios entre 2011 y 2016- sostiene que Ossandón compró 32 informes al centro de estudios, lo que, a ojos del fiscal, “conlleva, por cierto, el consecuente desembolso de fondos públicos para pagar el valor de cada uno de los informes en cuestión”. La fiscalía sospecha un ardid para defraudar al Fisco. “No se entiende que el Instituto Libertad le pague sumas de dinero al senador Ossandón y menos aún que sea a través de una intermediaria, su secretaria, quien, por lo demás, no tiene alguna vinculación laboral con el instituto que explique estos 14 pagos, que se realizaban con frecuencia mensual, por el lapso de un año. Esta misteriosa forma de proceder solamente genera dudas y suspicacias, puesto que, al parecer, se pretende evitar que terceros tomen conocimiento de tales transacciones”, apunta.

La sospecha de la fiscalía -según un escrito ante el Octavo Juzgado de Garantía- es que “estos dineros correspondan a una devolución al senador por sumas pagadas por asesorías externas. Un esquema que podría explicar esta extraña figura sería que Manuel José Ossandón se haya concertado con algún personero del Instituto Libertad para que se realicen informes de asesoría y se paguen con un “sobreprecio”, con cargo naturalmente a fondos públicos y que luego, una vez obtenido el pago por parte del Senado de la República, el Instituto Libertad haga devolución de esas sumas a Ossandón a través de su secretaria, quien acto seguido hace inmediata remesa al senador de dichos fondos”. Los pagos que están en la mira de la fiscalía fueron realizados en la época en que quien presidía el Instituto Libertad era justamente Roberto Ossandón, su hermano.

Todos los nuevos antecedentes fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado (CDE), el cual podría ampliar la querella que ya presentó contra el senador Ossandón, mientras en la investigación continúan apareciendo situaciones en torno a las cuentas del senador RN, que apuntan a otros presuntos delitos. Por ejemplo, la empresa Jardines Sergio Contreras Ltda. que se adjudicó la mantención de áreas verdes en el municipio de Puente Alto cuando Ossandón era alcalde -y continúa con estos servicios- que le deposita directamente un total de $ 60 millones. Esto mediante transacciones mensuales que oscilan entre los $ 2 millones y los $ 3 millones 600 mil. O transferencias de $ 700 mil de funcionarios de ese municipio a María Paz King, o un traspaso de $ 160 millones -en varias transacciones- de su hermano Ignacio a María Paz, las que luego son abonadas por ella a las cuentas de su jefe.

Desde la defensa del senador Ossandón desestiman las sospechas de los persecutores. Consultado por las transferencias hechas por King al parlamentario. “Estos están referidos, como se encuentra acreditado, a los dineros que su hermano le entregaba al senador. Esos dineros eran depositados en la cuenta de la señora King y ella los transfería a medida que se debían pagar obligaciones del senador, todo eso consta en las cartolas. Se los transfiere a ella porque ella administra los dineros para el pago de las obligaciones del senador”, señalan.

Respecto del salario que recibía María Paz King, la defensa de Ossandón asegura que ella desempeñaba tareas que iban más allá del rol de secretaria. “El sueldo que ella gana está ajustado a sus deberes y funciones. Ella ha prestado funciones al Instituto Libertad y por ellas se le ha pagado por dicha institución, en ello no hay nada raro. No es efectivo que se traspasen similares montos al senador”, afirman desde la defensa del parlamentario.

Para la defensa no existiría ninguna irregularidad. Aseguran que los pagos hechos por el dueño de la empresa de jardines a Ossandón corresponden a una deuda de Sergio Contreras con el senador. “Es evidente que no puede tener nada que ver con licitaciones, ya que él no tiene ningún rol en la municipalidad”, aseveran.

Por lo pronto, el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, ya decidió que cuando solicite la formalización por fraude al Fisco en contra del senador, pedirá su desafuero en la Corte de Apelaciones de Santiago.

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