Se busca pistolero en Santiago: el negocio de la muerte por encargo

Una bala le atravesó la espalda a Mayra, una niña de 13 años. Estaba bailando para un videoclip de un artista urbano en la esquina de Carlos Marx con Eugenio Matta, en la población La Victoria, de Pedro Aguirre Cerda. Había familias y niños viendo el espectáculo. Cuando Mayra sintió los ruidos de balas y los gritos, decidió correr. Fue allí donde recibió el impacto. Alcanzó a correr un par de metros más antes de desplomarse. Eran las 21.15 del 23 de diciembre de 2023.

Una de las personas que dispararon fue Luis Herrera, un ciudadano venezolano que vive desde el año 2022 en Chile. Según la investigación del OS-9 y ECOH, Herrera pasó en un auto con otros tres acompañantes a una caleta -casa donde se venden drogas- para recoger unas armas de fuego. Luego, fueron a buscar a sus objetivos: los soldados de una banda rival. Los encontraron en la esquina donde estaban grabando el videoclip. No les importó que hubiera más gente allí, que no tenía nada que ver con esa disputa.

Abrieron fuego y tres personas murieron: Mayra, además de dos hombres. Otras tres personas resultaron heridas con disparos en piernas y tórax. Una de ellas, de tercera edad, era una familiar de la niña de 13 años. Un perro que pasaba por el lugar también recibió un balazo. Mayra falleció más tarde en el Hospital Barros Luco.

El persecutor Carlos Yáñez, de la Fiscalía Metropolitana Sur, llegó al sitio del suceso ese día. Allí, se dio cuenta de que los pobladores estaban haciendo barricadas y atacando a los carabineros. La muerte de una niña inocente los había remecido.

Yáñez quedó a cargo de la investigación. Su trabajo logró identificar a Luis Herrera. Allí, se encontró con su pasado: “Su nombre real en Colombia es Luis Herrera Pino. Pero en Venezuela sacó otro nombre: Luis Herrera Pájaro. Con ese nombre llegó a Chile y se le otorgó un RUT provisorio”, dice el fiscal. Herrera vivía en la misma población La Victoria.

El teniente coronel Fernando Bozo, jefe de operaciones nacional del OS-9 de Carabineros, también indaga el caso. Dice que esto es parte de un enfrentamiento entre dos bandas rivales que quieren ganar el dominio de La Victoria y de Pedro Aguirre Cerda: la banda de Cristian Acevedo Álvarez, el Guatón Cristian, y la de José Galarce Gallardo, Joselo, dos históricos narcotraficantes de la comuna que llevan 10 años disputándose ese lugar.

Herrera y los otros pistoleros, dice Bozo, son miembros de la banda del Guatón Cristian. Tenían por objetivo eliminar a soldados rivales. Pero acabaron también con la vida de una menor que solo estaba allí para bailar.

Todo esto habla de un fenómeno que las policías y la Fiscalía observan desde hace un par de años: las bandas chilenas están tercerizando la muerte a sicarios extranjeros.

Cuando terminó la pandemia, dice Héctor Barros, fiscal regional metropolitano sur y fiscal regional coordinador ECOH, el Estado chileno se enfrentó a la crisis de migración creciente y al ingreso de bandas desde el extranjero. En ese contexto, cabía hacerse una pregunta: ¿Cómo se iban a relacionar las pandillas nacionales con las extranjeras?

Barros dice que había tres escenarios posibles. “Uno, donde se enfrentaran chilenos con extranjeros. Otro, donde cada uno se mantuviera en determinadas zonas territoriales y en delitos específicos. Y un tercero, donde se unieran o vincularan. Este último fenómeno es el que ya estamos indagando en algunas causas ECOH”, plantea el fiscal. “Una de esas causas es este triple homicidio”, añade Barros. “Aquí estamos investigando igualmente si bandas chilenas pagaron a sicarios extranjeros para cometer estos homicidios”.

Bozo dice que, en un principio, las bandas extranjeras tomaron sectores para realizar ilícitos: contrabando, receptación de especies robadas en Franklin o en el Persa Bío Bío, que fue más fácil tomar para ellos mediante la fuerza o la intimidación.

Sólo que estas bandas extranjeras no pudieron entrar en ciertos territorios. Entre ellos, las poblaciones históricas del sector sur de la capital. Allí, dice Bozo, se encontraron con una mayor organización y poder de fuego para hacerles resistencia.

Luis Toledo, exfiscal jefe de la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional y académico de la Universidad San Sebastián, dice que los extranjeros tampoco previeron algo: en esas poblaciones las bandas tienen muchos soldados que son adictos, también, a la mercadería que ofrecen esos carteles. Por eso, les son leales. Esto fue un cortafuegos para su irrupción.

Toledo añade, eso sí, que hubo momentos donde ambos mundos midieron fuerzas.

-Hace unos dos años abundaban las balaceras en el sector de Franklin, en el sector sur de Santiago Centro. O en San Bernardo. Eran balaceras inmensas, con muertos. Yo te diría que allí se empezaron a medir el pulso organizaciones criminales nacionales con las extranjeras, venezolanas y colombianas.

Toledo agrega algo más.

-Si te das cuenta, eso ya no pasa más. Ya no existen esos enfrentamientos. Ese momento es el punto en el que hicieron el acuerdo los chilenos y los extranjeros.

Según Bozo, en el OS-9 registran que, después de la pandemia, entre fines del 2021 y 2022, fue el momento en que los extranjeros se sumaron a las bandas chilenas:

-Como no pudieron ingresar, las organizaciones criminales mutaron e hicieron tratos con los chilenos -dice Bozo-, que ya tenían su organización andando. Así, terminaron siendo sicarios y soldados de los chilenos.

Las cifras avalan las tesis de los investigadores. Los homicidios en Pedro Aguirre Cerda el año 2023 subieron de 7 casos el 2022 a 16 casos el 2023, dicen datos de Carabineros. Según cifras de la Fiscalía Nacional, los delitos por Ley de Armas en esa comuna se dispararon: si el 2019 hubo 41 detenidos, el 2022 hubo 70, y el año pasado creció a 103. Asimismo, en el sector hay más homicidios sin imputado conocido: si el 2022 se listaban 3 causas de ese tipo, esa cifra creció a 8 casos el año pasado, y 4 hasta el 30 de abril de este año.

El fiscal Barros dice que parte de la integración entre bandas se explica por la diferencia de mercados que explotan.

-Las bandas nacionales son más estáticas y continúan enfocadas especialmente en lo relativo al tráfico y microtráfico de drogas, a los robos violentos, encerronas y portonazos, entre otros. En el caso de imputados extranjeros -y especialmente venezolanos, seguidos por colombianos, peruanos y dominicanos-, el abanico de delitos es más amplio. Suele ir renovándose y se relaciona, entre otros, con secuestros extorsivos entre ciudadanos de otros países, estafas, homicidios, trata de personas, hurtos y robos de celulares, donde, junto con vender estos artículos para la receptación, acceden a la información que estos contienen y, a partir de ello, cometen otros ilícitos cibernéticos y económicos.

Lo otro que explica Barros es que los chilenos siguen enfocados en la cocaína y la pasta base. Eso los diferencia de los venezolanos y colombianos, que son los principales traficantes de ketamina. “Eso, además, ha generado secuestros y homicidios entre organizaciones de esos dos países”, afirma.

La consecuencia ha sido una clara división de la Región Metropolitana en cuanto a la comisión de delitos. El norte está bajo control extranjero, mientras que el sur es chileno. Hay datos que avalan esto, dice Barros.

-Las organizaciones transnacionales -extranjeras- operan con mayor frecuencia en la zona céntrica de Santiago, en comunas aledañas del sector norte y en el sector de los terminales de buses en Estación Central -dice-. En el caso de las organizaciones criminales nacionales, por lo general continúan cometiendo sus delitos en determinadas poblaciones o sectores de las comunas de la Región Metropolitana, donde tradicionalmente operan.

Según Bozo, los extranjeros se integraron a un eslabón de la cadena que los chilenos necesitaban llenar. Lo explica así: las bandas chilenas se encargan de comprar y mover la droga. Esta llega a casas de almacenamiento, que en el ambiente se llaman “caletas”. Son inmuebles en desuso, gran parte de ellas viviendas sociales, que están blindadas, vigiladas por cámaras y reforzadas para que a las policías les cueste más ingresar.

-Mientras más caletas tienen en un barrio, cubren de mejor forma su sector para tener mejor acceso a ventas de droga. E incluso a poner bajo sus propios términos los valores.

En este modelo de organización, los chilenos son los que venden la droga y se encargan de las “caletas”. En cambio, los extranjeros no se dedican a vender. Ellos son los “soldados”: pistoleros dedicados a eliminar a otros soldados de las bandas rivales para ganar el control de más “caletas”.

Tanto el Guatón Cristian como el Joselo, dice Bozo, a pesar de estar presos por homicidio en el Centro Penitenciario Santiago Sur, siguen coordinando su banda desde la cárcel. A Bozo esto no le llama la atención. Lo pone en contexto: tanto el Tren de Aragua como otras grandes bandas organizadas han nacido dentro de las cárceles.

También cree que hay un factor que prima para entender que las bandas chilenas se hayan dado cuenta de la ventaja de utilizar extranjeros. Dice que los eligen porque llegaron de forma irregular a Chile.

-Ellos no se hacen delincuentes en Chile. Se mantienen irregulares porque tienen historial delictual en sus países de origen- afirma.

La muerte de Mayra en La Victoria también reveló el precio que tiene matar a una persona en Santiago.

Según lo que explica Bozo, los miembros extranjeros llegaron a ocupar ese rol específico en las bandas chilenas por varios factores. Aunque, principalmente, por uno económico.

-El trabajo sucio lo hace el que tiene el menor poder adquisitivo, porque tiene el rol menor, el rol sucio, de portar armas de fuego. Ese sujeto también tiene mayor riesgo de ser detenido, pero también de ser abatido. Son más avezados, a cambio de una menor retribución económica.

Bozo detalla algo más.

-Un homicidio para ellos puede ser parte de su rentabilidad diaria o por encargo. Su precio puede ir de los $300 mil hacia arriba, con un promedio de un millón de pesos. El precio depende de la importancia que tiene la víctima en la banda rival, o la dificultad de ejecutar el crimen.

Lo otro que explica es que, a pesar de que hacían el mismo trabajo en sus países de origen, acá en Chile reciben más dinero por ese mismo encargo. Su pago, también, rinde mucho más.

Así lo han visto en la Fiscalía Metropolitana Sur. Desde allí señalan que en una escucha telefónica realizada el año 2019, en el marco de una investigación contra la banda Los Risas, -grupo nacido en la población La Bandera- y la banda de Vladimir Soto, el “Cogote de Toro” -quien operaba desde San Ramón-, sujetos mencionan que Soto ofreció $1 millón por cada colombiano narco muerto.

Esto desata un gran problema, asegura el fiscal Barros. Dice que la forma en la que actúan los extranjeros va a traspasarse a la cultura del narco chilena.

-Lo complejo de este escenario de vinculación es que provocaría un aumento de la violencia en los delitos que cometen bandas nacionales. Eso puede quedar asentado en determinados territorios de zonas vulnerables de la Región Metropolitana, más allá de la presencia o no de extranjeros. Además, impacta el relacionamiento o “contaminación” que se puede dar entre chilenos y extranjeros al interior de las cárceles.

Herrera, supo el OS-9, se dio a la fuga por un paso no habilitado en el norte de Chile. Fue en ese momento en que levantaron una alerta internacional en Interpol. Herrera llegó hasta Bucaramanga, en Colombia. Se registró en un motel el 25 de mayo pasado. Eso generó una alerta en Interpol, lo que provocó su captura por la policía de ese país.

Desde el OS-9 y el Ministerio Público indican que otros miembros de la banda ya fueron identificados y tienen información de que están fuera de Chile. Por eso, se va a realizar el mismo procedimiento que hicieron con Herrera.

Según el fiscal Yáñez, Herrera tenía en Chile irreprochable conducta anterior. Desde el Ministerio Público de Colombia también dicen que Herrera en su país no tenía antecedentes, aunque indican que en su sistema figura con nacionalidad venezolana, y que no tienen información respecto de los antecedentes que tenía en ese país. Herrera fue formalizado -aunque estuviera ausente- por la Fiscalía chilena, que también elevó un recurso a la Corte de Apelaciones para su extradición a Chile.

Los otros miembros de la banda, indica Bozo, también están fuera del país. La pena asociada a los delitos de Herrera, adelanta Yáñez, llegan al presidio perpetuo.

Para el fiscal Yáñez, lo más difícil al indagar la causa del triple homicidio en La Victoria ha sido la falta de colaboración de los testigos presenciales. “Todos tienen miedo. Nadie se atreve a señalar nombres ni a identificar a nadie, porque tienen miedo de que esto les pase a ellos también”.

Aunque lo que más le llama la atención a Yáñez es la forma en que actuaron Herrera y sus cómplices.

-Son sujetos que, armados con pistolas y revólveres, van a un lugar en plena vía pública, a las nueve de la noche, a disparar a matar. A las víctimas les dispararon a quemarropa, sin pensarlo. Hubo gente que se tuvo que agachar para que no les llegara un disparo. Y cuando dos de las víctimas huyen, ellos les siguen disparando, a pesar de que había un tumulto de gente grabando este video.

Bozo también reflexiona en ese punto.

-Nos preocupa que las bandas lideradas por chilenos ocupen a estos sujetos que tienen una ponderación menor a la vida. Tienen un perfil más sanguinario y violento, que años atrás no se veía en Chile. Años atrás los choros se mataban entre ellos, en forma planificada, buscando un lugar donde no había terceras personas. Hoy, este sujeto tiene un perfil sin estructura. No tienen códigos ni apego a la vida. Ni a la de ellos ni a la de terceros.