Ahora va al Tribunal Ambiental: La arremetida que alista Ana Lya Uriarte en contra de megaproyecto en Vitacura

Conversatorio Focus UC

En la Casa Central de la UC se realizóo el Conversatorio Focus UC: Ideas que cambian Chile. Contó con la participación de Ana Lya Uriarte y Felipe Kast. Foto : Andres Perez

En solo 50 minutos, el pasado lunes la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana respaldó tres proyectos de inversión que suman en total US$461 millones. Entre ellos figuran el megaproyecto "Conjunto Armónico Portezuelo de Vitacura", y el Data Center de Google Chile, que obtuvo su permiso ambiental.




Cada vez menos instancias de reclamo le queda a un grupo de vecinos opositores al megaproyecto de Inmobiliaria L&L –de propiedad de la familia Larraín–, denominado Conjunto Armónico Portezuelo, que considera una inversión de US$250 millones y la construcción de 15 edificios a los pies del cerro Alvarado, en Vitacura.

El pasado lunes un fuerte respaldo entregó el gobierno a la iniciativa, luego que la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana rechazara de manera unánime la solicitud de invalidación del permiso ambiental del proyecto que presentó este grupo de vecinos de la comuna en octubre del año pasado, representados por la exjefa de gabinete de Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte, y la abogada Valentina Durán.

En la sesión, que presidió Diego Riveaux, Secretario Regional del Ministerio de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, los funcionarios no sólo respaldaron este proyecto, sino que también aprobaron el permiso ambiental del Data Center de Google Chile en Cerrillos, cuya inversión total asciende a US$200 millones y la del Parque Fotovoltaico Ineusol de KPF SpA de US$11 millones. Es decir, la instancia en sólo 50 minutos aprobó iniciativas por US$461 millones.

Respecto del proyecto Portezuelo, la instancia concluyó que "los recurrentes no han acreditado la existencia de vicio o ilegalidad, así como tampoco han demostrado la existencia de un perjuicio, no pudiendo desvirtuar la presunción de ilegalidad del acto administrativo consagrada en el inicio final del artículo 3 de la ley N°19.880", concluyó la resolución que se hizo pública el pasado viernes.

Entre los opositores al megaproyecto de Vitacura se encuentra la cuñada del Presidente Sebastián Piñera, María Eloisa Morel; la encuestadora y fundadora de Latinobarómetro y MORI Chile, Marta Lagos; el ex director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), Carlos Huneeus y Bernardo de la Maza, periodista y ex conductor del noticiario 24 horas de Televisión Nacional de Chile (TVN).

"Ahora, agotada la vía administrativa, podemos recurrir a los tribunales ambientales, que es la acción que seguiremos", anticipó Uriarte en conversación con La Tercera PM.

A su parecer "la aprobación de un mega proyecto inmobiliario como Portezuelo vía Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en circunstancias que legalmente corresponde evaluarlo por medio de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es una transgresión a la legalidad vigente, lo que ya es muy grave, y además implica abdicar de la obligación de velar por el bienestar y calidad de vida de los habitantes de la ciudad, cuestión que nunca debe ocurrir cuando lo que corresponde es velar por el interés común por sobre los intereses particulares cualquiera que estos sean".

"Pensar agregar 2.964 estacionamientos adicionales sin medidas de mitigación estructurales que resuelvan completa y genuinamente el problema, producto de un procedimiento en que los vecinos fueron acallados, en los hechos implica abdicar de la gestión urbana al servicio del ciudadano", consignó la minuta de la abogada leída ante la sesión.

En tanto, Marta Lagos explicó que como vecinos se reunieron el año pasado con diversas autoridades para alertar las -según ella- graves falencias viales que conllevaría el proyecto inmobiliario. Sin embargo, alegó que no fueron escuchados y que el propio Seremi de Transportes, Eddy Roldán les dijo: "Ustedes contraten un experto, revisen el EISTU y si tienen una objeción, vengan para acá. Esa fue la respuesta que nos dio. Entonces, como dicen los gringos 'who cares' (a quién le importa) si el EISTU (Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano) fue aprobado, ellos no están en condiciones de decir que aquí hay que hacer lo mejor para la ciudad. Esta ciudad está siendo destruida por estos procesos".

La solución que podría viabilizar la iniciativa pasa por "soterrar un tramo de la Costanera Norte y hacer dos túneles y un puente al menos", alertó Lagos. Mientras los opositores del proyecto de Google Chile declinaron efectuar declaraciones, aduciendo que se deben reunir para definir los próximos pasos a seguir, los cuales presuntamente derivarían en terminar la vía administrativa solicitando la invalidación de la RCA y luego acudir al Tribunal Ambiental de Santiago.

Fallida participación ciudadana

La tramitación de los megaproyectos de Inmobiliaria L&L y Google Chile no solo tienen en común que la entidad especializada como el Servicio de Evaluación Ambiental le haya entregado su respaldo previo a la votación de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, sino que también ambas iniciativas no contaron con un proceso de participación ciudadana. Ambas también obtuvieron su RCA con una Declaración de Impacto Ambiental y ambas también forman parte de las carteras de iniciativas de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables del ministerio de Economía (GPS).

En ambos proyectos, la Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Andelka Vrsalovic rechazó abrir un proceso de participación ciudadana. En caso del Data Center de Google, Claudia Fuentes, presentó una solicitud de Proceso de Participación Ciudadana con 377 vecinos, pero la solicitud fue desestimada por extemporánea.

Mientras, en el caso del proyecto Portezuelo, la funcionaria también desestimó abrir un proceso de participación ciudadana, asegurando que la iniciativa inmobiliaria "no genera cargas ambientales en las comunidades próximas".

En este caso, los concejales Felipe Irarrázaval, Francisca Cruzat y Cristián Araya de la comuna de Vitacura habían solicitado la apertura de un proceso de participación ciudadana. Entre los que solicitaron el inicio de la PAC y que fue desestimado figuró José Manuel Urenda, presidente de Agunsa y Anita Domínguez, ambos vecinos de Vía Aurora.

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