Caso del puente Pío Nono: El dilema ante el respaldo a Carabineros que atravesó las complejas horas de La Moneda

En Palacio admiten que el episodio complica al gobierno y que abre una serie de flancos que los mantienen en alerta: nuevamente se pone en jaque el rol de Carabineros y el tema de los derechos humanos; se reflota una acusación constitucional contra el ministro Pérez; y dicen que también propicia el ambiente para que se cumpla lo que varios creen: un segundo estallido social.


El viernes llegaron varias alertas internas que encendieron de inmediato las alarmas en La Moneda. Lo primero que supieron es la información de que, en el marco de las manifestaciones que había ese día en Plaza Italia, un joven había caído desde el puente Pío Nono al río Mapocho.

En ese momento, Interior se puso a recopilar información junto a la Segegob para ver cómo ocurrieron los hechos. Los hechos, además, habrían sido informados de inmediato al Presidente Sebastián Piñera.

De a poco el tema comenzó a crecer y empezaron a circular registros audiovisuales en redes sociales, en los que se ve al joven cayendo del puente hacia el río, luego que un funcionario de Carabineros lo persiguiera, hecho que la fiscalía indaga como un presunto homicidio frustrado por parte del uniformado.

A las 21.50, Carabineros realizó una vocería, a cargo del teniente coronel Rodrigo Soto, en la que la institución negó en más de una ocasión tener algún vínculo con los hechos. “Por ningún motivo Carabineros arrojó a esta persona al lecho del río”, dijo Soto, agregando que “quiero ser reiterativo, Carabineros desmiente este tipo de situación”.

Estas primeras declaraciones de Carabineros no cayeron bien en el Ejecutivo, según cuentan varias fuentes de gobierno. Esto, porque pusieron en una situación compleja a La Moneda: si bien la institución negó los hechos, en paralelo circulaban varios registros del incidente, por el cual, al día siguiente, el Ministerio Público detuvo al carabinero involucrado y estableció un presunto homicidio frustrado.

De hecho, de acuerdo a las mismas fuentes, el gobierno le pidió a Carabineros precisar la información. Y así fue. Ese viernes, a las 23.51, el mismo teniente coronel subió un video a la cuenta de Twitter de la institución aclarando que lo que había desmentido era que “se haya tomado de los pies a esta persona”.

El sábado, en tanto, hubo una tercera versión de Carabineros. A las 10.11, el general Enrique Monrás sostuvo que “lo que sucedió ahí es una detención. Lamentablemente al intentar detenerlo esta persona cae”. Y agregó que “(el joven) pierde el equilibrio y cae por la baranda, cayendo a la ribera del río Mapocho”.

Mientras se difundían esas distintas versiones, La Moneda se mantenía en silencio. Pasaron varias horas hasta que el ministro del Interior, Víctor Pérez, saliera a realizar una declaración en el patio de Los Naranjos. A esas alturas, en el gobierno reconocían que estaban en una situación compleja debido a que otra vez se ponía en jaque a la institución y varios recordaban el episodio de 2018 que terminó con la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca en manos de Carabineros.

En ese sentido, Piñera y los ministros del comité político discutieron cuál sería la bajada comunicacional. Esto, en un escenario en que, según varios personeros de gobierno, no pueden quitarle el respaldo a la institución en la antesala de la conmemoración del estallido social.

Así, en el Ejecutivo reconocen que hubo una discusión respecto a cuál sería el tono para defender a la institución y que hubo dificultades para encontrar un balance entre la importancia de tener a Carabineros durante todo el mes de octubre y, a la vez, no aceptar un abuso o vulneración de los derechos humanos. Y en ese aspecto -admiten fuentes de gobierno- “conviven almas muy distintas”.

Así, finalmente se zanjó mantener un fuerte respaldo hacia la institución y poner el peso en que son los tribunales de justicia los que tienen que resolver, una bajada que fue plasmada en una declaración que envió Presidencia a las 13.13 del sábado, y además en una vocería de Pérez. “El gobierno de Chile rechaza y condena categóricamente toda acción que atente contra los derechos humanos, en cualquier lugar, tiempo o circunstancia (...). El gobierno respalda la necesaria y fundamental labor de Carabineros, en cumplimiento de su mandato constitucional de resguardar el orden público y la seguridad ciudadana de todas las personas, dentro del marco de sus protocolos”, decía el escrito de Presidencia.

En todo caso, en La Moneda afirman que este episodio es muy distinto al de Catrillanca. Primero, porque no terminó con una muerte, no dice relación con el conflicto mapuche y porque, a diferencia de esa oportunidad, el gobierno “no se abanderizó” con ninguna versión y recalcaron que serán los tribunales los que resuelvan.

Los flancos

En La Moneda reconocen que el episodio les abrió un flanco por varias razones. Primero, porque Carabineros entregó versiones distintas; en segundo lugar, porque en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscalía se le acusó a la institución de querer “encubrir” los hechos, argumentando que funcionarios de Carabineros realizaron llamadas telefónicas a los fiscales Centro Norte de turno para decir que el adolescente había caído.

Estos dos episodios, sostienen fuentes de gobierno, serían los más graves, porque dan cuenta de que Carabineros continúa teniendo un problema de fondo, pese a que, recalcan, se han “hecho esfuerzos”.

En tercer lugar, les generó una complicación, según dicen en el gobierno, porque nuevamente se pone en jaque el alto mando de Carabineros y la continuidad del general director, Mario Rozas; en cuarto lugar, porque se reactiva la acusación constitucional en contra del ministro Pérez; y porque, además, propicia un ambiente para que ocurra lo que varios temen: un estallido social 2.0.

De hecho, sobre Rozas, si bien Pérez sostuvo el domingo que “con apuntar con el dedo a otro, no superaremos esta dificultad”, en Palacio dicen en privado que eso corresponde a una decisión presidencial y que solo Piñera sabe finalmente si hará o no un cambio. En todo caso, a diferencia de otras ocasiones, en La Moneda no ha habido un respaldo cerrado a Rozas. De hecho, el ministro vocero Jaime Bellolio dijo ayer en TVN que “siempre cada uno de nosotros está en revisión”.

En ese sentido, en el Ejecutivo dicen que el futuro del director de Carabineros -quien por estos días debe presentar su propuesta de nuevo Alto Mando al Presidente- es una situación que está analizando Piñera, quien hasta ahora se ha mantenido en silencio. En medio de este escenario, el jefe de gabinete se reunirá hoy en la tarde con Rozas, cita en la que se espera que aborden los hechos.

Preocupación por Chong

Fuentes de la institución aseguran que Rozas se ha mantenido en contacto con los generales del Alto Mando para que lo puedan ayudar a preparar su presentación hoy ante la comisión de Seguridad Pública de la Cámara. Además, lideró una reunión por Zoom con algunos oficiales en la que también abordaron el caso.

Los cercanos a Rozas dicen que está tranquilo. Lo que más ha “incomodado” en la policía uniformada es lo relativo a la supuesta obstrucción a la investigación, pues aseguran en la policía que nunca hubo ánimo de torpedear la indagatoria del Ministerio Público.

Otra cosa que genera “preocupación” es que sea la fiscal Ximena Chong quien lleva el caso. En Carabineros las relaciones con la persecutora no son de las mejores, principalmente desde que asumió las pesquisas del caso de Gustavo Gatica, donde interrogó al general Rozas y al general Ricardo Yáñez. Por lo mismo, ayer entre algunos oficiales de la institución comenzaron a circular publicaciones de la fiscal Chong en su Instagram, en las que hacía menciones al “estallido social”.

Múltiples reuniones

En Palacio han tenido que abordar públicamente en varias ocasiones el tema y han sostenido varias reuniones para ver cómo enfrentarlo. El ministro Bellolio, por ejemplo, se reunió el sábado por la tarde con diputados de Chile Vamos para transmitirles la postura del gobierno. Ahí, según presentes, se abordó potenciar el discurso de condenar la violencia venga de donde venga; desestimar la acusación constitucional contra Pérez, y destacar los proyectos que ha impulsado el gobierno. Esto último, de hecho, en línea con la minuta de contingencia que envió hoy la Segpres.

En ese texto se señala que “el gobierno desde sus inicios promovió la reforma a las policías con el primer acuerdo por la seguridad nacional, luego del estallido; la reforma a Carabineros del Consejo ha acogido las recomendaciones de organismos internacionales respecto al actuar de policías acorde a protocolos de DD.HH. Se han logrado importantes avances y deben continuar en la senda de la reforma”.

En tanto, ayer, el mismo día de la formalización del carabinero, Piñera se reunió vía Zoom con su comité político, mientras que hoy abordó el tema de manera presencial con su equipo político. En esta última instancia, según fuentes de gobierno, el Mandatario lamentó los hechos y pidió destacar los avances que se han hecho en la institución en cuanto a los protocolos y los proyectos que están en trámite.

Asimismo, Interior está preparando una serie de anuncios nuevos en la materia, con lo cual buscan ir descomprimiendo el tema. Esto, debido a que está instalada la preocupación de un posible segundo estallido social, por lo que son varios los que proponen acelerar las iniciativas -relacionadas al orden público- que están en trámite en el Congreso con el objetivo de estar preparados ante ese escenario.

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