Caso Intervalores: Fiscalía indaga nueva arista por facturas falsas y amplía formalizaciones por millonaria estafa

urenda

Gabiel Urenda y Sebastián González, únicos imputados del caso Intervalores.

Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago amplía plazo de investigación a Ministerio Público por nuevas diligencias, entre los cuales se cuenta un peritaje contable de la Policía de Investigaciones.




El pasado viernes, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, se llevó a cabo la audiencia de reformalización de Gabriel Urenda Salamanca –hijo del ex senador UDI Beltrán Urenda Zegers– y Sebastián González Chambers, fundador del fallido holding financiero Intervalores y ex gerente comercial, respectivamente.

Ambos imputados permanecen en prisión preventiva en el penal Capitán Yáber desde el pasado mes de noviembre de 2018 por los delitos de entrega de información falsa al mercado y apropiación indebida. Según acusa el Ministerio Público, Urenda y González lideraron un esquema defraudatorio cuyos perjuicios suman en total $12.000 millones, contabilizando actualmente 87 víctimas.

En la audiencia, el tribunal otorgó un nuevo plazo en la indagatoria de 90 días debido a una serie de diligencias pendientes que aún no concluyen y que para la fiscalía resultan claves para establecer las responsabilidades de los hechos.

Según fuentes de la investigación, entre las diligencias pendientes se encuentra un peritaje contable de la PDI y algunas pesquisas de la Brigada de Delitos Económicos, vinculadas a la toma de declaraciones de testigos.

En tanto, el tribunal desestimó la petición de los abogados defensores que apuntaron a revocar la cautelar de prisión preventiva que pesa sobre Urenda y González. Ello, debido a que para el tribunal los argumentos no habían cambiado desde que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara dicha petición.

Nueva arista de facturas falsas

Por otro lado, el tribunal fijó para el próximo 5 de julio la formalización de la ex sub-gerenta de inversiones de Intervalores, Graciela Iturra, y Aníbal Macera, ex ejecutivo de la oficina de Intervalores en Concepción por los delitos de estafa, junto a Pedro Machuca. El pasado miércoles los abogados Rodrigo Molina y Paula Vial asumieron la defensa de Iturra.

Uno de los aspectos más relevantes del caso es que la indagatoria del Ministerio Púbico vivió un nuevo vuelco. Ello luego de que en la audiencia, la fiscalía detallara una serie de antecedentes que apuntan a la emisión de facturas ideológicamente falsas, lo cual podría derivar en que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se haga parte del proceso.

Se trata de actuaciones que Urenda habría realizado, según la fiscalía, de manera irregular con dos factoring a quienes habría defraudado.

En el primer caso, el 21 de septiembre de 2016, Omega Factoring S.A. celebró un contrato con la sociedad Salodi Construcciones SpA, representada por el imputado Pedro Machuca Urriola, con el cual se convino que la segunda sociedad le cedería a la primera facturas que dieran cuenta de créditos pagaderos a plazo, anticipándole los recursos respectivos.

Posteriormente, el 28 de enero de 2017, la empresa de factoring Servifin Servicios Financieros SpA celebró un Contrato de Factoring con la sociedad Ricardo Espinoza e Hijos Limitada, representada por el imputado Ricardo Espinoza Segura, siendo la primera sociedad el factoring y la segunda sociedad la cliente. En virtud de este contrato, el 10 de octubre de 2017 el imputado Espinoza Segura cedió a la víctima su factura N° 192, la que fue emitida el día 16 de septiembre de 2017 por RESSO SpA a Inversiones Intervalores Capital Limitada por el monto de $ 69.889.019, cuya glosa se denominó: "EDP 3 Ingeniería Detalle Final Proyecto Reciclo Agua de Relaves Codelco Ministro Hales", consignó la fiscalía en la audiencia.

Según relató la Fiscalía, "el imputado Gabriel Urenda Salamanca, con el fin de obtener recursos de manera Ilícita para sí y defraudar a diversas compañías de factorings, se concertó con el coimputado Ricardo Espinoza Segura, quien es dueño y representante de la sociedad Ricardo Espinoza e Hijos Limitada, actualmente RESSO SpA y con el coimputado Pedro Machuca Urriola, dueño y representante legal de Salodi Construcciones SpA, para que aquellos emitieran a las sociedades de Urenda Salamanca Inversiones Intervalores Capital Limitada, Intervalores Corredores de Bolsa S.A. e Inversiones Gama S.A. diversas facturas que daban cuenta de servicios inexistentes, ideológicamente falsas, con el fin que Espinoza Segura y Machuca Urriola las cedieran a empresas de factoring y obtuvieran el importe de aquellas, sumas de dinero que se repartirían con Urenda, quien por su lado tampoco incorporó tales facturas a la contabilidad de las sociedades, lo que demuestra de forma palmaria la falsedad de las operaciones que dan cuenta las facturas, defraudando de esta manera a las empresas de factoring, al hacerles creer Espinoza, Machuca y Urenda a sus personeros que tales instrumentos correspondían a operaciones reales, lo que en la especie no era efectivo y que una vez efectuado su cobro se pagarían, lo que tampoco era cierto".

Críticas de la defensa

Ignacio Ried, abogado defensor de Sebastián González acusó una "actitud inconsistente" por parte del Ministerio Público, pues en la audiencia del pasado 14 de mayo el fiscal Felipe Sepúlveda "nos reconoció una colaboración sustancial con el esclarecimiento de los hechos (atenuante) y por lo mismo, dijo que no era necesaria una prisión preventiva".

"Que el Ministerio Público desconozca sus acuerdos de colaboración, finalmente crea un precedente negativo para ellos mismos, porque no va a haber de ahora en adelante ningún incentivo para colaborar. Sin contar con que una investigación así no puede ser llevada a juicio", complementó.

"Lo otro que sigue sin aclararse es el monto de los supuestos perjuicios de las víctimas. En la audiencia del viernes, luego de que el fiscal terminó de releer todos los cargos, hubo varios querellantes que manifestaron objeciones o pidieron correcciones sobre eso. Sin contar con que la defensa de Gabriel Urenda dice tener peritajes que cuestionan parte importante de los montos, dicen que hay varios casos en que se están reclamando cantidades que sí fueron abonadas a los clientes de Intervalores", añadió Ried.

Por su parte, Francisca Franzani, abogada penalista y querellante de la azucarera Panor, que acusa un perjuicio superior a los mil millones de pesos, descartó un cambio en la postura del Ministerio Público.

"Lo único que tuvo él fue una promesa al principio de la investigación de que no le iba a pedir la prisión preventiva a González ese día en la audiencia, cuestión que cumplió. Pero jamás le prometió que no iba a pedir la prisión preventiva y tampoco se ha negado a un abreviado. En este momento no es posible ofrecer un abreviado a nadie. La estrategia de la defensa de González ha apuntado a confundir e irse en contra del fiscal que no tiene ningún asidero. Y la estrategia de Urenda es acompañar unos peritajes, pero no tienen ni siquiera respaldo", concluyó.

* La nota fue corregida el lunes 24 de junio a las 19.15 horas

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