Era un secreto a voces al interior de la Corte Marcial que el ministro que representa al Ejército, el coronel Isaías Martínez, tenía una estrecha relación con el excomandante en jefe de la institución, Ricardo Martínez, procesado por el fraude de $44 millones, en abril de este año. Se le sindicaba como uno de sus más cercanos asesores y uno de sus hombres de confianza, lo que apuró, de alguna manera, su nombramiento como integrante del tribunal de alzada militar desde el 10 de marzo del 2021.

A pesar de los rumores y de lo llamativo que resultaba para los integrantes del tribunal que el coronel Martínez votara en los temas procesales relativos al fraude en el Ejército -a cargo de la ministra en visita Romy Rutherfod-, nunca se vio de manera formal una señal que apurara una eventual inhabilidad, incluso, cuando el uniformado fuera uno de los tres integrantes de la Corte Marcial que votara a favor de la libertad de su excomandante en jefe. El tema era comentado en privado por más de un juez del tribunal que está ubicado en el subterráneo del Palacio de Tribunales.

Sin embargo, el jueves de la semana pasada su figura dejó de ser incómoda solo desde el punto de vista de un eventual conflicto de interés, sino que ahora alcanzó una arista penal. ¿La razón? La jueza lo indaga en calidad de inculpado en la arista “empresas de turismo”, considerando un archivador especialmente para Castillo donde se investigan -entre otros- un viaje a Alemania en comisión de servicio, donde habría utilizado la oportunidad para tomarse vacaciones. Además, existen indicios de eventuales devoluciones irregulares de dinero que también están bajo la lupa de la magistrada y todos su movimientos financieros están siendo analizados por la Brigada Anticorrupción de la PDI.

Esta investigación estaba siendo llevada en extrema reserva en el tribunal militar, pero todo cambió a partir de la semana pasada cuando en el alegato previo a la apelación del excomandante en jefe del Ejército para revocar su procesamiento, en la Corte Marcial, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) sacó el as bajo la manga. Antes de verse el fondo del recurso del general (R), se pidió una incidencia ante una solicitud para que deje de conocer la causa, ya que está involucrado.

En el escrito, el CDE expuso que “resulta evidente que se encuentra legalmente implicado para conocer de la causa, dado que en ella se debaten y discuten idénticos asuntos (viajes) en los cuales él mismo, como ya se ha señalado, se encuentra siendo investigado en calidad de inculpado (...). Por consiguiente, el señor Isaías Martínez Castillo tiene a lo menos interés personal por tener causa pendiente en que se ventila la misma cuestión que el juez debe fallar, lo que naturalmente le resta imparcialidad pues se encuentra siendo investigado por viajes efectuados por él al extranjero”.

Desde el año 2000 que el coronel Martínez es asesor jurídico del Ejército, según da cuenta su perfil de LinkedIn, empezando en el departamento de Transparencia y Lobby. Sin embargo, el envión de su carrera llegó junto con el ascenso de del general (R) Martínez a la comandancia en Jefe (2018-2022) donde se transformó en uno de los asesores jurídicos principales. De hecho, cuando fue nombrado para integrar la Corte Marcial, no pocos de sus colegas en el Ejército arrugaron la nariz por considerar que había otros oficiales con mayor antigüedad para el cargo.

Por la incompatibilidad de integrar la Corte y conocer los casos del fraude, y además estar indagado por Rutherford, es que el CDE pidió que se inhabilitara. “Es evidente entonces, de acuerdo con lo antes expuesto, que el señor Isaías Martínez Castillo tiene en esta causa a lo menos la calidad de inculpado”, señala el organismo en el escrito.

Una piedra en el zapato para Iturriaga

El tema aparece como el primer inconveniente para el recientemente nombrado comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga. Desde que asumiera el cargo, el 9 de marzo, no había tenido novedades del caso que remeció la estructura principal del Ejército, pero no por eso, la indagatoria lo tomó por sorpresa.

Cercanos al oficial advierten que desde la semana pasada que está en conocimiento de la situación de Martínez Castillo, la cual incomodó a gran parte del alto mando. Esto, señalan otras fuentes consultadas, porque hacen ruido en la interna y hacen aparecer, nuevamente, los fantasmas de los casos de corrupción que han marcado el devenir de la institución durante los últimos años.

A pesar de mantener una preocupación al respecto, Iturriaga tomó la decisión de no involucrarse, ni directa, ni indirectamente en el caso. En el Ejército creen que lo mejor es tomar distancia y dejar que la investigación avance, y que si el coronel Martínez no quiere inhabilitarse no puede hacer mucho más.

Esto último es lo más delicado, advierte en la institución castrense, dado que el nombramiento del integrante de la Corte Marcial fue por tres años y no puede pedirse su remoción por parte del comandante en jefe. Solo está en Martínez inhabilitarse, decisión que podría informar durante las próximas horas en el tribunal de alzada.

A pesar de eso en la Corte Marcial no ven un panorama muy auspiciador para el coronel, dado que hay tres quejas del CDE contra la Corte por resoluciones dónde votó Martínez y, como última instancia, y lo que sería lo más grave para la entidad castrense, es que el organismo podría querellarse por prevaricación contra el coronel, pues habría fallado en el caso a sabiendas de su inhabilidad. Para el Ejército, el fantasma del fraude volvió a aparecer.