La pandemia ha golpeado al Poder Judicial, ya que muchas veces las funciones de los jueces requieren de actividad presencial. Pese al impacto que ha tenido en la judicatura, los magistrados han sabido adecuarse -en ocasiones apoyados con las nuevas tecnologías- y darle continuidad al servicio judicial. No obstante, los esfuerzos parecen no haber alcanzado y con el paso de los meses, de a poco ya se comienzan a apreciar las consecuencias que dejará el Covid-19 en el sistema.

Uno de los más afectados es la justicia civil. Los jueces de esa materia llevan varios meses informando respecto de su crítica situación, sobre todo los magistrados de Santiago. Lo último que hicieron quedó plasmado en un duro informe que remitieron a la Corte Suprema.

El documento, elaborado por los tres magistrados que integran el comité de jueces civiles de Santiago, cuestiona las decisiones tomadas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y advierte sobre los efectos que habrá. “Los jueces y juezas civiles que diariamente se desempeñan en sus funciones no pueden cargar sobre sus hombros los recortes presupuestarios que determina la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Estamos seguros de que hay medidas más sensatas y prudentes de ahorro de presupuesto. Reiteramos, como lo hemos venido sosteniendo desde hace años, pero con mayor fuerza en estos últimos, que no es posible enfrentar la actual realidad de la justicia civil con una dotación de 30 personas”, plantea el documento.

El informe agrega que “la política desarrollada por la CAPJ se ha traducido en que nuestra jurisdicción ha sido la única a la cual se le ha disminuido el 50% de la dotación de jueces y ello ha ocurrido con la suspensión de la aplicación del artículo 47 del Código Orgánico de Tribunales”.

Ricardo Núñez, juez del 11º Juzgado Civil de Santiago, integrante del comité y uno de los tres autores del informe, ahonda más en la situación en la cual se encuentran. “No estamos con un posible colapso, sino que va a ser una realidad. Si hay una jurisdicción que ha sido maltratada por los ámbitos administrativos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, ha sido la civil”, dice Núñez a La Tercera PM.

El magistrado explica lo que, a juicio de los tribunales civiles, es el origen del problema: “A nosotros nos sacaron el 50% de los jueces, somos la única jurisdicción en Chile que se le redujo la dotación en 50%, que se suponía que la iban a reponer en octubre, pues bien estamos a diciembre y no hay ninguna perspectiva de que eso vaya a suceder”.

¿Por qué sucedió esto? “La Corporación Administrativa, con unos estudios que no sabemos de dónde salieron, lo que dice es que a partir de la suspensión de los términos probatorios hay menos carga de trabajo. Como si los términos probatorios existieran en todos los procesos y en todas las gestiones. De hecho, términos probatorios en los juicios ejecutivos, que corresponden al 80% de nuestro trabajo, casi no existen”, asegura el juez.

La decisión de la CAPJ se tomó porque la Ley 21.226, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, suspendió los “términos probatorios”, es decir, el plazo para presentar las pruebas en un juicio. Cálculos internos muestran que por cada uno de los 30 tribunales civiles de Santiago hay entre 200 y 300 juicios sumarios y ordinarios suspendidos.

Luego la CAPJ, haciendo uso del artículo 47 del Código Orgánico de Tribunales, dejó de permitir que los secretarios de los tribunales pasen a jueces. Los secretarios hace cinco años suben para los efectos de ejercer como juez y así encargarse de todos los asuntos ejecutivos y también de otras materias, para que los magistrados puedan tener, por ejemplo, más tiempo para dictar sentencia. Así, en Santiago hay 30 tribunales civiles, con un juez y secretario por cada uno, lo cual da un total de 60 jueces para las materias civiles vistas en la Región Metropolitana.

La advertencia: la justicia civil volverá a los 90

“Esto va a significar que nos vamos a demorar por lo menos un año y medio en poner el día la justicia civil. Si a eso además le sumamos los recursos de apelación, que van a entrar a la Corte de Apelaciones de Santiago, que ya tiene un retardo este año de un año de tramitación, implica que el próximo año todos los juicios que lleguen a la corte que nosotros les vamos a mandar se van a resolver en dos años más. O sea estamos hablando de tres años para terminar la tramitación, entre primera instancia y segunda instancia”, concluye Núñez.

A juicio del comité de jueces de Santiago, dice Núñez, esto significa que “lo que va a suceder en la justicia civil si no se toman medidas razonables y racionales es que vamos a estar como a mitad de los años 90″.

Por eso, Núñez pide con urgencia tomar al menos tres medidas al respecto: reponer el 50% de jueces que sacaron, sentarse en una mesa de trabajo para ver cómo avanzar y gestionar de mejor forma el uso de las tecnologías para las audiencias de testigos y otras presenciales.

El secretario del 2º Juzgado Civil de San Miguel, Gonzalo Neira, agrega otras mejoras. “Creo que se necesita una reforma legal de carácter integral que regule, en primer lugar la comparecencia virtual, esa es la gran piedra de tope que tenemos hoy día. También debe hacerse algo para contar con la validación de un sistema en el cual nosotros podamos validar la identidad de los comparecientes a través de los códigos QR de los carnet de identidad. Y a eso hay que sumarle la urgencia de que el BancoEstado proporcione un sistema digital que nos permita autorizar digitalmente las transferencias por giros de cheque así como también una regulación expresa de las audiencias virtuales y que se autorice a notificar por correo electrónico”, dice Neira.

Neira también es pesimista respecto de lo que se viene, sobre todo cuando se alce la suspensión de los plazos para presentar las pruebas: “El colapso va a mantenerse igual mientras se mantenga el estado de excepción constitucional. Hasta que no se levante, va a ser muy difícil que los plazos empiecen a correr. Van a empezar a llegar en masa”.

Los jueces civiles no están solos. A fines de septiembre, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago los respaldó. En una resolución acordó solicitar ponerle fin a la reducción de magistrados. “Que esta Corte ha considerado que la decisión de suspender transitoriamente la concurrencia de un juez que se aboque de modo exclusivo a ciertas materias determinadas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Código Orgánico de Tribunales, dificulta el desarrollo de tales planes de trabajo, la gestión en materia de sentencias y la posibilidad de avanzar incluso en la realización de audiencias paralelas de ambos jueces”, plantea la resolución.

Luego, los ministros agregaron: “Solicitar a la Excma. Corte Suprema tenga a bien restablecer la aplicación del artículo 47 del Código Orgánico de Tribunales en los respectivos juzgados civiles de la jurisdicción, por lo que resta del año en curso”. Sin embargo, fuentes judiciales explican que la decisión, al ser principalmente presupuestaria, le corresponde a la CAPJ.

El pleno de la Corte Suprema ya está al tanto de esta situación y, dentro de sus facultades, está haciendo lo posible por hacerse cargo. Hace algunas semanas los supremos acordaron nueve medidas para superar el atraso de los tribunales. Una de ellas fue modificar el acta 41-2020, sobre Auto Acordado que regula el Teletrabajo y el uso de video conferencias en el Poder Judicial. También propusieron citar a una mesa de trabajo. Respecto de esto, los jueces civiles aseguran que aún no tienen novedades.