El lío que se armó en el arco izquierdo de la Convención con el rechazo del Estado social de derechos

Una serie de recriminaciones y explicaciones se dieron anoche y esta mañana, luego de que la Coordinadora Plurinacional -que reúne a convencionales de la exLista del Pueblo y pueblos originarios- rechazaran la norma en el pleno de Principios Constitucionales. Esta, para muchos en la Convención -sobre todo en el Frente Amplio-, era una de las discusiones cardinales para dejar fuera el estado subsidiario implícito en la actual Carta Magna. Aunque no hubo alianzas ni negociaciones, junto con los colectivos de centroderecha, por distintas razones, votaron en contra de la medida.


Las caras de sorpresa ayer en la tarde eran evidentes, sobre todo, entre algunos de los convencionales que integran los colectivos del Frente Amplio y Socialista. Lo que por la mañana daban como una aprobación segura, se terminó derrumbando con la votación del pleno del primero de los artículos de la comisión de Principios Constitucionales. Por tres votos, se rechazó la norma que establecía que “Chile es un Estado social y democrático de derecho” y que “su carácter es plurinacional, intercultural y ecológico”.

Antes de la votación, los sectores de la izquierda estaban tranquilos y confiados con que no habría ripios y se alcanzarían los 103 votos para aprobar la iniciativa que muchos califican como central en el proyecto de nueva Constitución, pues establecería el fin del estado subsidiario implícito en la actual Carta Magna.

Sin embargo, no contaban con que la Coordinadora Plurinacional -colectivo que agrupa a nueve convencionales de la exLista del Pueblo y ocho de escaños reservados- se sumaría a los votos en contra de los colectivos de centroderecha y derecha. En total, 100 convencionales votaron a favor, 47 en contra y cuatro se abstuvieron, provocando una secuencia de duras recriminaciones políticas entre representantes de la izquierda y centroizquierda.

Además de los votos de la derecha, sufragaron en contra Elsa Labraña, Victorino Antilef, Wilfredo Bacián, Tania Madriaga, Ivanna Olivares, María Magdalena Rivera, Eric Chinga, Isabel Godoy, Lisette Vergara, Marco Arellano, Alexis Caiguán, Natividad Llanquileo, Alejandra Pérez y Manuel Woldarsky.

En los colectivos del FA y de los socialistas se percataron durante la tarde que la votación corría riesgo y, por lo mismo, algunos convencionales empezaron a hacer tratativas para intentar evitar el rechazo de la medida. No obstante, fueron infructuosas y varios de ellos manifestaron su molestia ayer y hoy con las razones esgrimidas, enredándose una vez más el panorama en el arco izquierdo de la Convención.

Marco Arellano, integrante de la Coordinadora Plurinacional, defendió la posición de su colectivo. “Si el Frente Amplio considerara en sus acuerdos a los sectores populares de la Convención, sabría que no solo estamos en contra del Estado subsidiario, sino que fuimos nosotros quienes nos organizamos para terminar con él y que gracias a eso están acá, en este proceso constituyente”, sostuvo.

Arellano puntualizó que no rechazaron un Estado social de derechos, sino que votaron para “elevar su estándar”, buscando que la norma vuelva a la comisión para agregarle que sea “garante” de estos. “Para nosotros un Estado social, democrático y garante de derechos significa que el estado participa activamente en la satisfacción de necesidades básicas y materializa derechos sociales (...). En esto, no todo el FA está de acuerdo y es una diferencia importante, pues no queremos más derechos en el papel”.

Lisette Vergara, otra integrante de ese colectivo, dijo que las razones para rechazar es porque quieren “mejorar el articulado estableciendo el rol explícito del Estado como uno social garante de derechos” y que es “fundamental otorgar la herramienta que vuelve exigible los derechos”.

La respuesta vino por parte del abogado Christian Viera (Frente Amplio), quien indicó: “Las razones que he escuchado sobre que no es “garante de derechos” es un error conceptual muy grave”. Esto debido a que, según explica, el Estado social es una fórmula política que supone la garantía y despliegue de los derechos sociales. “Agregar ‘garante de derechos’ solo genera problemas interpretativos y de implementación”, señaló.

En esta misma línea, Beatriz Sánchez (Frente Amplio) acusó que la Coordinadora no comprende que concretar el Estado social de derecho en Chile implicaría terminar con la subsidiariedad. “Es empezar a organizar un país con un sistema real de seguridad social. Hacer la Constitución no es para darse ‘gustitos personales’, no es para desquitarse porque una votación no te gustó, no caben pequeñeces. Esto no se trata de nosotras, se trata del país, de la gente que nos puso aquí”, afirmó.

En esta misma línea, la coordinadora de la comisión de Principios Constitucionales, Lorena Céspedes (Independientes No Neutrales), consideró que faltó tiempo de diálogo, porque los problemas relativos a redacción y a implicancias de las normas implican un “diálogo mucho más transversal, especialmente considerando que no todos somos abogados”.

Además, Céspedes valoró el proceso que contempla la Convención en estos casos. “Las normas vuelven, se vuelve a dialogar, se tiene un poco más de tiempo y de ahí podemos presentar una nueva propuesta”, sostiene.

Aunque la votación de la Coordinadora Plurinacional coincidió con la postura de los colectivos de derecha y centroderecha, sus razones para rechazar fueron distintas. Para el convencional Martín Arrau (Chile Libre) resultaba conflictiva la inclusión del concepto “plurinacional”. “El inciso primero consagra la plurinacionalidad, que lo que hace es dividir a Chile por criterios territoriales y raciales, en un separatismo evidente”, explicó.

Por su parte, Ruth Hurtado (Chile Libre) argumentó que conceptos como “ecológica” y “plurinacional” son demasiado amplios. “Lo que buscamos es garantizar mínimos comunes para las personas. Pero este mayor intervencionismo del Estado no necesariamente va a satisfacer el estándar de lo que uno busca a través de una Constitución, que es la paz social, mecanismos de resguardo de ciertos derechos”.

Los cuestionamientos a la “República paritaria”

Así como se rechazó el inciso primero de este artículo, el pleno también rechazó el segundo de ellos, con 91 votos a favor, 47 en contra y 14 abstenciones. Este buscaba establecer que Chile es una “República democrática, solidaria y paritaria que reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”.

En este caso, el concepto que generó que algunos rechazaran o se abstuvieran fue el de “República paritaria”. Al respecto, la convencional Tammy Pustilnick (INN) sostuvo durante su intervención que el inciso debiese mejorar su redacción y aclarar que lo que es paritario no es la República, sino la democracia.

Céspedes, quien se abstuvo, incluso manifestó antes de la votación que la República no debiese ser paritaria. Sin embargo, admitió que no fue posible llegar a un acuerdo previo a la presentación de las indicaciones.

Durante su intervención, el convencional Eduardo Cretton (Unidos por Chile), quien integra la comisión de Principios Constitucionales, acusó que la “República paritaria” es un “concepto vago”.

“¿Qué significa eso? ¿Significa acaso que en Chile tendremos que ser exactamente la misma cantidad de hombres que mujeres? (...) Probablemente con la norma de aborto libre que aprobaron ayer, ustedes (el pleno) tienen pensada una posible solución”, cuestionó Cretton antes de la votación, frase que fue ampliamente difundida y criticada en redes sociales.

Asimismo, el pleno también rechazó -con 89 votos a favor, 51 en contra y 12 abstenciones- el inciso tercero del mismo artículo, que buscaba establecer que “los fines de toda acción estatal son garantizar el bienestar de las personas, de la sociedad y de la naturaleza (...)”. Como todos los incisos fueron aprobados por más de la mitad del pleno, cada uno de ellos será devuelto a la comisión para ser reformulado y sometido a votación nuevamente.

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