Por tres votos: Convención rechaza plasmar en el borrador de nueva Constitución que Chile es un “Estado social de derecho”

Pese a que hace menos de una semana los convencionales celebraron la aprobación en general lo que podría ser el término del Estado subsidiario, que está implícito en la actual Carta Magna, este miércoles el pleno de la Convención rechazó el artículo y lo devolvió a su comisión. En tanto, los artículos referidos a la naturaleza y el mar contaron con el apoyo del Pleno y quedaron plasmados en el proyecto de nueva Constitución.




En una jornada maratónica, en que se esperaba la votación de tres informes distintos, el pleno de la Convención Constitucional votó en particular el conjunto de nueve artículos que el pleno aprobó en general el viernes pasado, provenientes del informe emitido por la comisión de Principios Constitucionales. De esta forma, un total de siete artículos se sumaron al borrador de la nueva Constitución.

Contra los pronósticos de convencionales del Colectivo Socialista y el Frente Amplio, el pleno rechazó la idea de que Chile deje de ser un Estado subsidiario y pase a ser un “Estado social de derecho”.

En concreto, el primer inciso del primer artículo del informe, que establecía que “Chile es un Estado social y democrático de derecho” y que “su carácter es plurinacional e intercultural y ecológico”, fue rechazado con 100 votos a favor -tres menos de los necesarios para aprobarse-, 47 en contra -de la derecha, algunos escaños reservados y la exLista del Pueblo- y cuatro abstenciones.

Antes del resultado, el convencional Claudio Gómez (Colectivo Socialista), uno de los defensores del artículo, argumentó ante el pleno que el Estado social y democrático de derecho sería “el punto de partida para la satisfacción de los derechos sociales, garantizando el acceso a mínimos de bienestar y participación política”.

Asimismo, se rechazaron los otros dos incisos de este artículo. El segundo de ellos, con 91 votos a favor, 47 en contra y 14 abstenciones. Según argumentaron algunos de los convencionales, el conflicto con él es que establece que Chile es “una República paritaria”. Al respecto, la convencional Tammy Pustilnick (Independientes No Neutrales) sostuvo durante su intervención que debiese mejorar su redacción y aclarar que lo que es paritario no es la República, sino la democracia.

Por su parte, el convencional Eduardo Cretton (Unidos por Chile) acusó que la “República paritaria” es un “concepto vago”. “¿Qué significa eso? ¿Significa acaso que en Chile tendremos que ser exactamente la misma cantidad de hombres que mujeres? (...) Probablemente con la norma de aborto libre que aprobaron ayer, ustedes (el pleno) tienen pensada una posible solución”, dijo durante su intervención.

El primer inciso aprobado durante la jornada fue uno de los incluidos en el artículo sobre igualdad sustantiva. Este señala que la Constitución asegura a todas las personas la igualdad sustantiva, en tanto garantía de igualdad de trato y oportunidades (...)”. La propuesta fue apoyada por 108, mientras que 26 convencionales rechazaron -de parte de la derecha y del Colectivo del Apruebo- y 16 se abstuvieron. En tanto, los otros dos incisos de este mismo artículo fueron rechazados y devueltos a la comisión.

Reconocimiento de la naturaleza en la Constitución

El pleno de la comisión también aprobó la inclusión en el borrador de nueva Constitución del primer inciso del artículo nueve del informe, referido a naturaleza. Este inciso, aprobado por 104 convencionales, rechazado por 35 -parte de la derecha, Tiare Aguilera (Pueblo Rapa Nui) y Renato Garín (IND)- y por el que 13 se abstuvieron, establece que “las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman, con ella, un conjunto inseparable”.

También se aprobó el inciso segundo de este mismo artículo, que establece que la naturaleza tiene derechos y que “el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos”. Asimismo, se aprobó el inciso que señala que “el Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable y promover la educación ambiental y científica (...)”. En tanto, los otros tres incisos de esta artículo fueron rechazados y enviados nuevamente a la comisión.

El primer artículo que fue aprobado en su totalidad durante la jornada, con 122 votos a favor, 15 en contra - de parte de la derecha, Aguilera y Amaya Alvez (Frente Amplio)- y 15 abstenciones, fue el que establece que Chile es un país oceánico y que es deber del Estado “la conservación, preservación y cuidado de los ecosistemas marinos y costeros continentales, insulares y antárticos”.

En referencia a los artículos referidos a la naturaleza, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros (MSC) señaló durante su intervención: “La protección adecuada no solo se logra mediante el establecimiento de derechos, sino que se requiere establecer límites a la actividad estatal y empresarial. Lo anterior se logra mediante la incorporación de principios orientadores en materia ambiental como son la prevención y precaución”.

Consolidación de principios pluriculturales y de probidad

Un punto de encuentro entre los convencionales fue el artículo referido interculturalidad. Este, aprobado por 118 convencionales, rechazado por 22 y que contó con 13 abstenciones, establece que el Estado es intercultural y que “reconocerá, valorará y promoverá el diálogo horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones (...)”.

Sin embargo, el inciso que buscaba establecer que Chile es un Estado plurilingüe, que su idioma oficial es el castellano y que los idiomas de los pueblos indígenas serán oficiales en sus autonomías territoriales fue rechazado con 89 votos a favor, 47 en contra y 18 abstenciones. No obstante, el inciso de este mismo artículo que busca reconocer reconocer la lengua de señas chilena como lengua natural y oficial fue aprobada con 132 votos a favor, cinco en contra y 16 abstenciones.

En el pleno también hubo consenso en aprobar algunos de los incisos del artículo referido a probidad y transparencia. De esta forma, quedó establecido en el proyecto de nueva Constitución que el ejercicio de las funciones públicas obliga al cumplimiento de la probidad y transparencia, que es deber del Estado promover la integridad de la función pública y que una ley regulará los casos en las que los funcionarios y autoridades deleguen a terceros las obligaciones que supongan un conflicto de interés.

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