El último general: Rutherford ordena la detención del excomandante en jefe Óscar Izurieta por mal uso de gastos reservados

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Óscar Izurieta.

Es la única exmáxima autoridad de la institución castrense que aún no es procesada por la magistrada que indaga varias aristas que involucran casos de corrupción en el Ejército. Tras decretar su arresto la ministra tiene cinco días para decidir si levanta cargos en su contra y con ello se daría un escenario en el que todos los excomandantes en jefe de la democracia estarían bajo una imputación penal ante la justicia.




“Es la hora de Izurieta”. Así comentan en los pasillos del tribunal que dirige la ministra en visita Romy Rutherford, quien indaga de forma exclusiva diversas aristas que involucran el denominado caso “fraude en el Ejército” y que mantiene procesados a los exaltos mandos de la institución castrense por el supuesto desvío de millonarias sumas de dinero provenientes de gastos reservados. Hasta ahora el único que no había sido encartado era el excomandante en jefe Óscar Izurieta Ferrer, pero este jueves, en una reservada diligencia, llegó en compañía de su abogado para declarar como inculpado ante la magistrada. Tras la maratónica jornada quedó detenido en espera de la decisión de la jueza quien tiene cinco días para decidir si lo procesa o no por malversación de caudales públicos.

La exautoridad castrense, quien tras dejar el Ejército fue subsecretario de Defensa, contrató para su defensa al estudio del conocido penalista Luis Ortiz Quiroga y, pese a que Rutherford no lo ha procesado aún, ya en los encausamientos a los generales (R) Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo hay menciones a su persona, lo que se interpretó como una antesala a su futura situación judicial.

En el expediente que tramita la jueza hay varios indicios de un presunto mal uso de gastos reservados por parte de Izurieta y que la ministra en visita descubrió mientras indagaba a otros exgenerales. Las sospechas que hay en torno al rol del retirado militar se sustentan en las declaraciones de dos testigos clave que manejaban las remesas de gastos reservados de la Comandancia en Jefe, que lideró Izurieta entre los años 2006 y 2010. Se trata del coronel Sergio Vásquez y quien lo antecedió en finanzas, Jorge Cortés. Ambos en sus interrogatorios aluden al periodo de Izurieta.

El exalto oficial declaró que “en la época del general (Humberto) Oviedo, los pagos que se hicieron con recursos de “libre disposición para el comandante en jefe alcanzaron una suma aproximada de $ 750.000.000″, y que “lo mismo se hacía en el periodo del general Izurieta Ferrer”, con un gasto similar al de Oviedo. Izurieta, además, aparece mencionado en la declaración del general (R) Fuente-Alba, quien confirma a la jueza Rutherford el pago de una mesada de $ 800 mil mensuales a excomandantes en jefe y que uno de los receptores de estos montos era Óscar Izurieta.

Una vez finalizadas las diligencias en contra del excomandante en jefe, la magistrada determinó que quede detenido. Tiene hasta el lunes para imputarlo y de concretarse esto se daría un escenario judicial peculiar y es que todas las exmáximas autoridades del Ejército chileno, que ocuparon el cargo tras la dictadura de Augusto Pinochet, estarían bajo cargos penales. A Fuente-Alba, Oviedo y ahora Izurieta se sumaría el caso de Juan Emilio Cheyre, quien -a diferencia del resto- enfrenta cargos por casos de violaciones a los derechos humanos.

Hace un par de semanas y en una nueva señal de respaldo al trabajo de la magistrada, el pleno de la Corte Suprema prorrogó su dedicación exclusiva para seguir indagando el “fraude en el Ejército” por al menos un año más.

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