La caja que destapó Fuente-Alba: Jueza Rutherford citará a fines de marzo a ex comandantes Cheyre e Izurieta por millonarias "mesadas"

Mesadas

A fines de marzo la ministra Romy Rutherford alcanzará un nuevo punto álgido de la investigación por gastos reservados del Ejército ya que para esas fechas se espera el desfile de los ex jefes militares -todos los que sucedieron a Pinochet- beneficiados por la práctica irregular de "aportes mensuales".




"Es lo que llamo 'apoyo a los excomandantes en jefe'. Se entregaba en forma mensual, según recuerdo, al principio, en 2010, eran $ 400.000 mensuales, luego esa cantidad aumentó a $ 600.000, hasta llegar en 2013 a $ 800.000 mensuales. Esto pasó con el general Ricardo Izurieta Caffarena, el general Juan Emilio Cheyre y el general Óscar Izurieta Ferrer. Esos recursos provenían de gastos reservados".

La confesión del general (R) Juan Miguel Fuente-Alba Poblete ante la jueza Romy Rutherford, realizada en las maratónicas declaraciones de mediados de febrero, justo antes de ser procesado por malversar $ 3.500 millones, fue la que activó la arista que hoy complica a las exmáximas autoridades de la institución castrense tras el retorno a la democracia.

En los pasillos del despacho de la magistrada, los actuarios, secretarios y ministros de fe ya se preparan para lo que será el desfile de los excomandantes del Ejército, quienes deberán dar cuenta si, al igual que Fuente-Alba, conocían si el origen de estos dineros eran los gastos reservados que por ley debían ser usados exclusivamente para operaciones de inteligencia y contrainteligencia, no para otros fines. Menos en gastos personales.

La decisión de Rutherford ya está tomada. En principio, a fines de marzo -cuando tenga en su poder información irrefutable sobre la práctica, su origen y sus responsables- citará a declarar a Cheyre e Izurieta Ferrer.

Aunque aún está en estudio la calidad en que serán interrogados -testigos o inculpados-, fuentes que conocen el proceso que lidera la ministra en visita de la Corte Marcial sostienen que el futuro judicial de los exjefes militares se avizora complejo. Y es que si bien el delito de malversación solo es imputable a funcionarios públicos que tengan en su custodia dineros fiscales -y los excomandantes eran ya militares retirados que recepcionaban estos dineros-, el grado de participación penal que podría atribuírseles es el de cómplices.

El tema de la eventual prescripción -en todo caso- tampoco aliviana la situación de los exjefes militares, ya que el delito de malversación de caudales públicos se puede perseguir hasta 10 años después de cometido el ilícito. Las irregularidades en el Ejército se comenzaron a investigar en 2014, por lo que la jueza está habilitada para perseguir penalmente conductas desde 2004 en adelante, es decir, desde que Cheyre dejó el Ejército, por lo que el único potencial beneficiado sería Izurieta Caffarena, quien murió en 2014.

Hasta ahora, la ruta que ha estado trazando Rutherford sobre la entrega de las "mesadas" da cuenta de que eran repartidas en un sobre, en efectivo, cada 30 días, y los excomandantes podían elegir si les enviaban el dinero o ellos mandaban a alguien a buscarlo.

Las mismas fuentes conocedoras de la investigación sostienen que la cantidad de dinero que se habría malversado con esta conducta, según cálculos estimativos, es de $ 230.000.000.

Según el testimonio entregado por el propio Fuente-Alba, tanto Cheyre como Izurieta Ferrer habrían recibido bajo esta modalidad casi $ 65 millones tras dejar su alto cargo en la institución castrense, mientras que Fuente-Alba habría recibido $ 36 millones. Según un testimonio, este último jefe militar agravó su situación judicial debido a que cuando supo que estaba siendo investigado, en lugar de recibir el dinero en efectivo pidió que este fuera depositado por caja en una tarjeta de crédito. Esta práctica, junto a otras, será formalizada por el fiscal José Morales en el marco de una indagación por lavado de dinero.

Al interior del Ejército se sostiene que este mecanismo de "ayuda" a los excomandantes fue ideado e implementado por Ricardo Izurieta Caffarena, el sucesor de Augusto Pinochet, quien falleció en 2014 producto de una leucemia. El resto, según se comenta, habría heredado esta "tradición" que solo cesó en diciembre de 2017, dos años después de que se iniciara la indagatoria a Fuente-Alba, y por una orden del entonces recién nombrado comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez.

En uno de los interrogatorios, Fuente-Alba explicó ante la jueza Rutherford que "se les entregaba a los excomandantes en jefe como una colaboración", y explicó que ellos mantenían en sus casas "un mayordomo y un conductor, a quienes había que proporcionarles alimentación y apoyo". Esto intentando explicar el propósito de la "mesada". Además, declaró el exalto oficial, sus antecesores y sucesores debían "costearse algunas medidas de seguridad y para ello se les entregaban estos recursos", aunque nunca se rindieron y las autoridades civiles de los últimos siete gobiernos han asegurado no haber conocido la práctica irregular.

Aunque el general Humberto Oviedo no alcanzó a usufructuar de las mesadas, el testimonio de Fuente-Alba de todas formas lo complica, ya que lo responsabiliza como continuador de este mecanismo. "No tenía el legítimo derecho a percibir esos recursos, pero era una decisión del comandante en jefe que, en la época en que él lo percibió, era el general Humberto Oviedo, quien decidió mantener este mecanismo", dijo Fuente-Alba a la magistrada.

Fuentes del Ejército señalaron a Reportajes que en la institución existe indignación por las confesiones de Fuente-Alba. Los excomandantes en jefe contactados por este tema afirmaron que no se referirán a él hasta tomar conocimiento de la investigación que lidera Rutherford.

La ministra en visita -no obstante- ya está comenzando a ampliar su indagatoria sobre las polémicas "mesadas" y otros pagos con gastos reservados que podrían incluso involucrar a militares en servicio activo.

Acá el punto es que no solo habrían existido "mesadas" con giros a los gastos reservados para los jefes militares, sino que también sobresueldos a generales, brigadieres y otros altos oficiales.

El ex Dine que habló

El procedimiento año a año era así: el director de Inteligencia se trasladaba en un auto fiscal blindado hasta la Dirección de Finanzas del Ejército (Dife), desde donde retiraba el dinero de gastos reservados destinado a operaciones de inteligencia y seguridad. Eran cientos de billetes y miles de dólares los que eran trasladados en un maletín negro. El trámite se repetía cada tres meses. Al retornar a la oficina de Finanzas de la Comandancia en Jefe, ese efectivo se guardaba en una caja fuerte. El único habilitado para retirar ese dinero y repartirlo era el director de Inteligencia. La única prohibición era que el uso de ese dinero fuera para fines personales. No quedaba registro alguno del egreso de esos dineros.

-"Usted siendo Dine(director de Inteligencia del Ejército), ¿cuánto dinero recibió ese año por concepto de gastos reservados y en qué lo gastó?".

"No puedo responder esa pregunta, ya que las actividades desarrolladas y los montos usados están protegidos por la Ley de Inteligencia".

Este diálogo entre la jueza Rutherford y exdirectores de Inteligencia del Ejército se ha repetido varias veces. Amparados en el deber de reserva de las actividades que realizaban para la seguridad del país, los ex Dine han sido una especie de "muralla" con la que la justicia ha chocado al momento de trazar la ruta de dónde fueron a parar los gastos reservados que fueron malversados, según el procesamiento al que se sometió al excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba.

Sin embargo, según quienes han tenido acceso a las piezas reservadas del expediente, hubo un jefe de Inteligencia que aportó un dato importante para la hipótesis que sigue la ministra Rutherford. Se trata del general (R) de Brigada Sucre Elgueta Segura, quien si bien no develó cuánto gastó en las acciones de inteligencia bajo su mando del Dine, aseguró a los investigadores que las cantidades de dinero giradas tanto en moneda nacional como en dólares que aparecen en las rendiciones del 2012, 2013 y 2014 no coinciden con los montos retirados y gastados por él, ni por los exdirectores de Finanzas del Ejército, generales (R) Jorge Rojas Meissner y Jozo Santic Palomino. Este último permanece detenido desde el jueves 28 por la jueza Rutherford, quien sigue cercando a los oficiales más cercanos del excomandante Fuente-Alba. Su futuro se decide mañana.

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