“Esto destruye capital social”: Eduardo Bitran pide declarar desierta polémica licitación de Corfo por no cumplir con propósito original

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El ex Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, bajo cuyo mandato se acordó que SQM pagaría los recursos para crear e implementar el Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), sostiene que el proceso de licitación no cumplió el propósito original con la cual había sido diseñado: "generar una capacidad de desarrollo tecnológico involucrando al sector empresarial, a los proveedores. Y también generar una demanda por investigación aplicada hacia las universidades, pero orientada por propósito, no para hacer papers, ya que encapsula la innovación al mundo académico y no integra a la industria minera". El tema de fondo, asegura, "es que en el gobierno no creen que el Estado tenga un rol en el desarrollo industrial y tecnológico".




Eduardo Bitran, ex Vicepresidente Ejecutivo de Corfo (2014-2018) durante el último gobierno de Michelle Bachelet, cuestiona duramente el resultado de la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) que esa entidad zanjó esta semana.

El consorcio ganador fue el norteamericano AUI (Associated Universities Inc.), que reúne a nueve universidades de Estados Unidos: Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Columbia, Princeton, Cornell, Pensilvania, John Hopkins, Rochester y Yale. Además, cuatro universidades nacionales: del Desarrollo, San Sebastián, Autónoma de Chile y de Atacama. Y dejó en el camino a la Asociación para el Desarrollo de Tecnologías Limpias (ASDIT), consorcio nacional e internacional integrado por universidades chilenas como la Católica del Norte, de Antofagasta, Católica de Chile, Católica de Valparaíso, de Chile, de Concepción, de Santiago de Chile, de Talca, de Tarapacá, Técnica Federico Santa María y la Adolfo Ibáñez-; además de empresas mineras y energéticas instaladas en Chile; Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), centros científicos y tecnológicos de Alemania, Australia, Reino Unido, España, entre otros.

El caso ha significado un dolor de cabeza para la actual administración de gobierno, ya que tanto parlamentarios de oposición como el Consejo de Rectores han criticado el proceso, cuestionando su “falta de transparencia”. El actual Vicepresidente de Corfo, Pablo Terrazas, descartó cualquier tipo de irregularidad.

Bitran mantuvo una mediática cruzada en contra del ex presidente de Soquimich, Julio Ponce Lerou, durante 2017, solicitando incluso que saliera de la compañía por el arbitraje de las concesiones mineras del Salar de Atacama. En ese marco, durante su gestión se acordó que la empresa aportaría U$S193 millones para crear el ITL, un instituto diseñado para desarrollar una minería de bajas emisiones de CO2, a cambio de que ésta tuviera un acceso a una mayor cuota de extracción de litio del Salar. El pago sería obligatorio y debía ir directamente a investigación.

Bitran -que se reunió hoy con el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, para tratar el tema- aseguró que se siente “frustrado” por el resultado de la licitación. A su parecer el proceso no cumplió el propósito original con el cual fue diseñado, ya que encapsula la innovación al mundo académico y no integra a la industria minera. Por lo mismo, instó al gobierno a declarar desierta la adjudicación, asegurando que pueden haber razones políticas de fondo en el desenlace.

¿Qué le parece el resultado de la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias?

Cuando estábamos en la Corfo tomamos la experiencia inglesa con los institutos Katapult, los que fueron creados por Innova UK, que es el equivalente a la Corfo, hace 18 años. Ellos, luego de identificar un desafío nacional importante, convocaron a los actores relevantes y les dio el mandato de estructurar el instituto con ciertas condiciones. Y en la medida que se cumplieran esas condiciones, se genera un financiamiento basal de largo plazo que los evalúa cada diez años. Los problemas con este tema parten con la forma, con un proceso de licitación abierto, como si se licitara un bien de infraestructura. En el fondo hay aquí un problema de comprensión de lo que efectivamente se quería realizar. Lo que se quería hacer era una alianza público-privada y que reuniera a la academia también. No se trataba de hacer investigación científica. Se trataba en lo primordial de hacer desarrollo tecnológico con las empresas proveedoras y mineras. Lo que finalmente ocurre es que se asigna esto a un consorcio que tiene una trayectoria científica con el observatorio ALMA. Es investigación básica que fundamentalmente lleva a publicaciones que no está orientada al desarrollo tecnológico.

¿Cuál era la aspiración original detrás de este proyecto?

La aspiración que se tenía era generar una capacidad de desarrollo tecnológico involucrando al sector empresarial, a los proveedores. Y también generar una demanda por investigación aplicada hacia las universidades, pero orientada por propósito, no para hacer papers que se le pueden ocurrir a cualquiera, sino para cumplir un propósito de política de desarrollo productivo fundamental para Chile.

La visión que teníamos es que al menos el 80% de los recursos fueran destinados para trabajar el desarrollo tecnológico con el sector productivo. Son pasos de prueba donde se trae tecnología de todo el mundo y Chile se transforma en el centro mundial de prueba para las tecnologías verdes orientadas a la minería.

¿A su juicio la inhabilitación de 5 de los siete consejeros del Consejo directivo de Corfo resta validez a la adjudicación?

No tengo claridad sobre el tema jurídico. No soy experto en eso. Entiendo que ellos se inhabilitaron por algún conflicto de interés. Pero mi desacuerdo tiene que ver con un tema mucho más estratégico, que es la visión de lo que se quería hacer.

El actual vicepresidente Ejecutivo de Corfo desestima cualquier tipo de irregularidad, asegurando que hubo transparencia en todo este proceso y el vencedor es un consorcio de nivel mundial. ¿Cree que el gobierno debiera realizar una revisión a este proceso para dar mayores certezas?

Yo creo que el tema está en el cumplimiento del propósito y del interés país. No tengo los elementos para decir si hay o no irregularidades. Lo que sí creo es que existen serias dudas de que con esta adjudicación a un consorcio más bien de carácter científico se pueda cumplir con el propósito. Mi sugerencia al gobierno es declarar desierto este proceso y no asignarlo a ninguno de los consorcios, y tratar de hacer lo que originalmente quisimos hacer en Corfo, que es generar un instituto tecnológico como cuando se creó la Fundación Chile. Pero la idea es que se genere una gobernanza que evite que esto sea capturado por intereses específicos, ya sea de una universidad específica o de un sector político o de un sector empresarial particular.

¿A su parecer se pierde una oportunidad relevante?

Tengo las expectativas y esperanzas de que se declare desierto y que en conjunto todos los actores puedan converger en una propuesta que satisfaga lo que fue la orientación original que estuvo detrás de estas negociaciones. En parte, el origen era devolverle al norte de Chile, que genera esta riqueza, una minería virtuosa en un proceso de desarrollo tecnológico que irradie al resto del país a través del hidrógeno verde, energía termosolar y nuevas tecnologías para la desalación de agua a través de una minería seca que reduce drásticamente la producción de relaves.

¿Coincide con lo que señala Diego Hernández, presidente de la Sonami al decir que la minería se siente marginada en esta decisión de Corfo y que frustra todo esfuerzo?

Sí, porque las empresas mineras no están y eso es no entender que el proceso de innovación se debe hacer junto con los sectores productivos. No es que la academia vaya a venir a inventar algo y después se lo comprará la minería. Eso no existe. Pero no se entiende lo que hicieron porque con esta adjudicación hicieron un enclave científico y si lo hubieran hecho también las universidades chilenas, yo también me habría opuesto.

Hay sectores de la oposición que han planteado que hubo un factor ideológico al elegir al consorcio ganador. ¿Cree que hubo temas políticos de fondo que llevaron a tomar esta decisión?

No sé si es un problema ideológico o es un problema simplemente de comprensión de cómo funciona el fenómeno de la innovación. Sobre todo en la innovación sistémica, donde las fallas de coordinación son enormes. Lo que uno tiene que hacer es crear capital social. Esto destruye capital social. No hemos entendido lo que se requiere para que este país pase a ser un país más sofisticado en su producción. Si creen que solo con lo primario y lo más básico vamos a llegar al desarrollo, están equivocados. Se requiere un rol del Estado. A lo mejor el tema es político. A lo mejor el tema es que en el gobierno no creen que el Estado tenga un rol en el desarrollo industrial y tecnológico. No creen que el Estado deba hacer política industrial. Esta es una forma de política industrial. Entonces, si ellos no creen prefieren que haya investigación científica y probablemente se involucren las principales universidades del mundo, aunque eso termine en papers que van a beneficiar a empresas norteamericanas y que va a tener escasísimo beneficio en Chile. Hay un problema de concepción del rol del Estado.

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