Fundación Allende vs. Banco de Chile: Corte Suprema resolverá si acepta que España investigue las platas negras de Pinochet

Una vez más la fortuna de Augusto Pinochet en la mira de la justicia.

La justicia española reabrió una investigación que involucra al Banco de Chile, para determinar si esta empresa ayudó a Augusto Pinochet y sus asociados en el presunto blanqueo de dinero y alzamiento de bienes, hechos que habrían ocurrido entre 1998 y 2004. Ahora será el máximo tribunal el que determine si visa o no la petición forastera.




El 12 de julio ingresó un recurso desde España a la Corte Suprema de Chile. No se trataba de cualquiera: ese día el máximo tribunal del país fue notificado por la Cuarta Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional de España que en Madrid se había reabierto una investigación que involucra al Banco de Chile para determinar si esta entidad bancaria ayudó a Augusto Pinochet, y a sus asociados, en el presunto blanqueo de dinero y alzamiento de bienes, hechos que habría ocurrido entre 1998 y 2004. En específico, se denuncia que hubo fondos malversados por Pinochet, y posteriormente transferidos a cuentas personales en el extranjero. Y se pide al máximo tribunal notificar a los querellados en el proceso.

Esta solicitud puede ser acogida (total o parcialmente) o rechazada por la Segunda Sala Penal de nuestro máximo tribunal ¿Qué implica en la práctica esta resolución que le pide la justicia de España? Según explican fuentes del caso, para el país europeo es muy importante para que el proceso avance que se notifique a los querellados. La Segunda Sala podría dar una resolución de fondo y decir que rechaza la notificación, porque esa investigación ya la hicieron los tribunales chilenos y que corresponde a Chile el caso penal. En ese escenario, la justicia española podría seguir investigando el caso, pero la reapertura se hace más compleja.

Esta resolución de reapertura se dio a raíz de una solicitud realizada por la Fundación española Presidente Allende. Así, el tribunal español acordó “estimar el recurso de apelación presentado por el procurador Antonio Rafael Rodríguez Muñoz en nombre de la Fundación Presidente Allende, Laura González-Vera, viuda de Carmelo Soria, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, frente al auto de 15 de abril de 2020 del juzgado central de instrucción Nº 5 que se revoca íntegramente”. Y estableció que “contra esta resolución no cabe recurso alguno ordinario”.

Intercambio de documentos

Desde que ingresó el exhorto español a nuestro país para que se notifique formalmente a los involucrados, se presentaron una serie de documentos por los querellados en el caso para pedirle a la Suprema velar por sus intereses en la causa. Por un lado están el Banco de Chile, representado por el abogado Raúl Tavolari, y el presidente de la entidad financiera, Pablo Granifo, quien es defendido por los penalistas Carlos Balbontín, Hugo Rivera y Waldo Bown. Y por la contraparte está Víctor Araya Anchia, abogado que representa a Fundación española Presidente Allende.

En un documento ingresado el 2 de agosto pasado a la Corte Suprema, Araya pidió a dicha corte que declare que Granifo y el Banco de Chile se deben entender como notificados de la resolución de 13 de enero de 2021 dictada por la justicia de España. Para esto, planteó que los hechos que se investigan y juzgan ante la Audiencia Nacional de ese país ocurrieron fuera de las fronteras de Chile, y, “por consiguiente, de manera alguna se puede estar afectando la jurisdicción de los tribunales chilenos”.

Asimismo, sostuvo que el ministro de fuero de nuestro país “nunca investigó aquellos (cuadernos) que la sentencia del pleno de la Corte Suprema determinó que no son constitutivos de delito en Chile, y en cambio sí son materia de investigación y juzgamiento por los tribunales españoles”.

De acuerdo al reciente fallo de la justicia española, “los tribunales chilenos, pese a indicar en la comisión rogatoria de 2012 que el delito de alzamiento de bienes estaba siendo objeto de investigación, lo cierto es que el único procedimiento abierto que figura en las presentes actuaciones, incoado y terminado en Chile, sobre delitos económicos en los que participaron diversas personas relacionadas con Augusto Pinochet, no hace referencia alguna a los que fueron descritos en la querella inicial seguida por el juzgado español y su posterior y detallada ampliación, por lo que, obviamente, los hechos deben seguir siendo investigados”.

El 14 de julio de 2021, la defensa del presidente del Banco de Chile señaló a la Suprema que la resolución española de reabrir el caso “se ha dictado bajo supuestos equivocados o incompletos”. Además, dijeron que esta “concluye, sobre la base de la sentencia dictada en la causa 1649-2004, que en ese proceso nunca se investigaron ni juzgaron los hechos de la querella por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Lo que no advierte la sala en lo Penal (la justicia española) es que la causa 1649-2004 consta de varios cuadernos, entre los cuales está el cuaderno separado de “Alzamiento de bienes y otros”, que es el que contiene la extensa y completa investigación sumarial de los hechos objeto de la querella que la Fundación española Presidente Allende dedujo 28 de abril de 2005″.

Y en el último escrito ingresado ayer, los abogados de Granifo dijeron que “prácticamente todo lo señalado por la Fundación española Presidente Allende en escrito del 2 de agosto de 2021 se aleja de la realidad, llegando a conclusiones erradas, para lograr sus pretensiones procesales y estratégicas”, y volvieron a insistir en que esa investigación ya fue realizada en Chile. En esa línea, dijeron que “no se puede pretender que por los mismos hechos se juzgue a algunos imputados en Chile y a otros en España u otro país, porque aquello pugna abiertamente en contra de principios fundamentales, entre otros, el de unidad de juzgamiento y el non bis in ídem procesal”.

En tanto, Tavolari, representante del Banco de Chile, dijo en un escrito ingresado ayer a la Suprema que “desde que los hechos son de competencia de los tribunales chilenos y son objeto de investigación por éstos, los tribunales españoles son incompetentes para conocer de los mismos”. Y agregó que “desconocer la competencia y jurisdicción de los tribunales nacionales importaría una vulneración del orden público chileno”.

Respuesta del juez que investigó

Además, el 30 de julio pasado el ministro de fuero Guillermo de la Barra, por requerimiento de la Corte Suprema, explicó qué investigó en el caso en cuestión. “Respecto de la causa rol 1649-2004, cuaderno alzamiento de bienes, el 7 de enero de 2014 se decretó el sobreseimiento temporal de la pesquisa judicial (...). Con posterioridad no se ha solicitado la reapertura de sumario”, detalló.

Además, el magistrado dijo que “durante el proceso se investigaron las conductas realizadas por los ejecutivos y exejecutivos del Banco de Chile y sus filiales, los hechos contenidos en la querella interpuesta por la Fundación Presidente Allende y, a su vez, los hechos descritos en la ampliación de querella de la misma fundación”.

Y precisó que los querellados en esta investigación son Augusto Pinochet Ugarte, Lucía Hirart Rodríguez y Óscar Aitken Lavanchy. “A su vez, Hernán Donoso Lira y Pablo Granifo Lavín tienen calidad de denunciados (...) y Banco de Chile, Banchile Administradora General de Fondos S.A. y Banchile Corredores de Bolsa S.A., como responsables civiles subsidiarios”, sostuvo.

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