¿Ir o no ir a la Suprema? La división de los consejeros oficialistas ante la estrategia de reclamar por la creación de nuevos capítulos

Pasadas las 18.30 horas del martes, los consejeros, comisionados y asesores del oficialismo empezaron a llegar hasta la sala 3 de la Cámara en Santiago. Estaban ahí para tener una reunión ampliada de todo el bloque de unidad para debatir sobre la estrategia a seguir para discutir y negociar las enmiendas en el Consejo Constitucional.

Eran tantos los asistentes que la sala se hizo chica y se tuvieron que mover hasta la sala de lectura de la Cámara. Ahí, sentados en esa larga mesa comenzaron con el debate. Algunos asistentes resintieron la cantidad de personas presentes en la reunión, ya que, comentaban, impide que el debate fluya e imposibilita tomar decisiones más concretas.

Sin embargo, otras fuentes valoraron la instancia, ya que permite que todos compartan sus posturas, generar sentido de unidad y de apertura a que las decisiones se toman en conjunto. Una parte del debate estuvo marcado por la estrategia de reclamar ante la Corte Suprema por la creación de nuevos capítulos, como por ejemplo la sección especial destinada a las Fuerzas Armadas.

Este es un viejo problema instalado por el oficialismo, pero que, a casi dos meses de instalado el Consejo, siguen sin resolver. La izquierda interpreta que el reglamento del proceso constitucional no permite que el órgano de 50 consejeros pueda crear nuevos capítulos. Esto, debido a que las reglas que pensó el Congreso le asignaron esa función específica a la Comisión Experta al momento de votar el índice del anteproyecto.

Según el oficialismo, el reglamento dice que el Consejo solo puede ingresar enmiendas que incidan sobre normas e incluso se exige que los consejeros deben señalar claramente el número del artículo que pretenden modificar. Siguiendo esa misma línea, agregan fuentes oficialistas, desde una óptica jurídica y formal un capítulo no es una norma y por eso no tiene asignado ningún número.

Los consejeros que impulsan con fuerza la reclamación ante la Corte Suprema son los dos representantes comunistas: Karen Araya y Fernando Viveros. Ambos defendieron con fuerza la opción. Fuentes del oficialismo optaron por mantener en reserva las posturas de cada consejero, pero sí comentaron que el bloque está dividido. “Hay buenos argumentos para reclamar y para no reclamar”, dice un consejero en privado.

“Tener un capítulo aparte de Fuerzas Armadas es una excepcionalidad constitucional (...) Un capítulo aparte parece más un gusto de la derecha. Como oficialismo vamos a seguir utilizando todas las medidas que la ley nos permite. La posibilidad de acudir a la Corte Suprema es algo que sigue en pie”, afirmó este miércoles el consejero Viveros.

Los apoyos no son por bancada, ya que hay respaldos cruzados y las posturas, por ahora, son individuales. Quienes sí quieren reclamar dicen que hay que hacer el intento, afirman que hay buenos argumentos jurídicos y que el sector tiene “poco y nada que perder”. En la postura contraria, las dudas están puestas en la opción de que al oficialismo le vaya mal. Si ya juegan con todo en contra al ser minoría, sería complejo seguir negociando con la derecha luego de enfrentar una derrota en el máximo tribunal.

Además, este grupo de consejeros ve con preocupación el mensaje comunicacional que derive de esto, ya que, dicen, la derecha lo ocupará para decir que el sector está en contra de la seguridad y de la regulación especial para las Fuerzas Armadas.

El problema es que si el sector usa el tema como “moneda de cambio” de la negociación, tienen un problema formal. Los únicos que ingresaron enmiendas sobre nuevos capítulos fue la derecha. Republicanos y Chile Vamos presentaron un capítulo de Defensa nacional. Los primeros, por su parte, ingresaron un acápite de seguridad y Chile Vamos hizo lo mismo. En tanto, la bancada RN-Evópoli envió una indicación con un capítulo nuevo para la Defensoría de víctimas.

Si el oficialismo aceptara esos capítulos, no podría incidir en su contenido debido a que ya no ingresó indicaciones sobre las normas que irían en esos acápites. Por eso, el oficialismo intentó condicionar la aceptación de la creación de nuevos capítulos a su contenido, pero esa negociación no se dio antes del ingreso de las enmiendas.

El debate sobre la reclamación ante la Suprema también incluyó otro elemento: cuándo hacerlo. No está claro en qué momento se produce el “vicio” reglamentario. Hay quienes dicen que se genera al momento de ingresar la enmienda, otros cuando la indicación se vota en comisión y otros cuando el asunto se somete a votación en el pleno. Determinar esto es clave, ya que es desde que ocurre el vicio que se empiezan a contar los cinco días que establece la Constitución para reclamar ante el máximo tribunal. Para eso se necesita la firma de 10 comisionados o 10 consejeros.

El bloque se dio plazo hasta el jueves para decidir. “En la reunión del bloque de unidad acordamos darnos un tiempo hasta el jueves para poder tener mayor razonamiento técnico y jurídico respecto de la viabilidad del asunto, pero sí existe una postura de avanzar hacia esa vía porque el reglamento es algo que tenemos que respetar para cuidar el proceso”, explicó el delegado de RD Julio Ñanco.

En la reunión luego abordó qué estrategia seguir para debatir y negociar las enmiendas.

En el bloque hay dos visiones respecto del diseño. Un lado plantea ir votando enmienda por enmienda, de manera de aprovechar, dicen en el sector, cada momento para criticar a los republicanos.

Otros, en tanto, sostienen que esa alternativa es poco realista y que esto debe votarse en un solo momento, la última semana de agosto, ya que las indicaciones deben evaluarse en su conjunto y de manera transversal entre las cuatro comisiones.