En los poco más de dos años que lleva como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Marcelo Montero, ha tenido que enfrentar al menos dos conflictos importantes. El último: la toma que vive esa facultad desde el 20 de agosto luego que un grupo de mujeres estudiantes de derecho denunciaran que Francisco Cañas -profesor ayudante de la escuela- había acosado a más de 20 alumnas.

La gota que rebalsó el vaso fue cuando ese profesor solo recibió una amonestación escrita y también cuando autoridades de esa facultad hicieron público los nombres de las estudiantes que denunciaron los acosos. A tanto llegó el tema, que el jueves pasado, nueve días después de lo ocurrido en Derecho, las 11 facultades de la casa de estudios se encuentran tomadas.

Por eso, hoy, los ojos apuntan a Montero, líder de la facultad donde comenzaron las tomas y que algunos miembros de la facultad han deslizado duras críticas a su gestión.

Según relató el medio Interferencia, en mayo de este año cinco estudiantes denunciaron a Cañas ante las instancias formales de la universidad. Ahí se solicitó tres cosas: que Cañas no hiciera clases, que no realizara evaluaciones y que además se le prohibiera la entrada a las dependencias de la facultad. Diecisiete días después -plazo que también fue criticado por el estudiantado- la Dirección Jurídica de la universidad decidió que no se podía prohibir la entrada a Cañas. Eso generó un paro pero lo que vino después originó una toma.

Tras la resolución de la Dirección Jurídica, se le informó a la facultad de Derecho las medidas tomadas por el tema. Con esa información, la directora de carrera de la escuela, Soledad Cabañas -designada en marzo por Montero- reenvió la información al departamento donde trabaja Cañas. El problema es que el correo contenía los nombres y rut de las estudiantes denunciantes, algo que luego fue reenviado por Rodolfo Figueroa, jefe del Departamento de Derecho Público, a todos los profesores de la facultad. Ahí vino el paro.

Como un "error gravísimo" catalogan profesores de la facultad lo realizado por Cabañas y Figueroa. En privado -por lo sensible del tema-, algunos académicos creen que en el caso de la directora de carrera hay una "seria falta de experiencia" que no habría ocurrido si es que ella hubiera estado en el cargo durante el 2017 y 2018 en que hubo varias manifestaciones específicas sobre los protocolos de acoso que debía implementar la UDP.

Las mismas fuentes, siempre en privado, agregan que por eso Montero tiene incidencia en que se  haya llegado a una toma. Primero, dicen, porque no ha habido seguimiento y preocupación por el tema ya que se puso a Cabañas en un puesto que requería de mayor experiencia académica. Además, recalcan que la denuncia de las estudiantes es de mayo y que por eso, dicen, se pudo haber hecho "algo más" durante estos meses.

Segundo, es que la gestión de Montero, para algunos miembros de la comunidad universitaria, ha sido "lejana". El perfil del decano, aseguran, no es de "puertas abiertas" algo que, en estos momentos, podría ayudar en mejorar la relación con los estudiantes.

De hecho, el Consejo de Facultad -que integra Montero- sacó un comunicado la semana pasada para abordar el tema. Según cuentan, en esa reunión se realizaron varias críticas a la gestión de Montero y sus cercanos. Por eso, de hecho, la declaración tiene un tono más "autocrítico".

"El Consejo considera que los reclamos presentados en relación a los contenidos y uso de la normativa requieren ser tomados en serio. Esto supone el compromiso de las autoridades en distintos niveles para evaluar el funcionamiento de esta normativa y revisar sus contenidos y las prácticas desarrolladas en su aplicación. Más allá de la normativa, estimamos beneficioso seguir trabajando para gestionar los cambios culturales que ella supone en la vida cotidiana de la Universidad", se lee en la declaración.

¿Quién es Montero?

El 1 de agosto del 2017, Marcelo Montero Iglesis se convirtió en el nuevo decano de derecho de la UDP reemplazando a Juan Enrique Vargas quien estuvo nueve años al mando de esa escuela y que actualmente dirige la Academia Judicial. Y esa elección tampoco estuvo exenta de polémica. Montero fue elegido por el rector de la universidad, Carlos Peña, en desmedro de la actual presidenta del Colegio de Abogados, Leonor Etcheberry, y el académico Jaime Couso, quienes completaban la terna para ser el nuevo decano.

Según trascendió en ese momento al interior de la facultad, Peña habría elegido a Montero por su pasado privado en el derecho. Sin embargo, hubo varios profesores que consideraron que tanto Etcheberry como Couso tenían más experiencia y cercanía con docentes y estudiantes de la facultad, algo relevante para el cargo. A pesar de eso, el rector eligió a Montero quien hasta ese momento llevaba cerca de 20 años como profesor de Derecho Civil y Filosofía del Derecho en la UDP.

El pasado "privado" del actual decano se remonta al 97'. Desde ese año al 2000, Montero trabajó en el estudio de abogados Carey y Cía y entre el 2002 y el 2006, en el estudio Morales y Besa. Y según consta en la página oficial de la facultad, en 2006 fundó Budasis, "una firma de abogados que incluye a profesionales de otras disciplinas y que abarca una variedad de áreas de prácticas en un modelo innovador que funciona en red, a nivel nacional e internacional, compatibilizando rentabilidad y calidad de vida".

Además, en el sitio web de la facultad, se lee que Montero es también presidente de la Fundación Fernando Fueyo, miembro del consejo consultivo de la Fundación PROhumana, y miembro del directorio de la Fundación Convivir.

El otro conflicto

Ya como decano, el primer tema duro que tuvo que enfrentar Montero fue en noviembre del año pasado cuando despidió a tres profesores considerados como "emblemáticos" para la facultad. La salida de Leonor Etcheberry, Tomás Vial y Rafael Mery generó un paro de estudiantes, luego una toma y las firmas de más de 120 abogadas repudiando, en especial, el despido de Etcheberry.

De hecho, los dardos volvieron a apuntar al decano que durante ese episodio se argumentó temas económicos y discrepancias en el proyecto académico para sacar a los tres abogados de sus cargos.

"Teníamos visiones diferentes de las que podía tener el decano respecto del proyecto pero nunca creí que fue por un ajuste financiero. El rector (Carlos Peña) me ofreció volver con lo mismo que tenía por eso no creo que haya sido financiero, el decano quiso ajustar algunas cosas y después se dio cuenta que habían personas más comprometidas con el proyecto que otros", comentó Etcheberry a fines de julio de este año a La Tercera PM.