Distintas organizaciones gremiales y ciudadanas convocaron para hoy a un paro en Iquique, la capital de la Región de Tarapacá, como una respuesta al complejo momento que esta vive. Desde hace más de un año, esta zona del norte de Chile se ha visto afectada por un incremento en los delitos de mayor connotación social, así como por la descontrolada migración.

¿Cómo entender el problema que aqueja a la sociedad iquiqueña? Estos son algunos de los principales hitos registrados en el último tiempo y que, poco a poco, convirtieron a Iquique en una bomba de tiempo.

Desde 2019 que la fronteriza Colchane, ubicada al noreste de la Región de Tarapacá, ha recibido el masivo ingreso de inmigrantes al país. Pero fue a comienzos de febrero del año pasado cuando la situación terminó por desbordarse.

En aquella ocasión, miles de extranjeros, la mayoría venezolanos, comenzaron a cruzar a pie desde Pisiga, en la frontera con Bolivia, para arribar a Chile. Según palabras del alcalde, Javier García Choque (RN), alrededor de 400 personas diarias comenzaron a llegar ahí, generando rápidamente un colapso en la comuna.

En los primeros cuatro días de febrero del año pasado, 1.600 personas atiborraban la comuna, duplicando su población, que según el Censo de 2017 poseía 1.728 habitantes.

“Aquí se han transgredido los derechos de la seguridad de nuestros pobladores”, aseguró el jefe comunal a La Tercera en aquel momento. Sin preparación para el ingreso masivo, con una población pequeña y sin los suficientes suministros de alimentos o agua potable para todos y en plena pandemia, el jefe comunal teme que la situación empeore.

Desde ese momento se ha mantenido como una constante el ingreso de extranjeros a la comuna, siendo el paso Pisiga-Colchane, además del enorme descampado lleno de pasos no habilitados, las zonas donde ingresan estas personas. Gran parte de estos individuos pernoctan algunos días en Colchane, para luego continuar su viaje hasta Iquique.

Una de las demandas presentadas por los manifestantes es la de mayor seguridad para la región. El pasado viernes, el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, entregó su cuenta pública en la que abordó el aumento de ciertos delitos en la zona.

En cifras, el delito que más ha aumentado es el “tráfico de migrantes”, el que registró un alza de un 501%. Le siguen los homicidios, con un 183% de crecimiento, los que tienen una tasa de 14 muertes por cada 100.000 habitantes en Tarapacá, mientras que a nivel nacional esa medición es de 3,7, comparó el fiscal.

El delito que también crece es el porte de armas cortantes con un 124%, seguido de infracciones a las leyes de tránsito (61%), tráfico de drogas (42%), el robo con violencia (18%) y la violencia intrafamiliar, con un 14% de aumento.

Arancibia, además, advirtió que existe un alza en la violencia de los delitos, así como también la utilización de armas de grueso calibre, a lo que se suma la aparición del sicariato y secuestros, fenómenos que antes no estaban presentes. A juicio del fiscal, son “fenómenos delictuales a los cuales nos estamos enfrentando, respecto de los cuales no estábamos acostumbrados y veíamos muy lejos de nuestros hogares y que hoy lamentablemente son parte de nuestra realidad regional”.

Relacionado al fenómeno migratorio, el mismo persecutor aseguró que existe un alza en la participación de extranjeros en los delitos, quienes pasaron de representar al 6% de los imputados el 2010 al 22% durante el 2021. De hecho, en homicidios los imputados extranjeros llegan al 30%, según cifras de la fiscalía regional.

El 27 de septiembre, distintas organizaciones iquiqueñas llamaron a marchar por la ciudad en contra de la inmigración irregular que afectaba a la ciudad. La convocatoria se llamó “No + Migración” y, según informó Carabineros, contó con más de 5.000 asistentes.

La manifestación se desarrolló por las principales avenidas de la Tierra de Campeones con relativa tranquilidad, sin embargo, al llegar a las inmediaciones de la Av. Aeropuerto con Las Rosas, se generó un ataque en contra de inmigrantes que se aposentaban en espacio público.

Fue en eso cuando un grupo de los asistentes utilizó las pertenencias de los propios extranjeros, como carpas, sacos de dormir, ropa e incluso juguetes de niños, para formar barricadas y encenderles fuego. La situación fue criticada transversalmente y las imágenes dieron la vuelta al mundo.

José Miguel Carvajal (Comunes), gobernador de Tarapacá, apuntó en aquel momento al gobierno como responsable de la situación en la región, acusándolo de una mala estrategia para enfrentar el problema, quedando en evidencia, según su punto de vista, en el desalojo que el día anterior se había realizado en Plaza Brasil.

“Pasamos de tener un lugar con 100 carpas y 100 familias, a tener cinco lugares con 20 carpas y 20 familias, eso fue lo que el gobierno hizo”, dijo Carvajal.

El año comenzó con una impactante noticia a la comunidad iquiqueña y al país. Esto, tras darse a conocer el caso del comerciante Nelson Murúa Páez (67), quien el 6 de enero fue secuestrado, siendo encontrado sin vida dos días más tarde.

Primero, le exigieron a la familia Murúa $ 57 millones para dejarlo libre, a través de un mensaje que fue enviado al celular del hijo de la víctima. Éste, que trabaja como abogado en la ciudad, contactó a familiares y a la policía para dar con el paradero de su padre, para intentar conseguir reunir el monto solicitado.

Pero la banda exigió a la familia que hicieran la transacción en Bolivia, lo que ellos no aceptaron, ante la falta de garantías que entregaba ese trato. “Si no, lo matamos”, habrían amenazado los secuestradores.

Y cumplieron con su palabra, pues el cuerpo de Nelson Murúa fue hallado cerca del mediodía del sábado 8 de enero por la PDI, gracias a la georreferenciación de una foto que los secuestradores enviaron a su interlocutor extorsionado. El comerciante estaba cerca de una toma ubicada en Alto Hospicio, donde habría sido retenido, según las primeras investigaciones.

Su cuerpo presentaba varias lesiones distintas a las que causaron la muerte. Fuentes del caso descartan signos de tortura y atribuyen el deceso de Murúa a un traumatismo cervical y torácico por arma cortopunzante, es decir, a un apuñalamiento.

El 12 de enero se detuvo a un ciudadano venezolano de 24 años, quien es el principal sospechoso del crimen. Además, con el pasar de los días se descubrió que el sujeto habría sido un exfuncionario de la Policía Nacional de Venezuela.

Dos días después se detuvo a dos personas más, un hombre y una mujer, quienes también estarían involucrados en el caso.

Justo el día en que el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal (Comunes), colgó un lienzo negro en el frontis de la Gobernación Regional, con el mensaje “Crisis migratoria, inseguridad y delincuencia nunca antes vividas en Tarapacá. Gracias, Presidente Piñera, por el legado”, Iquique estalló.

Pero no fue por la pancarta, sino por un hecho registrado horas más tarde en la playa Cavancha. Ahí, funcionarios de Carabineros realizaron un control a dos personas extranjeras que supuestamente se encontraban vendiendo drogas.

Pero tras resistirse comenzó un forcejeo. En ese momento, uno de ellos, identificado como Jeisson Alexander Zapata Rodríguez, golpeó con una manopla en la cara al carabinero Alfredo Espinoza Ahumada, quien terminó con fracturas en el rostro y debió ser trasladado hasta el Hospital de Carabineros en Santiago.

Consiguieron ser detenidos, comprobándose que en un bolso portaban marihuana y pasta base de cocaína.

El video que dio a conocer la agresión generó el repudio ciudadano. En Iquique, cientos de ciudadanos salieron a las calles, con cacerolazos y caravanas, para manifestar su rechazo al nivel de violencia e inseguridad que se vive en la ciudad.