Magnicidio en Haití: la endémica inestabilidad que azota al país más pobre de América

En una entrevista con el diario El País, en febrero pasado, el Presidente de Haití, Jovenel Moïse, denunció que había un golpe de Estado en marcha organizado por un grupo de familias y empresarios “que controlan los principales recursos del país, que siempre han puesto y quitado presidentes y que utilizan la calle para crear desestabilización”. “Un pequeño grupo de oligarcas está detrás del golpe y quiere apoderarse del país”, insistió. Pese a ello, Moïse, cuyo padre trabajaba como agricultor y mecánico, y su madre como costurera, aseguró que no dejaría el poder hasta febrero de 2022, pese a que la tensión en el país caribeño iba en alza semana a semana.

En medio de ese clima, el primer ministro de Haití, Claude Joseph, confirmó a primera hora de hoy el asesinato de Moïse, diciendo que el ataque a su residencia en el barrio de Pelerin, de Puerto Príncipe, había sido llevado a cabo por un “grupo de comando armado” que incluía elementos extranjeros. “Alrededor de la una de la madrugada, durante la noche del martes 6 al miércoles 7 de julio de 2021, un grupo de desconocidos, algunos de ellos hablando español, atacaron la residencia privada del presidente e hirieron de muerte al jefe de Estado”, dijo Joseph en un comunicado.

Los atacantes, señala el diario Miami Herald, afirmaron ser agentes de la DEA de Estados Unidos, según videos grabados por personas que estaban cerca de la casa del presidente. Moïse, de 53 años, vivía en Pelerin 5, un barrio encima de las colinas de la capital. En los registros se escucha a alguien hablando en inglés con acento estadounidense gritar por un megáfono: “Operación de la DEA. Que todo el mundo se retire. Operación de la DEA. Todo el mundo atrás, retírense”.

Sin embargo, fuentes dijeron al periódico que los asaltantes no pertenecían a la Administración de Control de Drogas. “Eran mercenarios”, aseguró un alto funcionario del gobierno haitiano. Funcionarios del gobierno del Presidente Joe Biden negaron la implicación de la DEA. Los vecinos informaron que habían escuchado disparos de armas de alto calibre y habían visto a hombres vestidos de negro en la zona. También se reportó la explosión de una granada y el uso de drones, consignó el Miami Herald.

En declaraciones al diario dominicano El Día, el embajador haitiano Smith Augustin dijo que en el asesinato de Moïse hay extranjeros involucrados. “Personas expresaron que escucharon voces hablando inglés y español, pero no se ha confirmado si hay militares involucrados”, señaló Augustin.

El magnicidio sucede en momentos en los que el país atraviesa una situación profundamente inestable. La crisis política se desencadenó en 2018 por denuncias de corrupción de Moïse, en torno a los fondos del programa de ayudas venezolano Petrocaribe, y se ha agravado en los últimos años por problemas económicos y un clima político cada vez más tenso.

Las protestas, en muchas ocasiones violentas, han paralizado las actividades en Puerto Príncipe durante varias semanas a lo largo de estos tres años de inestabilidad, y motivaron el aplazamiento de las elecciones legislativas de 2019, consigna EFE. Tras la expiración en enero de 2020 del mandato de los diputados sin nuevas elecciones, el presidente haitiano seguía gobernando por decreto.

La crisis se agravó el pasado 7 de febrero, día en el que Moïse denunció que la oposición, junto a un grupo de jueces de la Corte de Casación (Suprema) y altos mandos de la policía tramaban un atentado para asesinarlo en ese día.

La oposición no reconocía la legitimidad de Moïse desde el 7 de febrero de 2021, fecha en la que consideran que terminó su mandato, debido a una interpretación de un artículo de la Constitución que permitiría entender que su gobierno comenzó en 2015, coincidiendo con la fecha de unas elecciones que acabaron siendo anuladas y no con su investidura, que tuvo lugar en 2017.

“Mi mandato empezó el 7 de febrero del 2017 y termina el 7 de febrero del 2022. Entregaré el poder a su propietario que es el pueblo de Haití. Los oligarcas corruptos acostumbrados a controlar a los presidentes, a los ministros, al Parlamento y al Poder Judicial piensan que pueden tomar la presidencia, pero solo hay un camino: elecciones. Y yo no participaré en esas elecciones”, declaró Moïse a El País en febrero pasado

El presidente enfrentó una fuerte oposición de sectores de la población que consideraron su mandato ilegítimo, y pasó por una serie de siete primeros ministros en cuatro años. De hecho, estaba programado que Joseph fuera reemplazado esta semana después de solo tres meses en el cargo. El lunes, Moïse había anunciado el nombramiento de un nuevo primer ministro, Ariel Henry, de 71 años, a quien encargó “la formación de un gobierno de base amplia” para “resolver el flagrante problema de la inseguridad” y trabajar para “la celebración de elecciones generales y el referéndum”.

Además de las elecciones presidenciales, legislativas y locales, Haití debía tener un referéndum constitucional el 26 de septiembre después de que se pospusiera dos veces debido a la pandemia de coronavirus. Con el apoyo de Moïse, el texto de la reforma constitucional, destinado a fortalecer el Poder Ejecutivo, ha sido rechazado de manera abrumadora por la oposición y muchas organizaciones de la sociedad civil. La Constitución actualmente vigente fue redactada en 1987 después de la caída de la dictadura de Duvalier y declara que “cualquier consulta popular dirigida a modificar la Constitución por referéndum está formalmente prohibida”.

Las elecciones tendrán lugar en un contexto de crisis política y social que se hizo visible en el verano de 2018, cuando se iniciaron las manifestaciones con el objetivo frustrado de tumbar al presidente. La indignación popular fue desatada por el aumento del precio de la gasolina y se atizó con un informe de 2019 que relacionaba empresas del Presidente Moïse con casos de corrupción, destaca France 24.

Catalizadores de las protestas que no se pueden desligar de la crítica situación económica, agravada por la pandemia, que atraviesa la clase trabajadora del país más pobre de América. Según el Banco Mundial, alrededor del 60% de la población gana menos de US$ 2 al día. Estos problemas se producen cuando Haití -de 11 millones de habitantes- todavía intenta recuperarse del devastador terremoto de 2010 (que mató a unas 217.000 personas y dejó a más de dos millones sin hogar), y del huracán Matthew, que azotó al país en 2016, causando más de 800 decesos y casi US$ 2.000 millones en daños.

El PNUD sitúa a Haití en el puesto 170 de 189 por su Índice de Desarrollo Humano. Su PIB se contrajo alrededor de un 3,8% en 2020, ya que la pandemia de coronavirus agravó la ya débil economía y la inestabilidad política. Haití es uno de los pocos países que aún no ha iniciado su campaña de vacunación contra el Covid-19, según France Presse.

La crisis política y de seguridad ha derivado también en un empeoramiento de la situación humanitaria, especialmente en la zona de Puerto Príncipe, donde unas 18.100 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por el repunte de la violencia, 14.700 de ellas en el último mes, según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas. La ONU ha advertido también que la violencia complica el reparto de la ayuda y ha dejado con poca o ninguna asistencia a miles de personas, a pesar de que estima que en total 1,1 millones necesitan algún tipo de auxilio para cubrir necesidades o servicios básicos.

Más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas entre el 1 y el 30 de junio pasado en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, reveló este martes un informe del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH). “El país está asediado por bandas armadas que siembran el terror, asesinatos, secuestros, violaciones (...). Puerto Príncipe está sitiado en el sur, el norte y el este. Asistimos a una sociedad cada vez más pasiva mientras el país está asediado”, lamentó la organización en un documento.

Al menos seis extranjeros han sido secuestrados, lo que eleva el total a 20 en el primer semestre de 2021. Tres departamentos están aislados del resto del país, según este informe, que habla de “la hegemonía del crimen en Haití”. Del 1 de enero al 21 de junio, 30 policías fueron asesinados frente a los 26 de 2020, según la ONG, que sostiene que algunos son mutilados, desaparecidos, secuestrados, torturados, etcétera.

Laurent Dubois, autor del libro Haití: las réplicas de la historia, dijo a la cadena Al Jazeera que todavía había “muchos detalles por entender” sobre el “impactante” asesinato de Moïse. “Ha habido una crisis política duradera que ha empeorado en los últimos años”, comentó. El país, recuerda The Associated Press, ha luchado contra la inestabilidad política, junto con la pobreza extrema y la delincuencia, desde el fin de las brutales dictaduras de François y Jean-Claude Duvalier de 1957 a 1986.

“En los últimos meses, en particular, ha habido muchas advertencias provenientes de observadores sobre el terreno de que la situación se ha vuelto extremadamente angustiosa y deteriorada. Esto es parte de ese curso de eventos, pero es muy difícil entender exactamente lo que sucedió, y también, lo que es preocupante, exactamente lo que sucederá en los próximos días a raíz de esto”, dijo Dubois.

A juicio del profesor de historia en la Universidad de Virginia, Moïse dejó “un legado mixto”. “Desde su elección, ha habido continuos problemas y disputas sobre su legitimidad como presidente”, señaló. “Además de eso, más recientemente la crisis de Covid-19 se ha tratado muy mal”.

Legalmente, el presidente de la Corte Suprema de Haití es quien debería ocupar la presidencia del país de manera interina tras el asesinato de Moïse, indicó Jean Wilner Morin, presidente de la asociación nacional de jueces haitianos, en una entrevista con CNN. Sin embargo, el juez René Sylvestre, quien presidía el máximo tribunal de Haití, murió por Covid-19 hace unos días.