Oposición no suelta a Boric y ahora apunta a Nancy Yáñez: las alternativas que barajan para continuar con la ofensiva de los indultos

Aunque sufrieron una derrota con el dictamen del Tribunal Constitucional, Chile Vamos seguirá con su estrategia para criticar la decisión del Presidente Gabriel Boric de indultar a 13 personas. Ir a la Contraloría y recusar a la presidenta del TC son algunas de las medidas que estudia el sector para mantener el tema en la agenda pública. El factor electoral, dicen en la derecha, está sobre la mesa.


“Fallo del TC dividido, con rechazos que protegen al gobierno. Ejerceremos nuestras facultades y recurriremos a todas las instancias”, advirtió ayer en la noche, en su cuenta de Twitter, el presidente de la UDI, Javier Macaya.

Aunque el timonel del gremialismo no precisó a qué medidas se refiere, lo cierto, dicen en esa colectividad es que están analizando -con abogados- diferentes opciones para mantener en la discusión pública el tema de los 13 indultos otorgados, en diciembre pasado, por el Presidente Gabriel Boric. Y no será la UDI sola, sino que todo Chile Vamos, bloque que está convencido de continuar con la ofensiva.

De hecho, ayer tras el veredicto del Tribunal Constitucional que rechazó las impugnaciones a los requerimientos de senadores de la oposición -de Chile Vamos y Demócratas- en contra de siete de los 13 indultados, parlamentarios de la Cámara Alta conversaron inmediatamente en el Congreso sobre qué camino seguir.

VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

La estrategia de continuar poniendo en entredicho la decisión presidencial -la que ha sido cuestionada debido a los informes de Gendarmería con recomendaciones negativas sobre indultar, las desprolijidades en los beneficios concedidos que terminaron con la salida de Marcela Ríos de la cartera de Justicia, entre otros-, no es casual, según reconocen en el sector.

Y es que en la ecuación hay un factor -dicen- que no es menor: que están en periodo de campaña, de cara a los comicios de mayo del Consejo Constitucional. Así, mantener el tema, agregan las mismas fuentes, puede ser usado como un discurso electoral, lo que estiman podría favorecerles en un contexto en que la seguridad sigue siendo, según los distintos sondeos de opinión, una de las materias más demandadas por la ciudadanía.

De hecho, los candidatos de la UDI al nuevo órgano redactor llegaron esta semana hasta La Moneda para dejar una carta a nombre del Mandatario, pidiendo que en la nueva Carta Magna no esté la facultad de indultar. “Proponemos no incluir la facultad de indultar en la nueva Constitución”, dice la misiva que dejaron en Palacio.

¿Recusar a Yáñez?

Los ministros del TC no son acusables constitucionalmente. Por lo mismo, Chile Vamos está analizando una alternativa que, preliminarmente, se ve casi imposible de que tenga éxito.

Se trata de la recusación amistosa en contra de la presidenta del TC, Nancy Yáñez, es decir, la solicitud por parte de algún requirente para que un ministro se inhabilite por tener alguna causal que afecta su independencia.

En la regulación del TC esta recusación debe ser propuesta por el ministro que tiene la inhabilidad y debe ser aceptada por el pleno. El análisis de esta opción surgió luego de que el sector supiera de la existencia del libro “Desafíos globales para la nueva democracia en la nueva Constitución: la protesta social en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

El texto, en que la autora es Yáñez, contiene un capítulo titulado “El derecho a la protesta social. Un debate en el marco del proceso constituyente chileno”.

La derecha podría intentar recusarla, incluso luego de que la causa ya esté deliberada y en acuerdo, pero las veces anteriores que se optó por ese camino todas terminaron en fracasos.

La última vez que alguien intentó hacerlo fue en el requerimiento del Presidente Sebastián Piñera en contra de los retiros del 10%. Esa vez se quiso recusar a la entonces presidenta del TC, María Luisa Brahm, por -entre otros argumentos- haber sido la jefa del segundo piso del exmandatario durante su primera administración.

La implicancia se rechazó. “No hay argumentos de hecho o de derecho en los escritos mencionados que den cuenta que la presidenta de esta magistratura habría incurrido en la causal legalmente prevista, pues no ha emitido opinión con publicidad o dictamen acerca de este asunto concreto, sino más bien se vinculan actuaciones o hechos acaecidos en distintos momentos, lugares y contextos, para construir un relato que aparentemente los relaciona para producir una conducta que configuraría la causal de implicancia; cuando la causa ya había sido deliberada”, argumentó el pleno.

En el sector, en todo caso, hay quienes dicen que no les convence esa alternativa. Primero porque creen que fracasaría y, en segundo lugar, debido a que aunque ella quedara inhabilitada (escenario poco probable) no influiría en el resultado de los indultados. Esto porque, sostienen algunos senadores, se perdió por “hartos votos” con un resultado seis contra dos en algunos casos y en otros cinco contra tres.

¿Ir otra vez a la Contraloría?

Dentro de las opciones que conversaron ayer en la tarde los parlamentarios se asomaba el camino de insistir ante la Contraloría. El ente dirigido por Jorge Bermúdez fue muy hábil para sacarse el tema de encima. Cuando los diputados de la UDI mandaron un escrito pidiendo que revisara la legalidad de los indultos, Bermúdez esperó que el TC declarara admisibles los requerimientos por parte del TC para abstenerse.

En un breve dictamen invocó el artículo 6 de la ley de Contraloría para interpretar que el asunto es de materia “litigiosa” y, por lo tanto, se abstuvo y no emitió opinión. De esta manera, la estrategia de dos cuerdas paralelas -el TC y la Contraloría- que asumió Chile Vamos terminó bloqueando el actuar de Bermúdez.

Sin embargo, aún hay una última esperanza. Lo primero es esperar la redacción de los fallos y saber si el voto de mayoría se pronunciará sobre la legalidad de los indultos. Si el TC no dice nada sobre este punto, entonces la Contraloría podría conocer de nuevo un requerimiento contra estos decretos dado que el tema ya no será “litigioso” -se terminó la tramitación en el TC- y porque la Contraloría es el órgano por excelencia del control de legalidad de los actos de la administración.

Así lo cree el senador Matías Walker (Demócratas), quien fue uno de los empujó el escrito ante el TC. “En virtud del principio de inexcusabilidad la Contraloría debe pronunciarse respecto del requerimiento del control, ya no de constitucionalidad que fue resuelto en fallo dividido por el TC, pero sí respecto del control de legalidad. Ya resuelto el recurso ante el TC la Contraloría debe hacer un examen de legalidad y revisar los fundamentos de los indultos”, dijo el parlamentario.

No obstante, si el TC además se refiere a la constitucionalidad y legalidad de los indultos, entonces el contralor -en caso de que nuevamente le pidan un pronunciamiento- podrá decir que un tribunal ya zanjó la discusión y él no puede pronunciarse sobre un vicio que el TC declaró que no existe. Todo dependería de la manera en que venga redactada la sentencia y el voto de mayoría.

Además, hay otras opciones sobre la mesa, según transmiten algunos parlamentarios: instalar reparos por los otros indultados (que quedaron fuera de los siete a los que se impugnó en el TC).

También está el camino del requerimiento administrativo que presentaron senadores de RN para que el Presidente anule su decisión. “Se busca por la vía administrativa se puedan impugnar estas decisiones. Ese requerimiento no ha tenido respuesta”, dijo a TVN la senadora Paulina Núñez, quien además reconoció que ella -y otros senadores del sector- no estaban convencidos de ir al TC debido a que, a su juicio, el tema debió seguir en la arena política.

Y agregó: “El Presidente tiene la posibilidad de enmendar”.

Todas estas acciones además se verán cruzadas con la comisión investigadora en la Cámara de Diputados, instancia en la cual la derecha quiere invitar al propio Mandatario a exponer.

Aunque en Chile Vamos algunos defienden haber ido al TC y aseguran que el resultado era esperado debido a la composición del órgano (con integrantes más ligados a la centroizquierda), lo cierto es que fue una derrota política. Eso sí, quienes respaldan la arremetida transmiten que lograron su objetivo: darle visibilidad al tema y mostrar un cuestionamiento a la decisión del Jefe de Estado. Una ofensiva que pretenden continuar, al menos hasta los comicios.

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