Bermúdez da pie atrás y modifica polémico dictamen que afectaba a profesores de Derecho

La doctrina del contralor -que prohibía a los docentes de casas de estudio estatales mantener litigios contra el Fisco- fue modificada y ahora estos profesionales sí podrán participar de estas causas. La restricción se mantiene para los otros abogados que reciben remuneración por parte del Estado.




Pasado este mediodía, la Contraloría dio a conocer una aclaración y precisión del polémico dictamen que establecía que ningún abogado que sea funcionario público puede litigar en contra del Fisco. Así, a través de las redes sociales, el ente contralor informó que "el personal académico de las universidades del Estado no poseen incompatibilidad o prohibición de ejercer acciones civiles contra el Estado".

Esta nueva doctrina, que se había dado a conocer la semana pasada, afectaba directamente a las facultades de Derecho, ya que implicaba que ningún profesor podía seguir litigando contra el Fisco y seguir haciendo clases. Esta prohibición no aplicaba para los abogados que llevan causas en las clínicas jurídicas, ya que ahí están ejerciendo su función académica. Antes de este dictamen, los abogados estaban conscientes de que existía esta prohibición, pero tal como lo había interpretado la misma Contraloría y el Congreso, se entendía que eso solo aplicaba para causas que tenían efectos en los intereses patrimoniales del Estado.

Esta reconsideración por parte del contralor Jorge Bermúdez ocurre después de que abogados de diversas casas de estudio manifestaran su molestia por el dictamen. De hecho, el viernes pasado las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se reunieron con él para solicitarle que modificara su dictamen.

Este documento también había significado que esta mañana la disputa se judicializara. Esto, porque el abogado Rodrigo Zegers, representado por los juristas Ciro Colombara y Aldo Díaz, recurrió ante la corte de Apelaciones argumentando que "través de este acto ilegal y arbitrario, el contralor sr. Bermúdez Soto, se extralimitó en sus funciones, ampliando la prohibición que pesa sobre los funcionarios públicos de no actuar en representación de terceros en juicios civiles contra los intereses del Estado a casos no incluidos en la normas que contienen dicha prohibición".

El escrito indica, además, que "al emitir el Dictamen Nº 12.120, el contralor sr. Bermúdez Soto, por una parte, actuó al margen de su potestad dictaminadora y, por otra, impuso una prohibición que no estaba establecida en la Ley, realizando, además, una interpretación extensiva de una norma prohibitiva, vulnerando e infringiendo además el principio de la confianza legítima".

Zegers, en su escrito, señala que la resolución del contralor "además de ser ilegal, es arbitrario, pues carece de una debida motivación y justificación, lo que, como se verá, amenaza, lesiona y vulnera el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales de las que soy legítimo titular, a saber: (i) La garantía de igualdad ante la Ley, contenida en el artículo 19 Nº 2 de la CPR (Constitución Política de la República); (ii) La garantía de libertad de enseñanza, contenida en el artículo 19 Nº 11 de la CPR; (iii) La garantía de libertad de trabajo, libre  elección y libre contratación contenida en el artículo 19 Nº 16 de la CPR; (iv) La garantía de no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, contenida en el 3 artículo 19 Nº 21 de la CPR; y, (v) El derecho de propiedad recogido en el artículo 19 Nº 24 de la CPR".

El documento, luego, da a conocer los antecedentes personales de Zegers, entre los que se incluyen ser profesor de la Universidad de Chile desde 2008. Añade que "de manera paralela a mi trabajo como académico, he desarrollado una exitosa carrera como abogado litigante, siendo socio fundador del

Estudio de Abogados 'RIVADENEIRA COLOMBARA ZEGERS'"

Al final el recurso, que consta de 105 puntos, el abogado solicita a la corte de Apelaciones que se aplique una orden de no innovar hasta que el tribunal resuelva el fondo de este asunto.

Con esta precisión de Bermúdez, se espera que esta acción judicial quede sin efecto y se archive. Así, el contralor evitará enfrentarse nuevamente en una disputa con los tribunales de justicia.

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