Por qué el Presidente desistiría de impugnar la ley del 10% ante el TC... y el inédito último recurso de sus senadores

Presidente Sebastián Piñera

Foto: Agencia Uno

“No siempre lo que uno cree que es lo mejor para el país es lo que se aprueba en el Congreso”, dijo hoy Piñera, cuando la norma está a la vuelta de la esquina del Diario Oficial. Si definitivamente no la veta ni tampoco recurre al Tribunal Constitucional, queda una última salva de honor: que los senadores oficialistas no le pidan al organismo que la impugne, sino que dé su parecer respecto a qué quórums fijarán las reglas del juego en adelante, pensando en futuros casos. El problema es que los expertos creen que no tiene por dónde flotar.




Hasta el cierre de esta edición, no enviaría un requerimiento al Tribunal Constitucional para impugnar la ley que permite el retiro anticipado de pensiones. Muchísimo menos probable es que mande un veto presidencial al Congreso (en el mejor de los casos obtendría los mismos 13 votos que anoche se opusieron). Salvo otra sorpresa presidencial, de descartarse ambas vías al Mandatario le quedaría un postrer camino que aún está bajo análisis para que lo ejecute un grupo de senadores oficialistas: pedirle al mismo TC ya no que invalide la norma, sino que se pronuncie y deje un “precedente” respecto de si futuras reformas constitucionales requerirán 3/5 ó 2/3 en el Congreso.

Si de hacerse resulta o no, está en duda porque de momento en el mismo gobierno hay quienes creen que no flotará; hay entendidos que aprecian de inmediato que es una herramienta que no se ha usado con éxito y que escapa de las atribuciones del organismo que preside María Luisa Brahm, y que lo encuentran raro jurídicamente hablando.

En La Moneda esperan que lo hagan los congresistas; no lo va a hacer el Presidente, se entiende hasta ahora. Hoy, en su primera vocería tras el tercer miércoles negro consecutivo, no quiso zanjar si enviará o no el veto u otro recurso, pero sí dijo que “no siento que uno experimente una derrota cuando lucha con convicción” y que “no siempre lo que uno cree que es lo mejor para el país es lo que se aprueba en el Congreso”.

Los senadores ya tienen el piso de 11 firmas (6 UDI, 7 RN y 1 Evópoli se cuadraron anoche en la sala), pero les falta tomar una decisión definitiva porque aún tienen -precisan- dudas jurídicas que están tratando de despejar con abogados, partiendo por si la idea es o no viable. Pero algo está claro: tampoco quieren impugnar la ley y ya dan por sentado que el retiro de fondos de pensiones es un hecho. Lo que sí pretenden es que el TC se pronuncie respecto del quórum para evitar que vuelta a ocurrir en futuros proyectos de ley.

“Estamos analizando recurrir al Tribunal Constitucional no para echar atrás el retiro del 10%, que lo entendemos ya como un hecho. RN no va a impugnar el retiro de fondos”, aclara el jefe de los senadores de ese partido, Rodrigo Galilea. El objetivo es recurrir para que el TC aclare la diferencia de opinión jurídica que tiene que ver con cuáles son los quórum que se requieren para eventuales disposiciones transitorias en la Constitución”.

Y agrega: “Porque pueden haber eventuales iniciativas y algunas que ya estén presentadas. Creemos que lo mejor es recurrir ahora para que el TC se haga presente y deje clara la regulación en esta materia”.

De concretarse esto, el gobierno y sus parlamentarios esperan obtener del TC un parecer genérico pero que tenga un valor de precedente pensando en futuras leyes: la primera en la lista es el proyecto iniciado en moción de diputados del PC que busca gravar en un 2,5% grandes fortunas personales, conocido como el de los “súper ricos”, y que el diputado DC Matías Walker ya ha apurado en la Comisión de Constitución de la Cámara.

En el gobierno estiman que el TC debería tramitar eso en un par de días en vez de los 10 legales de margen para no encender las calles; hasta donde entienden algunos en La Moneda, la promulgación de la ley del 10% tiene que esperar eso primero. Eso sí, aquello no la afectaría de forma alguna, aseguran.

Pero dos expertos, Jorge Correa Sutil y Gabriel Osorio, sencillamente no ven por dónde pueda tener éxito esta idea que sería el último disparo de La Moneda en esta saga.

“Aprobado por 2/3 en cada una de una ramas del Congreso, no veo ningún argumento para recurrir al TC, pues ese es el quórum máximo con que se pueden aprobar reformas constitucionales”, dice el ex subsecretario DC. Agrega que “ciertamente, el TC solo puede conocer de las impugnaciones o requerimientos que se le hagan en conformidad a su competencia; no es un órgano consultivo que emita opiniones respecto de conductas futuras”.

¿Puede emitir un pronunciamiento genérico como precedente? “El TC no puede pronunciarse si no lo hace ante un requerimiento sobre una ley en particular. En ese caso se tiene que alegar que una ley es inconstitucional, y entonces su sentencia puede servir como precedente. Pero no se le puede pedir que establezca un precedente si no hay una impugnación concreta respecto de una ley, alegando la inconstitucionalidad de una ley”, dice.

¿En el caso que sí lo hiciera, de qué serviría ante futuras tramitaciones en el Congreso? “Es que el TC no tiene competencia para pronunciarse así. Solo puede pronunciarse si 1/4 de los diputados y senadores en ejercicio lo requiere para que declare la inconstitucionalidad de un proyecto de ley, y en ese caso su opinión sí constituye un precedente”.

Gabriel Osorio coincide: “El Tribunal Constitucional no es un órgano de consulta, esto es taxativo. El artículo 93 de la Constitución establece específicamente cuales son las competencias del TC. Éste siempre se pronuncia sobre controversias jurídicas específicas y no sobre acciones declarativas o juicios de mera certeza para obtener sentencias estimatorias”.

Agrega ahí que “lo que se pretende desconoce la esencia de nuestra jurisdicción constitucional”.

Y cierra: “Por lo anterior, dificulto enormemente que el Tribunal varíe en su doctrina, y que los senadores obtengan un pronunciamiento abstracto. Sin embargo, en el remoto caso que tuvieran éxito, este no podría aplicarse al caso de la reforma del 10%, porque no estarían iniciando una cuestión de constitucionalidad sobre un proyecto de reforma en los términos señalados por el artículo 93 N° 3 de la Constitución. Podría servir como nuevo precedente, pero nuevamente, dudo mucho que su estrategia tenga éxito”.

Los otros cartuchos jurídicos que no se dispararon

En un comienzo las opciones que barajó el gobierno eran dos: acudir al organismo apelando al tema del quórum debido a que, a su juicio, se usó un artículo transitorio que estaba vinculado a un capítulo que requería de 2/3 y no de 3/5, como plantearon los parlamentarios de la oposición. Es decir, que para la aprobación del retiro de fondos se requería de ese número de parlamentarios para poder despacharla y no uno menor.

Y la otra alternativa, era acudir apelando a que el proyecto era una iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Sin embargo, lo primero se desechó pues el Senado finalmente aprobó la iniciativa con 2/3 de los representantes y se esperaba que lo mismo ocurriera hoy en la Cámara de Diputados. En ese sentido, sostienen que el argumento del quórum deja de ser efectivo ante el organismo para evitar que la normativa prospere y, por lo tanto, sería una “insensatez” persistir en eso.

Asimismo, dicen que tampoco tendría sentido argumentar por la votación en general que se dio en la Cámara de Diputados, cuando ahí no se alcanzó el quórum de 2/3. Esto, porque en las votaciones posteriores sí se consiguió.

Respecto de lo segundo, sostienen que es más debatible debido a que la iniciativa exclusiva del Mandatario es para proyectos de leyes y no reformas constitucionales.

Sobre la opción de acudir apelando a que esto era una iniciativa exclusiva del Presidente, los parlamentarios transmiten que eso sigue en análisis, pero que es más complejo debido a que ahí se podría poner en cuestión el fondo del proyecto.

Con todo, el escenario en Chile Vamos no es de unanimidad sobre la ruta a seguir: hay voces disidentes que están en contra de esta ofensiva y varios legisladores han transmitido que el Ejecutivo también debía acudir al TC y no dejar pagar el costo político solo a los parlamentarios.

Sobre el veto, en Palacio dicen que la opción es inviable debido a que no tienen los votos necesarios para su aprobación. De todas formas, recalcan que Piñera en la mañana no lo descartó por un tema “procedimental” de esperar que sea despachada la normativa del Congreso y ver cómo quedó.

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