¿Prorrogar o no? Las dudas que levanta en el gobierno una nueva renovación del estado de excepción

Uno de los aspectos que preocupa es cómo

En medio de la discusión por la continuidad del toque de queda tras los comicios de este fin de semana, el gobierno está a 49 días del vencimiento del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública. En La Moneda ya hay algunas voces que se decantan por no presentar una nueva prórroga e ir "normalizando" la situación del país, acorde a como vayan mejorando los indicadores sanitarios. Por otro lado, ya se analiza qué restricciones quedarían fuera si la normativa se levanta.




Desde su promulgación el 18 de marzo del 2020, el Estado de Excepción Constitucional (EEC) de Catástrofe por calamidad pública ha sido prorrogado tres veces por períodos de 90 días. Lo que a la fecha se traduce en que la medida ha estado vigente por 420 días con todas las limitaciones que ello implica: de movimiento, reunión, entre otras.

Tras la última ampliación, aprobada con acuerdo del Congreso el 13 de marzo pasado, la nueva fecha límite para que el gobierno decida o no extender su vigencia es el 30 de junio. Pero la pregunta que ronda en La Moneda es si esta vez se hará o no.

¿La razón? Ya durante la discusión en marzo, los parlamentarios opositores exigieron que el Ejecutivo diera “cuenta sanitaria” de las medidas tomadas en contexto de pandemia, principalmente por una de las restricciones asociadas al EEC que más hace ruido: la efectividad del toque de queda.

Es precisamente este debate el que se reactivó a inicios de esta semana, luego de que se anunciara el lunes que para la última jornada de elecciones habrá una flexibilización del horario de inicio de la restricción de movilidad nocturna: de 2.00 a 5 horas, durante la madrugada del lunes.

Aunque el ministro de Salud, Enrique Paris, fue más allá y confirmó que tras los comicios comenzaría una discusión entre Salud Pública y Prevención del Delito para tomar alguna determinación sobre el toque de queda. “Lo estamos analizando para después de las elecciones. Todavía no hay nada definido, pero lo vamos a conversar. Cada uno tendrá que otorgar su punto de vista: desde el punto de vista de Prevención del Delito y también en materia sanitaria. Para nosotros (el toque de queda) sí ha sido una medida efectiva”, comentó a La Tercera.

En el gabinete, no solo Paris ha puesto el tema sobre la mesa. El subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, comentó en entrevista con T13 acerca de la medida que “esperamos ir gradualmente liberalizando medidas”. Y en conversación con CNN, el ministro de Economía, Lucas Palacios, aseveró que “si en vez de las 21 horas el toque de queda comenzara a las 23.00, tendríamos US$ 35 millones de ingreso más para ese grupo del comercio que está siendo afectado, que básicamente es el grupo gastronómico”.

Sin embargo, fue el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien el martes puso una “fecha límite”, al ser consultado por la continuidad del toque y del estado de excepción por completo. “Tenemos como horizonte fines de junio para poder seguir con estas herramientas, no solamente el toque de queda. Si eso no se renueva, por supuesto que vamos a tener una estrategia distinta, pero el horizonte de tiempo es el 30 de junio, tal como dice el decreto”, aseveró.

Los aspectos que se analizan

Si bien en La Moneda no lo han analizado de manera formal, sí ha sido materia de comentarios entre algunos asesores y ministros del comité político. La idea de volver a pedir una prórroga del EEC -que se vence en 49 días más- genera debate al interior de Palacio.

Esto, por varias razones. Primero, porque, al igual que la última vez, nuevamente requerirán del acuerdo del Congreso, lugar en que la centroizquierda ya ha cuestionado la extensión de esta facultad. Y, en segundo lugar, por las medidas que se pueden tomar bajo este estado.

Sobre esto último, hay dos aspectos que inquietan a La Moneda. El primero es que sin EEC no se pueden mantener las cuarentenas, algunos fondos económicos -como los asociados a la trazabilidad de casos Covid-19- y además está el factor de las Fuerzas Armadas, quienes bajo estado de catástrofe pueden colaborar en distintas actividades, entre ellas, en el resguardo y control en la Macrozona Sur, donde está el conflicto en La Araucanía y Biobío.

Este último punto, de hecho, lo sinceró el Mandatario en marzo pasado. Oportunidad en que recibió varias críticas por vincular el tema sanitario al de seguridad. “Vamos a aplicar el estado de derecho. Hoy día tenemos un estado de emergencia que permite la colaboración de las FF.AA. (...); el estado de sitio solo dura 15 días, en cambio el estado de catástrofe puede permanecer en el tiempo y el problema de La Araucanía requiere más de 15 días”, indicó en esa ocasión.

Y agregó: “Para combatir esto se requiere mantener el estado de emergencia. Vamos a extender el estado de catástrofe, que vence el 13 de marzo, que también tiene que ver con la pandemia”.

Más allá de las críticas que generaron los dichos de Piñera en esa oportunidad, en Palacio reconocen que es un punto a considerar a la hora de pedir o no el acuerdo del Congreso para una prórroga.

El factor sanitario

En el Ejecutivo, en todo caso, dicen que el factor más relevante es el sanitario y que todo depende de cómo evolucionen los números: la curva de contagios y el proceso de vacunación. Hay algunos en La Moneda que creen que el escenario ideal sería no extender el estado de excepción para ir normalizando la situación en el país. Otros creen que es mejor contar con esta herramienta e ir normalizando de otras formas, es decir, levantando las cuarentenas, eliminando el toque de queda, etc., progresivamente.

En Salud, en tanto, ya se hace el análisis de qué medidas quedarían fuera si se acaba la restricción. Según se argumentó en el Congreso durante marzo, los cordones sanitarios, las aduanas sanitarias, el aislamiento o cuarentenas a localidades determinadas son materia del estado de catástrofe. Sin embargo, habría otras medidas que podrían permanecer, pero enmarcadas en la alerta sanitaria, como la exigencia a los prestadores privados para duplicar camas críticas y de derivación de pacientes, independiente de su previsión.

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