Traslado de reos con covid a penales de Rancagua, Valdivia y Serena: Un error que obligó a Larraín a dar explicaciones

Gendarmería está estudiando la manera en que se hará efectiva la liberación de los reos. Foto: Andrés Pérez

78 de 99 reos traslados de Santiago a la cárcel de Rancagua a mediados de junio dieron positivo para covid-19. Lo mismo pasó en la Serena y Valdivia que recibieron 20 y 17 reos contagiados, respectivamente. El incidente puso en tela de juicio los protocolos sanitarios seguidos por Gendarmería y obligó al Ministerio de Justicia a acordar con el Minsal una nueva regla para el traslado de reos: no se mueve nadie sin examen de PCR.




“Efectivamente hace 12 días, aproximadamente, se hicieron traslados (de reos) por decisiones administrativas. Precisamente en esos minutos nos encontrábamos estudiando la necesidad de que tales decisiones tuvieran un protocolo sanitario y no lo tenían. Y por eso ocurrió lo que ocurrió”.

Esta es parte de la respuesta que el ministro de Justicia, Hernán Larraín le dio a diputados de la comisión de Derechos Humanos en la sesión del 24 de junio, después de que lo emplazaron a responder las circunstancias que permitieron que 78 de 99 reos trasladados de Santiago 1 a la cárcel de Rancagua dieran positivo para coronavirus. Una historia que se repitió en el traslado de personas privadas de libertad a la Serena y Valdivia que recibieron 20 y 17 contagiados, respectivamente.

El incidente puso en tela de juicio los protocolos sanitarios de Gendarmería para el traslado de reos y, al mismo tiempo, puso al gobierno en una incómoda situación dado que en abril se la jugó por una rápida tramitación de la ley de indulto para, a través de la sustitución de penas, precisamente, evitar focos de contagios en los penales. A la fecha, Gendarmería contabiliza un total de 827 reos contagiados y 973 funcionarios de institución.

Frente a los parlamentarios, el ministro Larraín dijo que el caso gatilló una revisión de los protocolos sanitarios junto con el Ministerio de Salud. De modo que, desde ahora en adelante, el examen de PCR es una obligación antes de mover a cualquier reo.

“Hemos concordado con posterioridad a esos hechos un protocolo que hemos convenido con el ministerio de Salud, en virtud del cual ningún traslado se va a realizar sin que exista previamente una autorización sanitaria. Y la autorización sanitaria va a suponer una cuarentena previa de la persona que se puede llegar a trasladar y, adicionalmente, un test como el PCR que dé la tranquilidad de que la persona que se va a trasladar efectivamente no tiene covid positivo”, aseguró el ministro en el Congreso.

Ese anuncio de Larraín fue ratificado ayer por Gendarmería que, a través de la una declaración pública, aseguró que desde el 16 de junio no se han realizado nuevos traslados masivos.

“Todos los traslados se basan en tres criterios primordiales: criterio sanitario, cuyo propósito es permitir en las unidades penales la distancia física y un aislamiento efectivo; criterio de derechos humanos, para evitar el hacinamiento y que las personas privadas de libertad cuenten con un dormitorio y una cama, entregando mayor dignidad; y Criterio de Seguridad, ya que al existir menos población penal, se garantiza de mejor modo la efectiva custodia de la población penal”, recalca el director nacional de Gendarmería, Christian Alveal.

En la Defensoría Penal Pública y en el Instituto Nacional de Derechos Humanos reconocen la necesidad de que Gendarmería realice traslados de reos como una forma de evitar la congestión de los penales o para cumplir con resoluciones judiciales. No obstante, enfatizan en que se deben realizar con los cuidados necesarios para evitar ahondar en la crisis sanitaria.

Micco: “El mínimo no se ha cumplido en todos los casos”

El director del INDH, Sergio Micco, recalca que “los traslados de personas privadas de libertad son una necesidad humana en tiempos de pandemia, siempre y cuando se realicen por razones sanitarias, de derechos humanos y de seguridad. El traslado debe apuntar a descongestionar las cárceles más pobladas y permitir el aislamiento y distanciamiento social recomendado, otorgándole a las personas recluidas un trato y condiciones de habitabilidad dignas, en un entorno seguro”.

El abogado insiste en que “es indispensable que a todos los internos que sean trasladados de un recinto penitenciario a otro, se les realice el test PCR y cuenten con un resultado negativo antes de partir, y que al llegar, cumplan con una cuarentena preventiva efectiva. Lamentablemente, el INDH ha podido observar que este mínimo, no se ha cumplido en todos los casos”.

Tomás Pascual, jefe de la unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública sostiene que los traslados van en favor de la salud de los condenados y tienen un fin razonable. No obstante, hay problemas de procedimiento. “Creemos que Gendarmería hace esfuerzos, pero hemos visto problemas inimaginables que han terminado en personas trasladadas que han llegado contagiadas”, dice.

El abogado añade que los imputados están a disposición de los tribunales y no siempre son informados de los traslados dispuestos por Gendarmería. “Los tribunales de Garantía le han exigido a Gendarmería que informe. Y eso no se ha cumplido. Hace dos semanas, por ejemplo, trasladaron 100 imputados a la Serena y a los tribunales les dijeron que no se habían movido cuando ya iban en Los Vilos”.

“Trasladar los contagios a regiones parece otra irracionalidad en el manejo de la pandemia”, agrega la presidenta de la comisión de DD.HH. de la Cámara Baja, Carmen Hertz (PC), quien hace unos días ofició a la dirección Nacional de Gendarmería para conocer las circunstancias de los traslados de reos contagiados y los procedimientos aplicados.

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