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El exministro de Justicia defiende el modelo de gobernanza judicial propuesto por la Comisión Experta, el cual ha recibido múltiples críticas. "Mantener bajo la Corte Suprema todo el manejo de las funciones no jurisdiccionales es el peor camino que podemos seguir", dice.

La idea, promovida con éxito en la Comisión Experta por el exministro de Justicia, ha despertado fuertes reparos en la judicatura, la academia y en ciertos sectores políticos. La arremetida de académicos de la Universidad de los Andes en contra de este tema del anteproyecto generó ruido en Chile Vamos. Tanto así que la semana pasada hubo un intercambio entre los comisionados Jaime Arancibia y Katherine Martorell.

Aunque destaca el buen ambiente de la Comisión Experta, el exministro y militante de la UDI dice que “hay que insistir en el camino del acuerdo y no las trincheras”. Además, establece los ejes más relevantes que debería tener, a su juicio, la nueva Carta Magna, y aborda las críticas que hubo a su nominación como experto.

"Si a juicio de ella hubiera existido la más mínima irregularidad en la actuación descrita, en su condición de funcionaria pública, debió haberlo hecho presente de inmediato y no cinco años después", sostuvo el exministro de Justicia.

“Son declaraciones que también se habían dado en televisión y que circulan hace años", dijo el actual ministro de justicia sobre el documental de Netflix. Añadió que su postura inicial sobre la Colonia germana fue cambiando. “Dejé de tener contacto con la gente de Dignidad el año 1997, nunca más tuve contacto y, por supuesto, pidiendo las sanciones más duras para quienes correspondían”.

Esto, luego de que un grupo de constituyentes, encabezados por Tomas Laibe y Pedro Muñoz del Colectivo Socialista, realizara al gobierno una petición al respecto, en la que solicitan establecer una mesa de trabajo para discutir el tema.

En una resolución del pleno del máximo tribunal del país, los ministros Sergio Muñoz y Manuel Valderrama -quienes integran la comisión creada por el Poder Judicial para enfrentar el retorno a la normalidad de los tribunales- calificaron de "inaceptable" que el secretario de Estado les citara leyes en una nota que les envió. "No es a la Corte Suprema a quien se le deben recordar preceptos legales, es tal autoridad la que debe cooperar en la tarea de proporcionar una pronta y cumplida administración de justicia a los habitantes de la República", dijeron respecto de las medidas de suspensión de todos los probatorios impulsados por el Ejecutivo en medio de la pandemia. Asimismo, se acordó representar la molestia ante el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, por "falta de deferencia" ante sucesivas postergaciones de reuniones.

Esta mañana el ministro Segpres, Juan José Ossa, y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirieron al avance en la digitalización de trámites. "¿Cuánto tiempo pierde la gente? ¿Cuántos recursos se malgastan? ¿Cuánto impacto en el ecosistema? La pandemia gatilló con fuerza algo que ya estaba latente y en proceso, y que el Presidente pidió acelerar", dijo el ministro Larraín.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, solicitó a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal -instancia integrada por representantes de la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Defensoría Nacional, Carabineros, la PDI y el Colegio de Abogados- analizar la aplicación de las prisiones preventivas en el país, con especial énfasis en los casos derivados del estallido social.

"El día de hoy se le va a ingresar la urgencia suma para que este proyecto pueda ser despachado en 15 días", dijo el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio. En horas de la mañana, el ministro de Justicia manifestó confianza respecto a la prontitud de su tramitación: "Creo que existen mayorías en el Congreso para aprobar esta iniciativa, de manera que no debería haber tanta dificultad".

El titular de Justicia indicó que el gobierno está trabajando con una comisión para regular las normas sobre el uso de la fuerza en casos como el registrado el lunes en una residencia de menores de Providencia.

Titular de Justicia, Hernán Larraín, ha liderado contactos con comisión de Constitución del Senado. Desde la centroizquierda han propuesto negociar en un “paquete” a los reemplazos de los tres que ya se encuentran vacantes, para evitar que se “entrampen” las nominaciones y el pleno quede “cojo” por mucho tiempo. El principal nudo: los dos cupos externos.

“Hemos trabajado razonablemente bien todo esto y el estado de excepción ha sido un marco legal que ha facilitado el trabajo para enfrentar la crisis sanitaria”, dijo el ministro de Justicia.

Con la decisión del Tribunal Constitucional, el secretario del Senado no podrá ser formalizado por el Ministerio Público en el marco de la investigación en su contra por infringir las medidas sanitarias al acudir a un restaurantes de mariscos en cuarentena. "Las sanciones penales que requieren de un cierto procedimiento vamos a evaluar cómo se continúan con ellas", dijo Hernán Larraín.

Hoy el ministro de Justicia le mandó a decir elegantemente por Twitter a la Comisión de Constitución del Senado que ya ha tenido que renovarle 19 veces la suma urgencia al proyecto desde enero y que no avanza. En su cartera reclaman que dicho grupo nunca lo ha puesto en tabla, pese a que sí lo han hecho con otras normas que no tienen esa premura legal. Los congresistas opositores retrucan que están atestados de trabajo, incluso por otras leyes del gobierno. La reforma, ingresada el 2018, es el enésimo intento por cambiarle las reglas del juego a un gremio al que Larraín ya acusó de hacer lobby el año pasado.