Desde el PS a la UDI avanzarán con reforma para dar nuevo rol a las FF.AA. pese a resistencia de La Moneda

A pesar de que el gobierno optó por decretar un estado de emergencia para la Macrozona Sur, al cabo de 30 días esa medida tendría que ser visada por el Congreso, donde la principal incógnita es el reparo de las fuerzas de izquierda. Sin embargo, un grupo transversal de parlamentarios pretende seguir tramitando un nuevo mecanismo para que el Mandatario pueda usar a militares en tareas de orden y seguridad interna. Ministro Jackson, en tanto, informó que no insistirá en esa iniciativa y que por prudencia prefería esperar que concluyera el proceso constitucional. Ese comentario molestó a los parlamentarios.




La “caja de herramientas” es el concepto que se usa en el ámbito de seguridad y defensa para definir el conjunto de medidas con las que cuenta una autoridad para hacer frente a amenazas.

El senador independiente-RN Kenneth Pugh comentó que esa es la idea de la reforma constitucional sobre “infraestructura crítica”, que comienza a concitar apoyos desde el PS a la UDI, pese a la resistencia del gobierno.

La posición del Ejecutivo fue expresada por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, y su par del Interior, Izkia Siches, quienes ante una comisión mixta -creada para destrabar la iniciativa- informaron que el gobierno no presentará una propuesta en la materia.

“No insistiremos en la presentación de indicaciones. Sin perjuicio de lo que aquí se acuerde, creemos prudente que, ante la eventualidad de un cambio en la Constitución (a raíz del proceso constituyente), esperar ese suceso”, dijo Jackson, quien agregó que hay una “incertidumbre” donde se puede “alojar” esta reforma (en la actual o en la futura Carta Fundamental), lo que conlleva un riesgo de que pueda “perderse” el trabajo realizado en el Congreso.

Las palabras del titular de la Segpres se daban, además, en un contexto en que en el borrador de la nueva Constitución, que deberá ser aprobado en el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre, contempla una modificación en los estados de excepción (actualmente son cuatro), donde quedó fuera el estado de emergencia, el cual está siendo aplicado por el gobierno para las regiones de La Araucanía y el Biobío.

No obstante, los dichos de Jackson molestaron entre parlamentarios que anunciaron que igualmente avanzarán con esta iniciativa que permitiría al Presidente Gabriel Boric destinar rápidamente a militares para resguardar espacios públicos y lugares estratégicos.

“Muchas gracias ministro Jackson, (pero) usted comprenderá que mientras este Congreso Nacional permanezca en funciones, vamos a ejercer todas las atribuciones que nos otorga esta Constitución y una futura nueva Constitución, porque estamos respondiendo a un mandato ciudadano y no podemos renunciar a legislar respecto de un proyecto que el gobierno nos pidió poner en tabla”, dijo el senador DC Matías Walker, presidente de la comisión mixta que analizó el tema.

Si bien originalmente la idea del gobierno era usar esa reforma de “infraestructura crítica” (de autoría de Pugh y la senadora de La Araucanía Carmen Gloria Aravena) para proponer una nueva fórmula de participación de militares en tareas de orden público y seguridad interna, finalmente el Ejecutivo desechó esa posibilidad y optó por volver a decretar un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia para La Araucanía y el Biobío, mecanismo que ya se había usado en el pasado por la administración de Piñera.

La decisión de La Moneda se debía a la tensión que generaba legislar sobre esta materia, ya que parlamentarios del PC y del Frente Amplio tenían reparos con legislar un nuevo mecanismo de intervención militar. Ello obligó al gobierno a no innovar y recurrir a los instrumentos existentes en la Carta Fundamental.

La senadora UDI Luz Ebensperger, quien integra en representación de su partido la comisión mixta sobre “infraestructura crítica”, le había pedido el martes a Matía Walker, que no suspendiera la citación de este miércoles, a pesar de que La Moneda ya había tomado una estrategia distinta.

“Este proyecto es independiente de la decisión política que se tomó para La Araucanía. Es una buena herramienta”, dijo Ebensperger, quien agregó que al margen del proceso constituyente, que podría incluso suprimir este nuevo mecanismo, “la obligación de este Congreso es legislar lo que estime pertinente”.

El senador Pugh añadió que el proyecto original tiene una base distinta a lo que pretendía La Moneda, que era generar un “estado excepcional intermedio”, es decir, con mayor control civil y con mayores delimitaciones. Explicó que su idea es que el gobierno disponga de los resguardos con la fuerza militar, “cuando el sistema de inteligencia detecta una amenaza real”.

De hecho, en esencia, los estados de excepción constitucional son fórmulas jurídicas que restringen derechos y garantías como el libre tránsito o las reuniones, bajo la disuasión de las fuerzas militares.

No obstante, la idea de la reforma “infraestructura crítica” no es restringir derechos, sino que solo disponer de los medios y el personal de las FF.AA. en circunstancias especiales.

Otra diferencia es que el estado de excepción implica un trámite administrativo ante la Contraloría y, en algunos casos, el consentimiento del Congreso. En este caso, dependería solo de una decisión política, ya que se busca una reacción rápida.

El diputado socialista Leonardo Soto, quien es parte de la comisión mixta, dijo ser partidario de continuar con la discusión, pero que hay que dar espacio suficiente a un acuerdo. “Este gobierno necesita ayudas y herramientas”, expresó.

El diputado DC Eric Aedo, también integrante de la mencionada comisión, agregó que “vale la pena que se avance”.

Por otro lado, el senador PPD Jaime Quintana planteó que el debate debiese ser desideologizado y que no debe ser pensado como una medida solo para La Araucanía, por ello, llamó a considerar esta reforma para enfrentar amenazas.

En tanto, el diputado RN Andrés Longton propuso mandatar a equipos técnicos para que elaboren una propuesta para la próxima sesión, mientras que la postura disidente en la comisión la expresó el diputado RD Jorge Brito, quien cuestionó la tendencia de usar las Fuerzas Armadas en tareas internas.

Al final de la sesión de este miércoles, el senador Walker propuso un plazo de dos semanas para tratar de llegar a un acuerdo o, en su defecto, votar una propuesta.

En todo caso, si los parlamentarios de la derecha, la DC, el PPD y el PS llegan a un consenso, con ello lograrían una mayoría casi unánime para proponer una iniciativa al resto del Congreso.

Comenta

Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbase aquí.