Gobierno desecha crear “estado de protección y resguardo” y decide aplicar estado de excepción en Macrozona Sur

La decisión fue informada anoche por la ministra del Interior, Izkia Siches, quien anunció una serie de otras medidas para enfrentar la violencia en la Macrozona Sur, entre ellas, solicitar un fiscal preferencial para los delitos como el narcotráfico y el robo de madera. El estado de excepción de emergencia será "acotado" y regirá sólo para rutas y caminos.




Flanqueada por los presidentes de partido del oficialismo, los ministros del comité político y sus pares Maya Fernández (Defensa) y Jeanette Vega (Desarrollo Social), la ministra del Interior, Izkia Siches, anunció anoche -pasadas las 21 horas- que el gobierno decidió desechar su plan inicial de tramitar en el Congreso un estado de “intermedio” de “protección y resguardo” para que las Fuerzas Armadas asumieran la custodia de rutas y caminos en la Macrozona Sur. Por el contrario, dio a conocer que aplicarán un estado de excepción constitucional de emergencia con ese objetivo, medida que resistieron antes y después de su arribo a La Moneda y representa un giro en la posición que había fijado el propio Presidente Gabriel Boric.

“Reconocemos que estamos ante un problema complejísimo y que no se solucionará de la noche a la mañana. También sabemos que debemos actuar de forma coordinada como sociedad. Queremos enfatizar que nuestro gobierno está comprometido con una agenda de reconocimiento de nuestros pueblos indígenas con los que tenemos una deuda centenaria, entre el Estado de Chile y, particularmente, el pueblo mapuche”, afirmó anoche la jefa del gabinete al dar a conocer las medidas que fueron visadas en la previa por el propio Mandatario en un comité político de emergencia.

Y agregó: “Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas. Hemos sido testigos de cobardes ataques, como el que sufrió Ciro Palma. También hemos visto cortes extendidos de carreteras, que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país”.

La determinación del Ejecutivo -que además contempla otros anuncios como el inicio de diálogos con representantes del pueblo mapuche con apoyo de Naciones Unidas, la petición de un fiscal especial para la zona que investigue delitos como el narcotráfico y el robo de madera y la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas-, se da luego de que el gobierno no lograra alinear a su coalición detrás de su propuesta inicial.

Después de al menos dos semanas de intensas tratativas por parte del comité político y el propio Mandatario, la estrategia del Ejecutivo se entrampó ante el desmarque de parte de los comunistas y sectores del Frente Amplio. La idea del Ejecutivo era ingresar una propuesta a la comisión mixta del proyecto de infraestructura crítica, cuyos autores son los senadores Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena de RN. Ante el desorden en Apruebo Dignidad, de hecho, el gobierno se vio obligado a dilatar dos veces el ingreso de sus indicaciones a la instancia, lo que aumentó la presión de sectores como la DC y la oposición para que se declarara un estado de excepción “a secas”.

El debate evidenció, nuevamente, una fisura entre las dos almas del gobierno. Mientras el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio se negaron a aprobar una medida que otorgara facultades amplias a las FF.AA. para contener la situación de violencia que se vive en la Macrozona Sur, el Socialismo Democrático (PS-PL-PPD-PR) se ha cuadrado con el gobierno e incluso más: varios dirigentes, en un giro respecto de su postura en meses anteriores, pidieron que se decretara el estado de excepción sin medias tintas.

La definición anunciada por Siches se le comunicó al comité político ampliado durante la tarde de este lunes, el que de forma inédita se pospuso hasta las 18 horas. A esa cita se sumó, además, la titular de Defensa, quien ya había alertado a La Moneda la incomodidad de las Fuerzas Armadas ante la opción de asumir labores de control público, las que transmitieron al Ejecutivo y el Congreso que no contaban con un respaldo jurídico para actuar, tampoco con elementos disuasivos ni márgenes claros para operar.

El estado de excepción de emergencia -que debe ser renovado con anuencia del Congreso en 30 días-, dicen fuentes del gobierno, sería acotado a rutas y caminos, tal como lo pidió el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, la mañana de este lunes al señalar que “no es el momento de que los militares vuelvan a territorio mapuche”. Al finalizar la jornada, el exdiputado afirmó: “Salgo bastante conforme, es muy cercano a lo que discutimos en nuestro comité central”.

Al establecer como objetivo específico las rutas y caminos, se cumpliría -evalúan en el Ejecutivo- con el acuerdo alcanzado con los gremios y representantes de transportistas hace unas semanas atrás. Estos realizaron una serie de movilizaciones, con bloqueo de carreteras incluido, para exigir mayores medidas de seguridad en la zona.

“El gobierno pidió una facultad especial al Congreso (…), lamentablemente parte del oficialismo le negó esa atribución. Le han negado la sal y el agua en materia de seguridad a nuestro gobierno. Se agotó el tiempo legislativo, aunque el gobierno quisiera despachar un proyecto de ley en los dos días, martes y miércoles, que quedan de esta semana legislativa antes de la distrital, ya no hay tiempo para aprobar algo nuevo. El gobierno se ha quedado sin ninguna alternativa y va a estar obligado a decretar el estado de excepción constitucional”, había advertido el diputado Leonardo Soto (PS) durante la tarde.

En el oficialismo reconocen que la decisión implica una derrota para el Ejecutivo y, además, respecto de una visión que el propio Presidente Boric había defendido: no aplicar la misma receta del exmandatario Sebastián Piñera en la zona sur del país decretando estados de excepción, pues -en su opinión- no habrían representado una baja en los hechos de violencia en el pasado.

“Nosotros no podemos seguir con las mismas recetas que han profundizado la violencia que hoy día se vive en la Macrozona Sur”, había dicho en diciembre al rechazar la continuidad de esa medida durante el gobierno de su antecesor. Mientras que en abril advirtió que “la idea del estado de excepción es una respuesta reactiva ya intentada a una crisis que es mucho más profunda. Hoy día centrar la discusión en si estado de excepción sí o estado de excepción no, lo que hemos visto respecto del anterior gobierno y los anteriores gobiernos, es que eso no te soluciona el problema”.

Molestia en el Socialismo Democrático por rol del PC

Temprano por la mañana de ayer, se informó en el chat que congrega a los jefes de los partidos y representantes que asisten al comité político ampliado que la reunión estaba, hasta ese momento, suspendida hasta nuevo aviso.

De manera sorpresiva, más tarde trascendió que el timonel PC sostendría una bilateral con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. En medio de la discusión por una fórmula para reestablecer el orden en la Macrozona Sur, la cita ‘uno a uno’ de Teillier con Interior generó suspicacias dentro de los partidos del Socialismo Democrático.

Desde el bloque apuntan en que no es la primera vez que el PC cuenta con un trato “preferencial” e indulgente por parte del Ejecutivo. En esas filas, de hecho, recuerdan el “fracaso legislativo” que implicó la vía de un retiro de fondos de pensiones acotado, ante las críticas del PC que se había mostrado contrario al proyecto parlamentario.

Incluso, durante la semana pasada, los socialistas -en reunión con Siches- le plantearon a la jefa política del Ejecutivo que los comunistas no pueden seguir “condicionando” el rumbo de las iniciativas del gobierno, principalmente en materia de seguridad.

Durante la tarde, uno de los primeros en salir a manifestar su inquietud fue el timonel del PL, Patricio Morales. “No se puede seguir obstaculizando y exigiendo al Presidente políticas a la medida de cada partido”, aseguró el dirigente a La Tercera.

Más tarde, y antes de ingresar al postergado comité político, que finalmente se llevó a cabo en horas de la tarde de este lunes, el presidente (s) del PS, Andrés Santander, planteó que “es complejo para el propio gobierno dar señales de trato privilegiado a quienes sistemáticamente están poniendo peros a sus iniciativas en materia de seguridad y orden público”.

La jefa del PPD, Natalia Piergentili, se sumó a los dichos. “Ni el PC ni otro partido puede pretender imponerse. Si el Presidente deberá negociar por cada medida que tome con sus propios partidos se hará difícil sacar adelante el programa de gobierno”, advirtió.

La fórmula a la que llegó finalmente el gobierno se da en medio de una escalada en la ofensiva de la oposición, quienes apuntaron a La Moneda como “cómplices del delito” por dilatar la presentación de medidas.

“Cuando el gobierno no es capaz de tomar definiciones y pide más plazo, por ejemplo, para la situación del estado de excepción constitucional en La Araucanía o el estado intermedio, el nombre que se le ponga, está demostrando sus falencias”, indicó el senador y timonel UDI, Javier Macaya.

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