“Usan tarros como baños”: fiscal judicial advierte insalubres condiciones en la cárcel de mujeres de San Joaquín

“La sección no se encontraba en condiciones de habitabilidad mínima”.

Así de tajante se expresó en un informe emitido el pasado 22 de mayo la fiscal judicial de la Corte de San Miguel, Carla Troncoso, respecto del estado en que se encontraba la unidad de Alta Seguridad del CPF de Santiago, más conocido como cárcel de San Joaquín.

Y es que en medio de la inspección que realizó conforme al plan de visitas ordinarias que mantiene programadas, la profesional –como se lee en el documento al que accedió La Tercera– constató evidentes insalubridades que ponen en riesgo a las internas.

En primer punto, alertó que al lugar fueron trasladadas 58 reas provenientes de la cárcel de San Miguel, sin que se chequeara que había espacio adecuado para recibirlas. Por lo demás, evidenció, se les llevó a sección SEAS (Alta Seguridad) pese a que de sus fichas se desprendía que eran “internas de mínima o baja peligrosidad”.

Y ahí fue cuando manifestó que las condiciones de habitabilidad escaseaban: “Fosas sépticas tapadas, baños quebrados, algunos sin grifería, ausencia de agua caliente; celdas individuales en las que cabe en general un camarote por unidad, un locker metálico, sin cierre de mica o vidrio o plásticos que cubran la parte que no está cerrada, por lo que no cuenta con cierre o aislamiento, por lo que están expuestos a frío y lluvia”.

Sostuvo, en el mismo sentido, que el espacio carecía de fumigación y que estaba en “evidente estado de abandono o desuso”. Y agregó que “las internas no pudieron trasladar las especies con las que contaban y que habían logrado ingresar en su internación previa el CPF San Miguel, por lo que ingresaron literalmente ‘con lo puesto’, y una bolsa de menores dimensiones, por lo que no tienen ropa de abrigo o complemento para sus camas”.

Si bien en el informe se hace presente que la alcaide del recinto emprendió medidas a fin de que las internas trasladadas pudieran acceder a frazadas y a un espacio donde realizar “su aseo personal”, la fiscal expuso que durante las horas de encierro las internas debieron utilizar “tarros y baldes” para paliar la falta de baños.

Asimismo, y dada la ola de frío que enfrentó la capital las últimas semanas, la profesional también dejó en evidencia que “casi todas presentaron cuadros de enfermedades respiratorias e infecciones urinarias”.

“Entrevistándome con las internas que estaban en la sección –además de cuestiones particulares que afectaban a algunas– evidenciaron no solo la molestia por la situación, sino su denuncia por el trato indigno de las condiciones materiales y el despojo de sus enseres. Refieren que creen que se les seleccionó precisamente por no tener alto compromiso delictual, por ser “dóciles”, razón por las que se les sacó del penal de origen”, complementó.

De igual forma, aseguró que las internas denunciaron la apropiación indebida y hurto de sus pertenencias, “pues cuando se les notificó el traslado, recibieron respuestas contradictorias sobre el destino de sus bienes, sin que se les autorizara el retiro por terceros, o la donación a otras internas”.

Respecto de por qué se habría realizado el traslado, de acuerdo con lo detallado a la fiscal, desde la Dirección Regional de Control Penitenciario se informó que se trataba de una “medida de descongestión de ese penal”. Y por lo mismo, agregaron, se ordenó la remisión de una nómina de 100 internas de menor compromiso y autorizó el traslado de 60 de ellas. Pese a ello, no se le especificó respecto al destino de los bienes que ellas mantenían.

En medio del informe, además, Carla Troncoso hizo presente que “salvo los casos especiales en las que la defensa privada de algunas internas intentó evitar o revertir el traslado mediante audiencia de cautela de garantías, las internas no han sido asistidas ni oídas sus quejas por el tribunal que controla su prisión preventiva”, situación de “abandono” que se intensifica –como indicó la profesional– en el caso de las reclusas extranjeras.

Dada la situación, la profesional procedió a remitir una denuncia colectiva formulada respecto del egreso y traslado desde el CPP San Miguel, solicitando programar “de modo urgente audiencia de cautela de garantías a fin de conocer el estado de solución de los problemas puntuales que a cada interna produjo el traslado intempestivo, especialmente en lo que dice relación con la denuncia por apropiación indebida de sus enseres, o bien evaluar la autorización especial para el ingreso de medicamentos o alimentos especiales que correspondan”.

Junto con esto, pidió la realización de audiencia de procedimiento abreviado respecto de quienes se encontraba pendiente; que respecto de internas privadas de libertad por más de seis meses sin revisión previa, programar la audiencia de revisión de cautelar en carácter de urgente, y que también se tomen medidas para que la Defensoría Penal Pública cumpla con su obligación de asistencia respecto de estas internas “pues existe abandono de la obligación de entrevista que les cabe”, señaló.

Y como quinto punto, además, pidió al tribunal que se disponga “cualquier otra medida que estime posible a fin de canalizar las denuncias que inicialmente plantearon las internas imputadas”.