El despliegue de Monsalve en la “zona roja” del Biobío

Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Para enfrentar la crisis de violencia, el subsecretario de Interior se ha reunido con trabajadores forestales, camioneros, fiscales y policías. Pese a esto, los ataques no dan tregua y en víspera de su visita a la zona se generaron graves incidentes que terminaron con dos mujeres heridas y un hotel incendiado.




Las dos últimas semanas el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha debido hacer frente a un incremento de hechos de violencia en la Macrozona Sur. A la violencia rural imperante en las regiones del Biobío y La Araucanía se han sumado balaceras y graves homicidios que han ido en incremento en zonas como Chillán, en la Región de Ñuble, donde falleció un policía y días después una niña de 13 años, ambos baleados.

Ante este panorama, solo en lo que va de este mes la autoridad ha viajado en cuatro oportunidades a estas regiones. A principios de mayo se trasladó desde Santiago a Concepción para reunirse con representantes de trabajadores forestales, camioneros y silvicultores, quienes demandan soluciones, principalmente, por la quema de sus maquinarias. Luego, llegó hasta Los Ángeles por encargo de la ministra Izkia Siches para dialogar con gremios de camioneros que se mantenían movilizados. Y la noche del jueves 12, se trasladó nuevamente hasta la capital del Biobío.

En el marco de esta última visita, junto a la delegada presidencial Daniela Dresdner, se reunieron con fiscales de la Macrozona Sur y participaron de la firma de un convenio entre el Ministerio Público y la PDI, lo que permitirá una mayor colaboración de las entidades para el combate de la violencia rural. Más tarde, su periplo lo llevó a Mulchén, donde el miércoles 11 la CAM se adjudicó un ataque que dejó cinco camiones convertidos en cenizas. En medio de ese clima de tensión, Monsalve decidió viajar igual y encabezó el traspaso de terrenos de EFE para la construcción de un hospital de mediana complejidad.

Desde ahí, considerando que el vocero de la CAM, Héctor Llaitul, hizo recientemente un llamado a “alzar las armas”, el subsecretario fue enfático en que no aceptarán amenazas. “En democracia no se pueden usar las armas para resolver los problemas políticos”, sostuvo, y agregó: “Se dialoga con quienes quieren alcanzar la paz”.

En la antesala a su llegada a la provincia de Arauco se produjo un grave ataque al Retén de Tirúa y la quema de un hotel en Quidico, donde resultó una madre y su hija heridas por disparos de perdigones. Con todo, la autoridad no detuvo sus planes y este viernes por la tarde se movilizó hasta Chillán para participar del Comité Policial Extraordinario que se convocó en la Región de Ñuble ante los asesinatos del suboficial Breant Rivas (23) y la pequeña de 13 años. Ahí, autoridades locales demandaron mayor dotación de carabineros y reforzar el trabajo de Inteligencia.

Consultado por La Tercera respecto de su despliegue, el subsecretario sostiene que cumple con ello pues el Presidente Gabriel Boric les ha pedido “no eludir los problemas, hacerse cargo y buscarle soluciones”. Tal como dice que están enfrentando el conflicto migratorio del extremo norte, afirma que ha viajado varias veces a la zona Sur “en el marco de lo que este gobierno considera es un problema político e histórico con el Pueblo Mapuche y que tiene una arista muy importante en materia de seguridad, quizás el principal que vive nuestro país”.

Si bien en su momento fue recibido con incidentes al llegar a Cañete, es enfático en que no ha “enfrentado conflictos”. “Hay un legítimo debate sobre qué decisiones tiene que tomar el Estado y el gobierno para mejorar las condiciones de seguridad, pero lo entendemos como un debate y deliberación legítima. Para que la democracia tenga sentido y se pueda fortalecer, se deben garantizar derechos, pero también seguridad. Sin seguridad la democracia se debilita”, asevera.

Vivir en medio de la crisis

Una de las mayores preocupaciones que se ven desde el Ejecutivo es cómo los hechos de violencia en la Macrozona Sur lejos de amainar se han incrementado. Uno de los testigos de esto es el teniente coronel Patricio Gómez (43), el jefe de las unidades policiales de Cañete, Tirúa y Quidico, que fue testigo presencial del ataque que sufrieron la madrugada de este viernes 13.

En conversación con La Tercera, el policía aseguró que cuando fue trasladado a esa zona pensó que era una persona afortunada. Venía desde Quilpué, por lo que miró dónde estaban emplazadas estas localidades y vio que tenían una linda vista al lago Lanalhue: aire puro y vegetación en todos lados. Creyó que sería una linda zona para invitar a su esposa a trasladarse con él y comenzar una vida nueva en la Región del Biobío.

Pero esa ilusión duró poco, pues hace casi dos años, recuerda, que las cosas “se pusieron complejas”, y tras la recomendación de sus colegas, decidió que su familia no lo acompañara.

La comuna de Cañete está en lo que se denomina “zona roja” de la Macrozona Sur, pues tienen una de las rutas que une las regiones de La Araucanía y el Biobío, donde los atentados y ataques incendiarios se han multiplicado. Solo en el último mes ya son casi 50 los eventos violentos agrupados en la provincia de Arauco, según estimaciones de Carabineros.

Sin embargo, hace cerca de dos meses comenzó una tendencia que tiene en alerta y preocupación a los funcionarios policiales emplazados en la zona, los que fueron víctimas de violentos ataques el miércoles y jueves en la noche, y que afectaron a la Subcomisaría de Tirúa y el Retén Quidico, respectivamente. El comandante Gómez relató cómo se vive por dentro la función policial en la zona y la manera en que enfrentaron el recrudecimiento de hechos violentos esta semana. “Nos atacaron con escopetas, pistolas y armas de todo tipo. Hemos encontrado balas provenientes de fusiles en otros ataques. Todo eso se deriva al Ministerio Público”, señala el policía.

“Lo que ocurre acá es grave. Este tipo de atentados crea incertidumbre y temor”, aseguró, y destacó que, al menos, cuando estaba vigente el estado de excepción contaban con mayores “recursos logísticos por parte de las Fuerzas Armadas”.

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