“Los problemas de Mejor Niñez no son nuevos, se arrastran desde hace un siglo”

Hace más de un siglo, en 1912, en Chile se publicó la Ley de Protección de la Infancia Desvalida: una disposición que, por primera vez, tipificaba y castigaba el abandono de los adultos hacia los niños y niñas.

Sin embargo, Javiera Errázuriz, doctora en Historia y académica de del Departamento de Humanidades de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, comenta que esa iniciativa no funcionó “porque no se crearon las instituciones necesarias para que los niños abandonados fueran acogidos en hogares o establecimientos”.

“Se intentó sacar a los niños de las calles, porque había pequeñas bandas que hacían desórdenes o cometían delitos menores, pero los dejaban en las comisarías y solo unos pocos ingresaban a alguna institución de corrección. En esa época solo estaba en funcionamiento la Escuela Correccional de Santiago, y estaba siempre colapsada. Entonces no había instituciones que recibieran a estos niños”, cuenta la historiadora.

La Ley 4.447, promulgada en 1928, en cambio, sentó las bases del sistema de protección infantil con la creación del primer Tribunal de Menores, la Dirección General de Protección de Menores (DGPM) y las Casas de Menores, explica la académica de la UNAB.

“La idea central de este sistema era evitar que menores de 18 años llegaran al sistema penal adulto y que terminaran en la cárcel. Entonces, los jueces debían derivar a los niños y niñas que ellos consideraban “en peligro”, ya fuera por su conducta o porque estaban en situación de abandono, a las Casas de Menores. Estas eran centros de internación provisoria, se estudiaba a los niños y luego los profesionales que trabajaban allí hacían informes médicos, psicológicos, sociales y pedagógicos para que los jueces tomaran la mejor decisión para ellos”, explica.

“Cuando uno lo dice así, suena muy bien. El problema es que los Tribunales y las Casas de Menores se fueron creando muy lentamente. En los años 30 había solo tres tribunales de menores en Santiago y Valparaíso. En los años 60 se habían creado nueve de éstos en Chile, distribuidos en Santiago, Valparaíso y Concepción, y en cada una de esas ciudades había también una Casa de Menores. Entonces, en la teoría, parecía que el sistema funcionaba, pero en la práctica era muy acotado el número de niños que realmente llegaban a los Tribunales de Menores”.

En 2016, la muerte de Lissette Villa —producto de una brutal “contención” de sus cuidadoras en un Cread del SENAME— dejó al descubierto las vulneraciones físicas y emocionales sufridas por algunos niños y niñas atendidos en los centros y programas ambulatorios del Servicio Nacional de Menores.

A fines del 2020, bajo el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, se promulgó la Ley que creó el nuevo Servicio de Protección de la Niñez “Mejor Niñez”; un programa que, según lo anunciado, tendría como función exclusiva la protección especializada y efectiva de los niños, niñas y adolescentes cuyos derechos han sido gravemente vulnerados, separados de los adolescentes infractores de la ley.

Pero eso, a la fecha, no se ha cumplido cabalmente, y así lo han publicado diferentes medios de comunicación.

—En un reportaje que publicó hace poco La Tercera se denuncia que uno de los grandes problemas de Mejor Niñez es la falta de cupos, y que por eso hay niños infractores de la ley que conviven con niños vulnerados.

—Sí, y ese es un problema de falta de recursos, porque si los jueces están derivando a niños infractores de la ley, tiene que haber instituciones suficientes, públicas o privadas, que puedan recibir a esos niños. De lo contrario colapsa el sistema. Y este es un problema de larga data. En el año 1961, la primera jueza de menores, Helia Escudero, formó parte de una comisión interministerial encargada de coordinar mejor a los Ministerios de Justicia, Salud y Educación, involucrados en el sistema de protección de menores. Y ella decía que no se podía seguir juntando niños infractores de ley con niños vulnerados en sus derechos. Esa separación tenía que existir, aunque fuera con una reja en la misma institución. De ese nivel de precariedad estamos hablando. (…)

Javiera Errázuriz recuerda que al Politécnico Alcibíades Vicencio (que era la antigua Escuela correccional) asistían mayoritariamente niños que no eran infractores de la normativa, que tenían problemas de conducta.

“En la época les decían “incorregibles”. Los padres iban donde el juez y le decían ‘enciérrelo porque yo no puedo corregirlo’. No eran infractores, pero allí se juntaban con niños infractores. Entonces, al final, el Politécnico, al igual que la Escuela correccional antes de 1928, no lograba cumplir su función”, dice.

La historiadora señala: “Sería interesante hacer el análisis. ¿Cuán diferente es Mejor Niñez del SENAME? ¿O es un cambio meramente cosmético? En el origen del sistema de Mejor Niñez estaba esta separación entre niños infractores de ley y niños vulnerados en sus derechos, que es un elemento central en cualquier sistema de protección.

—En los medios se ha hablado de 104 niños en lista de espera en Mejor Niñez.

—¡No podemos tener niños en lista de espera! Niños cuya salud mental quizás está en una situación crítica o que están siendo vulnerados en sus derechos. No puede existir una lista de espera de este tipo. Es como decir ‘espere que le sigan vulnerando sus derechos un ratito más y lo llamamos’. El impacto que tiene la vulneración de derechos en los niños es un impacto para toda su vida. Lo mismo que el abandono o la falta de preocupación de los padres, tutores o de las instituciones que tienen que resguardarlos

“Cuando un juez decide internar a un niño o a una niña, que es una medida bastante drástica, es porque cree que va a estar mejor lejos de su entorno, porque probablemente es ese entorno el que lo ha puesto en una situación de vulnerabilidad. Entonces, si más encima la institución que lo tiene que proteger no lo protege, es una doble vulneración de sus derechos”, reafirma Javiera Errázuriz.

Comenta, además, que el sistema de protección de menores en Chile siempre ha dependido de las instituciones privadas. “No es una cosa ni del SENAME ni de Mejor Niñez. Históricamente, las instituciones privadas han atendido más niños que las instituciones estatales”.

—De hecho hoy en día el 98% de las instituciones de Mejor Niñez son privadas. ¿Eso desde su punto de vista está bien o es un error?

—El sistema chileno siempre ha dependido de instituciones privadas. Y hay instituciones privadas emblemáticas como Ciudad del Niño, por ejemplo, que han sido muy importantes. No creo que el sistema sea mejor o peor porque sea mixto (público-privado); considero que históricamente el problema ha sido la falta de financiamiento y la falta de fiscalización.

Hay una obligación del Estado que no se está cumpliendo. Hace cien años, en 1924, Chile firmó la primera Declaración de Derechos del Niño; en 1990, ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, y sin embargo, el Estado no ha podido desarrollar un sistema de protección de la infancia eficaz”.

Javiera Errázuriz

—¿Y también hay una descoordinación?

—Absolutamente. Hay una descoordinación permanente. Lamentablemente los problemas de Mejor Niñez no son nuevos, se arrastran desde hace un siglo. El otro día leía notas sobre la situación actual y me acordaba de algunos expedientes judiciales del Primer Tribunal de Menores de Santiago con los que he trabajado. En ese entonces era muy habitual ver que el juez decía que mandaran a un niño al Politécnico Alcibíades Vicencio. Pero si no había cupo en el Politécnico, el niño volvía a su casa, con lo cual, la medida judicial no se cumplía. La idea de internarlo era sacarlo del ambiente que generaba en ese niño una mala conducta o una situación de abandono. Esas son fallas que el sistema ha tenido desde su origen en 1928 y que lamentablemente, todavía vemos.

Un hecho que cruza toda la historia de la protección a la infancia en Chile es la incongruencia entre el discurso y la práctica, dice la historiadora. La iniciativa de la ley 4.447, por ejemplo, fue muy bien recibida.

“Si uno lee los registros de la época, puede ver que todo el mundo decía ‘esto es muy importante, esto es urgente. Tenemos una deuda con esta infancia, es el futuro de Chile’. Había un sentido de urgencia en esa discusión parlamentaria que después no se condice con la precariedad de los recursos que se les entregaron a las instituciones. Y esto se ve en la Ley de 1912, en la Ley de 1928 y en la Ley de 1967, cuando se creó el CONAME, el Consejo Nacional de Menores, que es el antecedente del SENAME. Siempre hay un sentido de urgencia en la discusión parlamentaria, pero parece que se queda a nivel de discurso, porque luego no se entregan los recursos necesarios para una adecuada implementación. No hay un compromiso que dé cuenta de esa urgencia”.

Esfuerzos más, esfuerzos menos, el problema histórico se mantiene, según la académica de la Universidad Andrés Bello.

“Al final siempre llegamos a lo mismo. Falta de recursos, falta de personal especializado, falta de fiscalización de parte del Estado. Para fiscalizar tienes que invertir recursos, y si las instituciones privadas no dan abasto, el Estado tiene que generar instituciones que reciban a esos niños, porque son sujetos de derecho. Independiente de si han cometido un delito o no”, explica.

Además, comenta, el problema llega a otros ámbitos: “Hay una obligación del Estado que no se está cumpliendo. Hace cien años, en 1924, Chile firmó la primera Declaración de Derechos del Niño; en 1990, ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, y sin embargo, el Estado no ha podido desarrollar un sistema de protección de la infancia eficaz, que se haga cargo de los niños vulnerados, abandonados o infractores de ley. Y hacerse cargo no es encerrarlos y aislarlos, sino pensarlos como sujetos de derechos”.