La disputa por la soberanía de las islas Malvinas volvió a tensionar las relaciones entre Argentina y Reino Unido. Este martes, el país vecino expresó su “más enérgico rechazo” a una nueva guía publicada por Londres para empresas y particulares interesados en desarrollar actividades económicas en el archipiélago, documento que respalda también la explotación de recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.

A través de un comunicado, la Cancillería trasandina acusó al gobierno británico de promover actividades que considera ilegítimas en las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y en los espacios marítimos circundantes. Al mismo tiempo, reafirmó que esos territorios forman parte de Argentina y que se encuentran bajo ocupación británica.

En las últimas semanas se ha ido gestando una escalada vinculada particularmente con el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado en aguas cercanas a las islas por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum.

En ese tenor, el gobierno trasandino sostiene que las licencias otorgadas para esas operaciones son ilegítimas y ha desplegado una estrategia de presión sobre las compañías involucradas.

Las medidas anunciadas por Buenos Aires

Además, la Cancillería argentina aseguró que profundizará las acciones destinadas a impedir que empresas e inversores participen en actividades que consideran contrarias a sus derechos sobre los recursos naturales del área.

Según el gobierno de Milei, hasta ahora se han enviado cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas y empresas ubicadas en 30 países.

En la misma línea, se han iniciado 60 procedimientos administrativos y el canciller Pablo Quirno presentó tres denuncias penales que alcanzan a diez compañías y sus respectivos directivos.

La diplomacia argentina también recordó que había citado a los embajadores de Reino Unido e Israel para entregarles notas de protesta por el avance de Sea Lion.

Desde Buenos Aires argumentan que esas actividades contradicen la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que insta a Argentina y Reino Unido a abstenerse de adoptar modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras permanece pendiente una solución a la disputa de soberanía.

En ese contexto, la Cancillería del país vecino advirtió que la explotación de hidrocarburos podría comprometer recursos no renovables que Argentina considera pertenecientes a su territorio.

“Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del Derecho nacional argentino y Derecho Internacional”, planteó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Qué dice la guía británica

El documento publicado este lunes 15 de septiembre por el gobierno británico, denominado Doing business with the Falkland Islands, está dirigido a compañías y particulares que desarrollen actividades económicas en las islas, suministren bienes o servicios o participen directa o indirectamente en el desarrollo de sus recursos naturales.

Londres plantea que respalda “toda actividad económica legítima” en el archipiélago y que recibe favorablemente el interés del sector privado.

El texto incluye expresamente el desarrollo de hidrocarburos entre las actividades que, según la posición británica, pueden ser impulsadas por los habitantes de las islas.

La administración del primer ministro británico Andy Burnham sostiene además que corresponde al gobierno de las islas regular la actividad económica dentro del territorio y que las decisiones relativas al desarrollo de los recursos naturales corresponden a las autoridades isleñas y a las empresas involucradas.

Sobre el conflicto de soberanía, el documento reafirma que la posición de Londres es que las Malvinas son un Territorio Británico de Ultramar y Reino Unido sostiene su soberanía sobre el archipiélago y las áreas marítimas circundantes.

La guía también establece que la legislación interna argentina no tiene aplicación dentro de las islas ni sobre las compañías o particulares que desarrollen actividades comerciales allí o relacionadas con el archipiélago.

El gobierno británico incluyó además un mecanismo de apoyo para compañías que enfrenten presiones o amenazas legales derivadas de sus actividades vinculadas con las Malvinas.

La guía también remarca que las medidas adoptadas anteriormente por Argentina no han impedido el desarrollo de la economía del archipiélago y cuestiona que tribunales de otros países puedan ejercer jurisdicción sobre esas actividades a partir de la legislación argentina.