Comisión de la Verdad dice que asesinatos y desapariciones forzadas en Colombia son “crímenes de guerra”

Comisión de Verdad arrojó que el Ejército de Colombia es el primer responsable de asesinatos durante el gobierno del expresidente Alvaro Uribe.

“Los principales responsables son el Ejército Nacional. La Comisión constató que se consolidó un entramado de actores estatales y no estatales con diferentes niveles de jerarquía, participación y responsabilidad”, dijo el martes el comisionado, Alejandro Valencia, nombrando a la Armada Nacional y la Justicia Penal Militar, entre otros. Los hechos ocurrieron bajo el mandato del expresidente Álvaro Uribe, entre los años 2002 y 2008.




La Comisión de la Verdad de Colombia ha concluido en su último informe que los asesinatos y desapariciones forzadas entre los años 2002 y 2008, bajo el mandato del expresidente Álvaro Uribe, son “crímenes de guerra y de lesa humanidad” que se cometieron como parte de una amplia política de gobierno.

“Los principales responsables son el Ejército Nacional. La Comisión constató que se consolidó un entramado de actores estatales y no estatales con diferentes niveles de jerarquía, participación, responsabilidad y relaciones entre ellos”, dijo este martes el comisionado, Alejandro Valencia, nombrando a la Armada Nacional, la Justicia Penal Militar o los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), entre otros.

En su último informe, publicado el pasado mes de junio, la Comisión de la Verdad, creada por el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, ha recopilado 1.042 entrevistas a víctimas, así como 178 entrevistas a comparecientes y 402 entrevistas a expertos, testigos y otros actores.

“Las víctimas de estos hechos provinieron de los sectores poblacionales más vulnerables y fueron seleccionadas por habitar ciertos territorios considerados como auxiliadores de la guerrilla, por considerarlas prescindibles para la sociedad o por asumir su condición de integrantes de grupos armados”, explicó.

Asimismo, Valencia recalcó que el modus operandi de estas ejecuciones extrajudiciales supuso “la implementación de una cadena de acciones fraudulentas” en la que llegaron a participar, “de forma consciente”, actores de las fuerzas de seguridad.

“Dentro de estas acciones fraudulentas se puede evidenciar una alta malversación de fondos del Estado, los cuales se destinaron para financiar esta práctica criminal. Un uso inadecuado de dinero proveniente de los gastos reservados”, indicó.

Según los datos proporcionados por la Comisión, existen más de 6.400 víctimas entre los años 2002 y 2008 en Bogotá y Soacha, una cifra que aseguran que podría ser mayor, ya que es preliminar y “puede tener variaciones en el futuro”.

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