Crisis en Perú marca Celac en medio de críticas de Uruguay a “ideologización” de la cumbre

Líderes posan para la foto de grupo durante la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Buenos Aires. Foto: AP

En medio de las protestas que sacuden a Perú, que han dejado más de 50 muertos, el gobierno de Dina Boluarte envió notas de protesta a embajadas de la región por supuesta injerencia en asuntos internos. En tanto, el Presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, en una crítica directa a Venezuela, Cuba y Nicaragua, dijo que en la cita de Buenos Aires había países "que no respetan la democracia".


Con una grave crisis social y política a cuestas, no fue sorpresa que la Presidente de Perú, Diana Boluarte, decidiera enviar en su representación a la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) a la canciller Ana Cecilia Gervasi. Una nueva marcha convocada para el martes, día en que se desarrolló el evento regional en Argentina, hacía poco viable su presencia.

Sin embargo, lo que inició como un problema interno aquel 7 de diciembre, en que el entonces Presidente Pedro Castillo intentó un autogolpe, se ha convertido rápidamente en un dolor de cabeza diplomático para el país vecino y, de paso, para la región.

Numerosas notas de protesta enviadas a distintos países de la región -incluido Bolivia y Colombia, durante los últimos días-, la declaración como persona non grata del embajador mexicano en Perú y la prohibición de ingreso contra el expresidente boliviano Evo Morales son algunos de los hitos que han marcado el difícil momento internacional vivido por la administración que sucedió a Castillo en el poder.

Diplomacia compleja

Brasil, con el ataque a las tres sedes del poder en Brasilia por parte de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, estaría, según el pronóstico de muchos, dentro de las principales discusiones en la cumbre de la Celac. El cambio de mando en la presidencia del bloque, actualmente en manos del mandatario argentino, Alberto Fernández, también estuvo presente con el traspaso de la dirección a Ralph Everard Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas.

La mayor duda, sin embargo, era sobre si se trataría la situación de Perú, país que ya suma más de 50 muertos en el contexto de las manifestaciones que exigen la salida de Dina Boluarte del poder, tras cerca de un mes y medio de asumir la presidencia.

A diferencia de lo ocurrido en Brasil, donde la mayoría de los líderes regionales se cuadraron detrás de Luiz Inácio Lula da Silva, sobre Perú no se había generado un consenso claro, como lo demuestran las variadas confrontaciones diplomáticas del país. Sin embargo, la duda quedó rápidamente en el tintero una vez iniciada la cumbre, donde parte importante de los mandatarios utilizaron sus minutos para referirse a la situación de Perú.

Un peruano protesta contra el gobierno de la Presidenta Dina Boluarte frente al hotel donde los líderes se reúnen para la Cumbre de la Celac en Buenos Aires. Foto: AP

Durante la última semana, dos notas de protesta fueron enviadas con destinatarios distintos. La primera llegó a manos del embajador de Bolivia, Carlos Aparicio, a quien le enviaron una carta expresando una “enérgica protesta” por el intervencionismo que representaban las declaraciones vertidas por el Presidente Luis Arce, decía el documento.

El conflicto habría surgido luego de que el domingo pasado Ernesto Bustamante, congresista de Perú, difundiera un video en el que se escuchaba a Arce diciendo que el pueblo peruano estaba luchando para “recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un gobierno que los represente”.

“El Perú debe dar ultimátum al gobierno de Bolivia, para que detenga el apoyo material y financiero a terroristas en Perú. Cumplido el plazo sin solución, el Ejército del Perú deberá ingresar a Bolivia y ocupar cautelarmente recursos naturales que garanticen una ulterior reparación”, escribió el congresista en Twitter.

La Cancillería boliviana desechó la acusación de injerencia, asegurando que “el Estado Plurinacional de Bolivia respeta el derecho internacional y el principio de no intervención; no aceptamos la insinuación sobre una supuesta injerencia en asuntos internos de la República del Perú, con quien mantenemos una histórica relación entre pueblos hermanos”.

No es el primer cruce entre ambas administraciones. Las constantes declaraciones del expresidente Evo Morales -quien lleva una complicada relación con el actual mandatario boliviano- sobre la situación interna de Perú, con llamados a levantamientos en contra de Boluarte, le valieron la prohibición de ingreso al país vecino.

La segunda misiva de protesta tenía como destinataria la embajada de Colombia, también para demostrar la “enérgica protesta (del gobierno) por el nuevo acto de injerencia” de parte del Presidente Gustavo Petro “en temas de política interna, conducta no consistente con las normas del derecho internacional”, afirmaba la carta.

“Allanar universidades. Gritar ¡Muera la inteligencia! El Consejo Permanente de la OEA debe ser citado para examinar el caso de Perú”, fueron las palabras escritas por Petro en su cuenta de Twitter el sábado pasado, y no es la primera queja diplomática levantada contra el mandatario colombiano.

Francisco Belaunde, especialista peruano en temas internacionales, habló con el diario limeño El Comercio sobre esta compleja situación diplomática, la que aseguró que “se ha complicado, y no sabemos hasta dónde puede llegar el deterioro”.

Para Óscar Vidarte, académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la intención inicial de Boluarte era legitimar constitucionalmente su mandato frente a críticas internacionales, aseguró al mismo medio. La Cancillería, opinó Vidarte, “articuló toda su estructura para demostrarle al mundo que Dina Boluarte es una presidenta constitucional y que Pedro Castillo fue vacado por dar un golpe de Estado. Pero ya en las últimas semanas la situación se complicó y ese primer objetivo pasó a un segundo plano”.

Cuando iniciaba el complejo gobierno de la actual mandataria peruana, México aparecía como uno de los principales soportes del ahora detenido Pedro Castillo. “Consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que les han servido a sus adversarios para consumar su destitución”, escribía el Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

De inmediato, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú convocó al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy Conesa, para informarle de “la extrañeza que han generado en el Perú” las palabras de AMLO, agregando luego que las declaraciones del mandatario mexicano “no resultan consistentes con los acontecimientos”, detalló El Comercio.

Tres días después del fallido autogolpe, Argentina, Bolivia, Colombia y México emitían una carta conjunta respaldando al expresidente Castillo, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva.

Para el 20 de diciembre, el gobierno de Boluarte tomó la drástica decisión de declarar como persona non grata al embajador Monroy, por lo que le dieron un plazo de 72 horas para abandonar el país. Pese a ello, López Obrador instó este martes a la Celac a pronunciarse en favor de la liberación de Castillo. “No debemos de dejar solo al pueblo hermano de Perú. Fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo”, comentó AMLO.

Pero Boluarte, en una conferencia con la prensa internacional este martes, defendió el trabajo “inmaculado” de la policía. También acusó a narcotraficantes, mineros ilegales y contrabandistas de impulsar las protestas. Asimismo, la mandataría pidió una tregua para entablar mesas de diálogo “y, mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar a los pueblos”.

Este miércoles, Boluarte declarará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en una “sesión protocolar” del organismo regional, informaron en un comunicado. Intervención que tendrá lugar luego de que un relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) certificara la presencia de “violencia” en las manifestaciones y protestas ocurridas en Perú.

La Presidenta de Perú, Dina Boluarte, habla mientras se reúne con la prensa extranjera, en Lima. Foto: REUTERS.

Mientras, la tarde del martes se confirmó que pese a la convulsión social presente en el país, el inicio de la segunda legislatura del período anual de sesiones 2022-2023 será el próximo 15 de febrero, pese al pedido de adelantar el retorno a las sesiones del Congreso. Con 15 votos a favor y ocho en contra, según informó el diario La República, se deberá ratificar el adelanto de las elecciones generales en tres semanas más. “Yo me iré cuando los congresistas voten y hayamos convocado elecciones generales”, dijo Boluarte al ser consultada por la prensa internacional al respecto. “Llamo al Congreso para que acelere el adelanto de elecciones”, insistió.

“Ideologización” en la Celac

“Los sectores de ultraderecha se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos, y no podemos permitir que esa derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo la institucionalidad”. Estas palabras del Presidente argentino, Alberto Fernández, fueron el análisis inaugural realizado al comenzar la Celac en Buenos Aires, y no pasaron desapercibidas.

Durante un discurso de cerca de 10 minutos, su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, criticó lo que considera como una posible “ideologización” del órgano regional. “No puede haber aquí un club de amigos ideológicos. En la variedad estará la fuerza de esta organización (…) Mal hacemos en ponerle un tinte ideológico a la Celac. Cuidado con la tentación ideológica en los foros internacionales”, dijo el mandatario.

“Hay países acá que no respetan la democracia, los derechos humanos ni las instituciones. No tengamos una visión hemipléjica según afinidad ideológica”, cerró Lacalle, en lo que el diario Clarín calificó como una crítica directa a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Minutos antes, cuando Fernández hacía su análisis, el mandatario argentino calificaba de golpe de Estado la salida de Evo Morales del poder, ocurrida en 2019.

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, y su homólogo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, durante la VII Cumbre de la Celac. Foto: Reuters

Fernández, quien buscaba alargar por unos meses más su permanencia como presidente de la Celac, finalmente pasó el mando del foro a Ralph Everard Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, quien deberá dirigir la reunión que el propio mandatario argentino había agendado entre la Celac y la Unión Europea, la cual tendrá lugar el 27 de julio próximo en Bruselas, Bélgica, informaron desde la Cancillería argentina.

Según La Política Online, la decisión de entregar la presidencia de Celac a una nación de un poco más de 100 mil habitantes y uno de los países de menor peso político surgió como “un compromiso ante la grave grieta que impera en el bloque por la crisis en Perú”. “Venezuela, Bolivia, Colombia y, sobre todo, México defienden una posición más dura con el gobierno de Dina Boluarte, a quien acusan de haber encabezado un golpe de Estado contra Pedro Castillo, mientras que Brasil y en alguna medida Argentina prefieren sostener la precaria institucionalidad de la nación andina”, aseguró el medio transandino.

El mismo medio aseguró, a través de fuentes diplomáticas reservadas, que concederle la presidencia a San Vicente y las Granadinas le quitará peso político al organismo. Esto, sumado a las reconocidas intenciones de gobernadores nacionales por rearmar Unasur, podría configurarse como un golpe de timón para disminuir el poder de López Obrador, de México, y relanzar el ente regional.

El documento final de la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, al que tuvo acceso el medio argentino El Cronista, cuenta con 100 puntos de consenso y 11 declaraciones especiales. Firmado por los 33 países miembros, destaca entre sus 22 páginas un llamado por comprometerse con la democracia, así como con “el respeto a la integridad territorial y la no intervención en los asuntos internos de los Estados”. “La democracia es una conquista de la región que no admite interrupciones”, reiteran.

También exigen el levantamiento del bloqueo a Cuba, generar un aval en la eventual negociación entre el régimen de Venezuela y la oposición, con el fin de llegar a una transición democrática, y avanzar en “la pelea contra la desinformación y el contenido ilegal en internet”.

En línea con los efectos económicos derivados de la pandemia originada por el Covid-19, destacan la necesidad de levantar la condición fiscal de los países miembros, ya que varios de ellos “emergieron de la pandemia con mayores niveles de deuda pública”, asegura el documento, por lo que hacen un llamado a “instituciones financieras regionales e internacionales, como los Bancos Multilaterales de Desarrollo, (a que) mejoren las facilidades crediticias con los mercados financieros internacionales”.

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