El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue atacado este martes mientras su caravana se desplazaba por la provincia de Cañar, al sur del país, en el contexto de las protestas contra el fin del subsidio al diésel, decretado por su gobierno el mes pasado.

Según la oficina presidencial, el vehículo blindado del mandatario -un SUV negro- sufrió daños por piedras y posibles disparos, aunque Noboa no resultó herido.

El hecho se produjo mientras el mandatario, de 37 años, realizaba actividades oficiales cerca de Cuenca, la tercera ciudad más grande del país. La zona ha sido uno de los principales focos de manifestaciones desde que el gobierno anunció el fin del subsidio al diésel, una medida que costaba al Estado cerca de 1.400 millones de dólares anuales.

Tras el ataque, la Presidencia publicó un mensaje en la red social X asegurando que el Ejecutivo “no se doblegará ante la violencia” y que Noboa continuará recorriendo el país “en cada rincón”.

Además, informó que varias personas fueron detenidas y que serán acusadas de terrorismo y tentativa de homicidio.

El incidente marca la segunda agresión directa contra Noboa desde que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) -una de las principales organizaciones sociales del país- declaró una huelga nacional a fines de septiembre en rechazo al alza del combustible.

Desde el inicio de las protestas, negocios y carreteras han sido bloqueados en diversas provincias, especialmente en Imbabura, donde se han registrado millones de dólares en pérdidas.

Gobiernos anteriores, como los de Lenín Moreno en 2019 y Guillermo Lasso en 2022, también intentaron eliminar los subsidios, desatando fuertes estallidos sociales.

El pasado fin de semana, Noboa amplió el estado de excepción a 10 de las 24 provincias del país, luego de que el presidente de la Conaie amenazara con trasladar las manifestaciones a la capital, Quito.

El fin del subsidio provocó un aumento de más del 50% en el precio del diésel, combustible clave para el transporte y la industria. A cambio, el gobierno anunció un paquete de compensaciones sociales por mil millones de dólares, que incluye el congelamiento de las tarifas de transporte público.

Según cifras oficiales, al menos 110 manifestantes han sido detenidos desde el anuncio de la medida, y una persona murió -presuntamente a manos de soldados- durante los enfrentamientos.

El ministro del Interior, John Reimberg, prometió una investigación independiente para esclarecer el hecho.