Un empresario venezolano que construyó su fortuna vendiendo turbinas eléctricas y extrayendo petróleo se convirtió en el hombre de confianza de la administración de Donald Trump para impulsar acuerdos de “America First” con empresas estadounidenses en Venezuela, según reportaron fuentes anónimas a la agencia Bloomberg.

Desde la captura de Nicolás Maduro a principios de este año, Washington ha estado buscando ampliar su influencia sobre el país sudamericano, que concentra algunas de las mayores reservas de crudo del mundo.

Alejandro Betancourt, quien controla la principal productora independiente de petróleo del país, North American Blue Energy Partners (NABEP), estaría ayudando al gobierno estadounidense a identificar activos energéticos, evaluar cuellos de botella operativos y establecer contactos en la industria petrolera.

Así, el rol del empresario tendría como objetivo desplegar una estrategia que busca captar a pequeñas petroleras independientes que operan en el territorio venezolano, ya que las grandes compañías del sector se han mantenido reticentes a invertir en Venezuela. En los últimos meses, se cerraron acuerdos preliminares con firmas como Lionheart Capital y Pacific Coast Energy Co.

La elección de Betancourt ilustra el esfuerzo de Washington por convencer a compañías estadounidenses de extraer petróleo venezolano e invertir 100 mil millones de dólares en el país, al que Trump ha descrito como el estado número 51. Pasaron más de siete meses desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en Caracas y declaró a Venezuela abierta a los negocios, y los grandes acuerdos petroleros siguen sin concretarse, frenados por las negociaciones con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

La ausencia de licitaciones competitivas mantiene el proceso en la opacidad, lo que le habría dado a Betancourt gran influencia en los círculos petroleros venezolanos, pese a años de investigaciones en Europa, Estados Unidos y Venezuela por acusaciones de corrupción, lavado de dinero y fraude fiscal. El empresario ha negado cualquier irregularidad y nunca fue acusado formalmente de un delito.

El “bolichico”

Leopoldo Alejandro Betancourt López nació en Caracas en 1980. El economista, de 46 años, se convirtió en uno de los rostros más conocidos de los “bolichicos”, como se conoce en Venezuela a los jóvenes empresarios que generaron fortunas mediante contratos públicos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Antes de cumplir los 30 años, Betancourt fundó Derwick Associates, junto a su primo Pedro Trebbau y otros socios. La empresa, sin experiencia previa en el sector energético, obtuvo al menos 11 contratos sin licitación por unos 5.000 millones de dólares para construir plantas termoeléctricas durante la crisis eléctrica decretada por Chávez. Transparencia Venezuela calculó el sobreprecio en 2.900 millones de dólares, y varias de las plantas nunca funcionaron como se prometió, según información del diario El País.

Betancourt luego trasladó su interés al sector petrolero, donde transformó a NABEP, de una pequeña operadora en la segunda mayor productora privada de Venezuela, solo detrás de Chevron Corp. La compañía extrae unos 200.000 barriles diarios de crudo de yacimientos cercanos al lago de Maracaibo y la Faja del Orinoco, mientras otras petroleras extranjeras redujeron su presencia en el país en la última década.

Investigaciones en España y Suiza

El ascenso de Betancourt se dio en medio de procesos judiciales en España y Suiza, anotó el periódico español. En España, el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional estaría investigando al empresario y a otros cinco ciudadanos venezolanos por presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

La causa se originó en una petición de la Fiscalía de Zúrich, de septiembre de 2024, que investigaba la llamada “Operación Bolívar” por presunto lavado de fondos de PDVSA. Los implicados habrían pagado unos 42 millones de dólares en sobornos a tres funcionarios de la petrolera estatal para defraudar 4.850 millones de dólares en operaciones de cambio de divisas canalizadas a través del petróleo.

Pedraz archivó provisionalmente el caso en marzo de este año, al considerar que la justicia venezolana ya había examinado el préstamo entre PDVSA y Administradora Atlantic y concluido que la operación era legal. La Fiscalía Anticorrupción española recurrió esa decisión y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó reabrir el procedimiento meses después.

En Suiza, el empresario enfrentó una orden de extradición desde Reino Unido y la retención de sus pasaportes italiano y venezolano, hasta que en mayo el cantón de Zúrich levantó las restricciones. Una fuente diplomática atribuyó la decisión a la influencia de Estados Unidos.

En Estados Unidos, Bloomberg informó en 2019 que el abogado y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, ayudó a representar a Betancourt en una reunión con el Departamento de Justicia. Sin embargo, las actas de la reunión no mencionan la presencia del venezolano.

Entre la Casa Blanca y Miraflores

Betancourt comenzó en los últimos meses a viajar con frecuencia desde su residencia en Londres a Venezuela, según fuentes con conocimiento de sus movimientos citados por la agencia estadounidense. Se reúne regularmente con la presidenta interina Delcy Rodríguez, respaldada por Estados Unidos, y con su asesor de política exterior, Félix Plasencia.

Un avión privado procedente de Palm Beach lo llevó a Caracas el 27 de junio, junto a su esposa Andreina y un segundo hombre, de acuerdo con registros de vuelo revisados por El País. Hasta ese momento, y desde hacía casi ocho meses, Betancourt permanecía en Reino Unido, donde se desplazaba entre sus dos mansiones inglesas.

El 30 de julio, Betancourt salió de Venezuela hacia un aeropuerto privado de Miami acompañado de Sean Pi y Henry Heeney, cofundadores de Heeney Capital, firma de inversión centrada en minería. En mayo, esa compañía firmó acuerdos de compra anticipada de producción para proyectos mineros y de oro en Venezuela, supuestamente respaldados por la Casa Blanca.

El vínculo de Betancourt con Washington se apoyó durante meses en Mauricio Claver-Carone, asesor extraoficial de Trump sobre Venezuela, cercano al secretario de Estado, Marco Rubio. Claver-Carone reconoció a la agencia Reuters que él y otros funcionarios estadounidenses usaron a Betancourt como intermediario, porque entendía el negocio petrolero en ambos países y podía tender puentes entre ambos gobiernos.

Aunque Claver-Carone, según Reuters, no continuará en sus labores de asesor para el caso Venezuela y los asuntos latinoamericanos, buena parte de las figuras que reunió en torno al país petrolero, incluido Betancourt, siguen activas. Una fuente diplomática explicó que las investigaciones que enfrenta el empresario no son relevantes para Washington. “Es una pieza de Estados Unidos y la usan. Betancourt se ha sabido vender y los americanos son compradores”, dijo, tras reconocer su sorpresa por el retorno del empresario al entorno presidencial en Caracas.

Consultada por la revista Fortune, la Casa Blanca calificó de “extraordinarias” las relaciones bilaterales con Miraflores, sin responder directamente sobre el papel de Betancourt. “Estamos colaborando muy bien con la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes. El petróleo está comenzando a fluir y grandes cantidades de dinero, que no se veían desde hace muchos años, están ayudando enormemente al pueblo venezolano”, declaró en respuesta a una solicitud de comentarios.

El mes pasado, el diario español ABC informó que el Congreso de Estados Unidos abrió una investigación para determinar el destino de más de 13.000 millones de dólares generados por la comercialización de petróleo venezolano bajo la administración de Donald Trump.

Tras cruzar los registros marítimos de Kpler, empresa global de análisis e inteligencia de datos, con las proyecciones de mercado de Argus Media, el diario Financial Times reveló que las exportaciones de crudo venezolano bajo tutela de Washington suman cerca de 13.000 millones de dólares. Sin embargo, el reporte cuestiona la falta de claridad sobre el uso y destino del dinero.

Los legisladores estadounidenses exigen que se identifiquen las cuentas bancarias utilizadas, los comercializadores participantes, las comisiones establecidas para la venta de petróleo y los pagos autorizados. Igualmente, buscan determinar si existen mecanismos para prevenir delitos financieros, actos de corrupción, malversación de fondos y posibles conflictos de interés.