El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la eliminación de toda subvención al diésel, luego de que el Congreso aprobara un crédito por US$1.900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para estabilizar la economía.

“Hemos tomado la decisión de que desde hoy el diésel nos costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera. No podemos comprar caro para vender barato para que unos cuantos se lo roben”, afirmó Paz en un mensaje grabado emitido por televisión nacional.

El mandatario se había comprometido ante el organismo multilateral a terminar con el subsidio a los combustibles y reducir el déficit fiscal para acceder al financiamiento.

Paz sostuvo que los recursos del país “ya no serán usados para esta subvención”, sino que serán destinados a infraestructura pública, entre ella escuelas, hospitales y carreteras.

“Subvención o futuro”, señaló el presidente al referirse a las alternativas planteadas.

Nuevas ayudas y créditos

Paz anunció también que 2,9 millones de personas recibirán un nuevo pago del bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE).

Asimismo, informó que el Gobierno destinará 800 millones de bolivianos, equivalentes a 81,6 millones de dólares, en créditos bajo condiciones preferenciales para transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos y comerciantes minoristas, además de potenciar otras ayudas sociales.

El fin de la subvención al diésel

Tras asumir el poder en noviembre pasado, Paz tuvo que adoptar medidas ante la falta de combustibles y dólares, en medio de una crisis económica que atribuyó a sus antecesores Evo Morales y Luis Arce.

El precio del litro de gasolina y del diésel se duplicó en diciembre de 2025. En el caso del diésel, volvió a subir en agosto en otro 100%, hasta alcanzar los 18 bolivianos, cerca de dos dólares.

El Gobierno había anunciado en enero que abandonaría el sistema de subsidios a los carburantes vigente desde 2005. La eliminación comenzó con el diésel, mientras aún resta una decisión sobre la gasolina.

Paz aseguró que la subvención, principalmente al diésel, le cuesta al Estado unos US$55 millones por semana y sostuvo que incentiva el contrabando debido a que los precios en los países vecinos son superiores.

Varios sectores productivos, campesinos y choferes han rechazado anticipadamente la medida y anunciaron protestas para exigir que se mantenga algún tipo de subvención.